La semilla del egoísmo y el policía que llevamos dentro

Mientras el discurso de “mayor seguridad” se intensifica entre la clase media, aumenta también la cantidad de muertes y represiones con responsabilidad estatal. Esa conexión, obliga a reflexionar qué marcas grabadas dejaron décadas de dictadura y neoliberalismo, hoy dimensionadas en los discursos de medios de comunicación, sectores empresariales, la oposición conservadora y el propio oficialismo en figuras como Sergio Berni y la presidenta, en ocasión de la presentación del proyecto de reforma del Código Procesal Penal.

Lo sucedido con Luciano Arruga debería ser un cimbronazo que apele a tomar en cuenta otros casos que existen y no se conocen. O bien, podría quedar relegado como mero hecho aislado. Algunas obviedades hacen señales para hacerse notar, aunque muy pronto comienzan a quedar tapadas por nuevos discursos que vigorizan la vigilancia como requisito.

No hace falta ser especialista en derecho penal ni un intelectual erudito para reconocer las repeticiones más básicas en las prácticas violentas. Por el contrario, cualquier persona que lea con atención la sección policiales de los diarios de mayor tirada, puede al menos darse cuenta que los hechos de violencia conllevan la corta edad de las víctimas civiles y la situación de vulnerabilidad social. A estos datos, podemos agregarle lo que se dice del hecho: ¿Por qué empezó la persecución policial? ¿Por qué murió la víctima? ¿Cuáles son los argumentos que la policía presenta para justificar su accionar? ¿Cómo se “resuelven” las causas?

La participación de los medios

En muchas ocasiones, la similitud entre las narraciones periodísticas es clara. En primer lugar porque los medios toman como fuente casi inobjetable los informes emitidos por las propias instituciones de seguridad. Cosa que da lugar a que la información se “filtre.”

La hipocresía con la que algunos medios han manifestado un interés por el caso Luciano Arruga, que no apareció durante los seis años de su búsqueda, solo es un detalle del mal tratamiento y desinformación en noticias que tienen como resultado alguna víctima herida o muerta con intervención de fuerzas policiales. Por ejemplo, es frecuente que omitan publicar hechos de tortura o apremios ilegales. Excepto que estén asociados a muertes, lesiones graves y/o desaparición de la víctima, o que la participación de organismos de Derechos Humanos y la movilización popular hagan resaltar el caso.

Otro error periodístico es asumir la culpabilidad de un acusado sin corroborar la información o esperar que existan elementos probatorios suficientes. El ejemplo emblemático es el de Fernando Carrera, víctima del accionar policial en el episodio conocido como la “Masacre de Pompeya”, retratada años más tarde en el documental El Rati Horror Show.

En otras ocasiones, se reproducen versiones de “enfrentamientos” o “tiroteos” entre la policía y civiles, que intentan ocultar casos de gatillo fácil como el asesinato de los jóvenes Brian Ayaviri y Jonathan Mareco el pasado 7 de agosto en la Villa 20.
Sin dejar de lado, las formas de “caratular” judicialmente un caso, como ocurre con el crimen de Héctor «Remo» González el pasado 24 de abril, en el cual, la Policía bonaerense sostiene que hubo “resistencia a la autoridad”. Mientras que, testigos del hecho confirmaron que uno de los policías de la DDI de Morón le dio un balazo en el abdomen, sin que exista un ataque previo de la víctima.

Algunos de estos sucesos fueron desarrollados por Horacio Vertbisky en una nota publicada el 31 de agosto en Página/12. Por su parte, el “Archivo de Casos de Personas Asesinadas por la Fuerzas de Seguridad del Estado” elaborado por CORREPI sobre los últimos 15 años, reveló que el 49,4% de los civiles muertos a causa del accionar policial tenía entre 15 y 25 años.

También se destacan las ejecuciones de personas desarmadas que no constituían amenaza para funcionarios policiales ni de terceros: Ezequiel Demonty en septiembre del 2002, Camila Arjona en abril del 2005, Gastón Duffau en febrero del 2008, Diego Bonefoi en 2010, Lucas Rotella en 2011 y Lautaro Bugatto, joven futbolista del club Banfield, asesinado en 2012 por el entonces policía bonaerense David Benítez, hoy condenado a catorce años de prisión.

Con respecto los allanamientos ilegales (sin orden judicial), en 2012, tras uno realizado en el Barrio Mitre, Alan Tapia fue asesinado por el oficial de la GEOF Rodrigo Valente. El caso llegó a juicio este año y el fiscal Eduardo Marazzi pidió la absolución del policía por considerar que el operativo se realizó en un “barrio peligroso”.

Para indagar como se hace foco en el blanco perfecto para matar, el último informe anual realizado por el CELS, cuenta con un apartado especial sobre la sistematización de prácticas policiales en poblaciones vulnerables: jóvenes de barrios pobres, inmigrantes, refugiados por motivos políticos y/o religiosos, manteros, trabajadoras sexuales, travestis, trans y prostitutas.

El accionar de la policía contra los jóvenes tiene sus propias particularidades. Procedimientos típicos son los fichajes, “verdugueos”, hostigamientos en calle, por ejemplo a cambio de negarse a “trabajar” para la policía. Como también extorsiones, amenazas con antecedentes penales o sospechas de haber cometido un crimen, armado/fraguado de causa; plantado de pruebas con armas o drogas, “entradas y salidas” a dependencias bajo detenciones ilegales, fuera de los procedimientos requeridos, sin motivos suficientes y por más tiempo del permitido.

Un joven detenido en la comisaría de Villa Ilaza de Lanús escuchó esta frase de un policía: “Sabes que pasa, tenemos que juntar 25, cuando los juntemos, los largamos a todos». No son atropellos aislados, son prácticas institucionales sistemáticas, que en sintonía con los medios y los intereses de los sectores económicamente concentrados, “echan luz” al delito de un determinado sector poblacional.

Bajo esta administración de ilegalismos, es categórico que se asocie a los chicos de barrios pobres a una población que amenaza. Los titulares de las noticias, recurren a términos estigmatizantes como “caco”, “malechor”, “pibe chorro”, etc. A eso se suma la apertura sin filtro a los comentarios de lectores que descargan el odio.

En este contexto, pensar inclusivamente “la Seguridad”, implicará correr el eje de debate, que todavía continúa, más centrado en lo policial, que en lo económico. Esta será una ardua tarea en medio de la “cuenta regresiva” para las elecciones 2015, más aún, si tenemos en cuenta la estrategia facilista busca votos por parte de la mayoría de los partidos políticos.

Maricel Cioce – Realizó prácticas de investigación en el CELS sobre violencia institucional contra trabajadoras sexuales y jóvenes de Villa Jardín y Villa Ilaza.