La policía de Caleta Olivia levantó el acuartelamiento

La semana pasada policías de las ciudades de Caleta Olivia y Río Gallegos, en la Provincia de Santa Cruz, se acuartelaron en reclamo por mejores condiciones salariales. Este jueves, los uniformados de Caleta Olivia decidieron levantar la medida de fuerza para «destrabar el conflicto». En Río Gallegos se mantiene la protesta.

«El personal de esta policía provincial se dirige a la comunidad de nuestra querida Caleta Olivia», comenzaba el comunicado de los acuartelados. El texto explicaba claramente que «se decidió levantar la medida de fuerza adoptada, en un acto de buena voluntad, a los efectos de destrabar el conflicto. Nuestra intención es abrir un canal de diálogo».

Los policías, tanto en Caleta Olivia como en Río Gallegos, reclaman un aumento salarial del 25%. Si bien desde que estalló el conflicto no logró extenderse más allá de esas dos ciudades, tampoco había disminuido.

El viernes pasado el gobierno provincial, encabezado por Daniel Peralta, anunció que llevaría adelante denuncias judiciales por sedición contra los uniformados. La decisión fue tomada luego de una reunión con el jefe de la Policía provincial, Salomón Aleuy, donde acordaron también iniciar sumarios a los agentes acuartelados. Ese mismo día, miembros de Gendarmería y Prefectura comenzaron a patrullar las ciudades afectadas por la huelga policial.

Ante las acusaciones de sedición e intento de desestabilización el oficial Alejandro Ojeda, había declarado que “el conflicto es netamente salarial”.

Por su parte, al conocerse la noticia de la suspensión de la protesta el ministro de Gobierno provincial, Gustavo Martínez, celebró la decisión y anticipó que van a trabajar para «coordinar el normal funcionamiento de la seguridad como responsabilidad del Estado». El funcionario también agradeció a las fuerzas federales que «nos han acompañado».

Martínez agregó: «Vamos a brindar las garantías de defensa a cada uno de los efectivos que hayan vulnerado su responsabilidad», haciendo referencia a que los sumarios abiertos seguirán su curso.

Desde el aspecto judicial, el fiscal del Estado de Santa Cruz, Iván Saldivia, había informado a La Nación que «la Justicia deberá investigar y determinar si se cometió el delito. Lo que buscamos es garantizar la seguridad de los habitantes».