Comenzó el juicio a los trabajadores de ATE Santa Cruz

Este 18 de noviembre comenzó en la provincia de Santa Cruz el juicio a los trabajadores estatales Alberto Arteaga, Ernesto Apendino, Juan José Vera, Diego Reyes y Patricia Benítez, detenidos en octubre de 2013, acusados de provocar el incendio de un edificio público, durante un reclamo salarial.

Los detenidos, integrantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), llegaron a juicio con prisión preventiva, a pesar de que no existían fundamentos para ser encuadrados bajo tal condición.

Desde la CTA-Autónoma de Santa Cruz calificaron al proceso judicial como “vergonzante”, a la par que afirmaron que “la investigación estuvo amañada, parcializada y direccionada pura y exclusivamente a demostrar nada más y nada menos que la responsabilidad de los compañeros, agotando ahí las vías de investigación, sin investigar otras vías ya que la jueza decidió no investigar”.

El inicio del juicio contó con la movilización de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA)- Autónoma, junto al acompañamiento de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, así como la presencia de Nora Cortiñas y Elia Espen de Madres Plaza de Mayo (Línea Fundadora), quienes estuvieron presentes desde la mañana en el Tribunal Oral en lo Criminal de la Primera Circunscripción de Rio Gallegos.

Nora Cortiñas había indicado durante el día lunes en la conferencia de prensa realizada por la CTA: “Donde hay alguna injusticia, allí estaremos las Madres. No vamos a permitir que se siga judicializando trabajadores, quienes son los que están siempre en inferioridad de condiciones. Esto es una injusticia tanto para ellos como para sus familias que ni siquiera el sueldo están percibiendo”.

Durante la mañana, en la apertura de la audiencia, se dieron a conocer las acusaciones contra los trabajadores estatales y declararon Juan José Vera y Diego Reyes. Mientras tanto Reyes como Vera sostuvieron no haber participado de la movilización aquel día, este último también afirmó que al momento de ser detenido, y posteriormente también, fue golpeado por la policía provincial y torturado.

En declaraciones a Radio Sur, Fm 88.3, Hugo Blasco, Secretario de Derechos Humanos de la CTA Autónoma, indicó que con la movilización en el inicio de la audiencia se buscó hacer “entrar en razón a estos jueces para que en algún momento dejen de ser los perros falderos del poder de turno de esa provincia que tiene el triste privilegio de tener la mayor cantidad de procesados por conflictos sociales”.

Blasco aseveró que en la provincia de Santa Cruz la criminalización de la protesta es moneda corriente, y forma parte de la política de Estado. Para el dirigente de la CTA Autónoma no se trata solo del poder ejecutivo sino también del poder judicial, y de la estrecha vinculación entre ambos. “Los jueces cumplen la función que el sistema les asigna que es la de ser garantes de la reproducción del sistema, y por lo tanto de la reproducción de la injusticia”, indicó.

Al ser consultado acerca de que porqué Santa Cruz tiene este nivel de criminalización del conflicto social. Blasco sostuvo que por una parte se trata de la provincia presidencial, mientras que por otro actúa la lejanía, que produce un escaso interés por parte de los medios nacionales para cubrir este tipo de hechos.

Por otra parte este conflicto particular se encuadra en las internas y disputas dentro del propio Frente para la Victoria. “Hay que tener en cuenta que estos compañeros sufren esto a partir de una disputa política dentro del partido de gobierno, donde se tiraron con munición pesada entre el gobernador Peralta y el gobierno nacional. Ahora están más amigos, se alejan, se acercan. Los que la pagan son los trabajadores que están pagando los platos rotos por el enfrentamiento entre dos sectores del oficialismo. En el resto del país también hay una marcada criminalización”, afirmó Blasco.

El secretario de Derechos Humanos de la CTA Autónoma sostuvo por otra parte que “hay un abanico de cuestiones que para estos jueces son un guiño importante, que les permite avanzar si sus patrones o jefes políticos también los bancan”. Entre estas cuestiones se pueden enumerar la sanción de la ley antiterrorista, el proyecto que no termina de conformase sobre regulación de la protesta social y la reforma del Código Procesal Penal.