Santa Fe: Familias denuncian intento ilegal de desalojo

Crédito: Mauricio Centurión

El 30 de octubre se sumó un nuevo capítulo al historial que tiene la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) de la ciudad de Santa Fe cuando irrumpió violentamente e intentó desalojar por la fuerza a un grupo de familias que habitan en terrenos nacionales pertenecientes a la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF), ubicados en la intersección de calle Córdoba y Dorrego.

Luego del fallido e irregular intento de trasladar a los vecinos a Coronda, se les ofreció entre presiones y amenazas, ocho mil pesos para abandonar las viviendas. Finalmente les propusieron diez casillas de madera en un ex basural del barrio Cabal, en condiciones insalubres, con baños químicos y sin ningún servicio básico. Se trata de los mismos módulos que utilizó el municipio en el marco de la «emergencia hídrica» de 2013, a la vera de la ruta 168.

El ofrecimiento de Mario Martinez, coordinador de la GSI, y Rodolfo Bravi, coordinador del Distrito Centro del municipio, fue rechazado por los vecinos al considerar que empeora las condiciones de vida en las que se encuentran actualmente, optando por permanecer en el territorio que habitan y construyen desde hace 20 años.

Frente al rechazo de los vecinos, la respuesta del Gobierno de la Ciudad no se hizo esperar: el pasado jueves personal de la GSI, acompañado por policías provinciales y una numerosa cuadrilla de empleados municipales, entraron por la fuerza al galpón donde viven dos familias y empezaron a destruir paredes y chapas con la intención de desmantelarlo. Al margen de toda legalidad, sin contar con ninguna orden judicial que avale cualquier intento de desalojo y en terrenos que pertenecen a la jurisdicción nacional, se vieron forzados a retirarse ante la reacción y la resistencia de las 15 familias que viven en el lugar.

Los vecinos presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación contra la GSI por su accionar prepotente y violento.

Desde su creación en el año 2008, la GSI a sido denunciada por su accionar en los intentos de desalojo en Playa Norte y en el Centro Cultural y Social el Birri, por los hechos de violencia institucional en el Parque Alberdi y con los vecinos de la Vuelta Del Paraguayo en la última crecida del Río Paraná. El común denominador de estos acontecimientos es una política municipal que beneficia actuales y futuros negociados inmobiliarios en la ciudad, vulnerando los derechos de sus habitantes.

Por otro lado, se vislumbran procesos organizativos que resisten y que van construyendo otro modelo de ciudad, más inclusivo, más democrático, donde la tierra esté en función del bien común de los santafesinos y no de un mercado inmobiliario que, en sociedad con el poder político de turno, elevan el valor del suelo y con ello expulsan y marginan a cada vez más sectores sociales.

Mauro Fabbri, desde Santa Fe