Camino a enero: la RUFO, el lobby buitre y la carta a Obama

El juez del Distrito Sur de Nueva York, Thomas Griesa, decidió este lunes otorgarle mayores poderes al mediador que designó en el conflicto por los fondos buitre, el abogado Daniel Pollack, para que incluya en las futuras rondas de negociaciones a los denominados “me too”, es decir aquellos fondos con un fallo a favor en la justicia norteamericana que reclaman una sentencia similar a la obtenida por Paul Singer, evitando llevar adelante todo el proceso judicial.

Con la entrada a las negociaciones de estos otros buitres, a los 1300 millones de dólares que la sentencia Griesa le exige pagar a la Argentina se podrían sumar otros 5000 millones.

A fines de octubre se conoció la noticia de que Kenneth Dart, titular del fondo EM, y uno de los primeros en recurrir a los tribunales del magistrado neoyorquino, había recurrido a la justicia para obtener un dictamen que le permitiera cobrar los 595 millones de dólares en bonos de deuda soberana, aplicando la cláusula pari passu.

Hasta ese momento la orden de Griesa era hacer cumplir primero el fallo favorable que habían obtenido NML Capital y Aurelius, dejando a un lado el reclamo de los me too, llegando a rechazar un reclamo que estos fondos realizaron en junio.

La situación se revirtió esta semana al otorgarle mayor poder de decisión a Pollack, y dando la señal de que ahora si se pretende una salida negociada no ya con el 1% de los fondos buitre sino con el conjunto de estos, el 7%, que rechazó entrar en los canjes de los años 2005 y 2010 para litigar en los tribunales.

Mientras en Estados Unidos Griesa habilita la negociación con el conjunto de los holdouts, en Argentina el Ejecutivo nacional comenzó a dar muestras de querer buscar una salida negociada para el conflicto, tras el vencimiento de la cláusula RUFO a fines de este año.

Así lo sostuvo en su momento el ministro de Economía, Axel Kicillof, cuando afirmó que están dispuestos a encontrar una solución al litigio pero que obligatoriamente la misma debe incluir al conjunto de los buitres y no a un puñado de los mismos. “Estamos dispuestos a dialogar y buscar soluciones, pero no a someternos a extorsiones”, indicó el titular del Palacio de Hacienda.

El día lunes se conoció una entrevista brindada por Kicillof al periódico mexicano La Jornada, donde el ministro afirmó: “A finales de año, cuando desaparezcan los instrumentos que los fondos buitres han utilizado para la extorsión, habrá mejores posibilidades para dialogar con los acreedores que optaron por quedar fuera de la restructuración de la deuda”.

Estas declaraciones fueron luego desmentidas por la cartera de Economía a través de un comunicado, en donde se sostuvo que desde La Jornada se realizó una “lectura malintencionada” de las palaras de Kicillof, por lo cual “se deja especialmente aclarado que no hay ninguna modificación en la postura del gobierno nacional respecto de la situación con los holdouts en relación con el proceso de reestructuración de deuda”.

La desmentida sobre un cambio en la estrategia oficial corrió también por cuenta del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien sostuvo que era “falsa de toda falsedad” la versión que circuló durante la semana pasada en torno a que el gobierno preparaba el terreno para una negociación con los fondos buitre buscando modificar la Ley Cerrojo, el canje abierto y la recientemente sancionada Ley de Pago Soberano.

Cartearse

La presidenta Cristina Fernández le envió a su par norteamericano, Barack Obama, una carta en la cual denuncia que Nancy Soderberg, titular del Public Interest Declassification Board, es a su vez copresidenta de la American Task Force Argentina (ATFA), el grupo financiado por los fondos buitre para llevar adelante el lobby contra Argentina.

Según sostiene la titular del Ejecutivo, Soderberg “ha llevado a cabo una campaña difamatoria e injuriosa de proporciones inauditas contra el pueblo, las autoridades de mi país y mi persona en particular con el propósito de perjudicar a la República Argentina en beneficio de un puñado de fondos buitre” y agrega: “Esperemos que todo esto sea una confusión y se trate simple y felizmente de un caso de homónimos”.

Con el envío de esta carta, Argentina profundiza su estrategia de enfrentamiento con los distintos poderes de Estados Unidos, al acusarlos de complicidad con el accionar de los fondos buitre. Como sostiene Leandro Morgenfeld en su columna en Tiempo Argentino: “La carta desnuda la distancia entre la retórica de la administración Obama, que hablaba de limitar los desbordes de los grandes especuladores, y una realidad que muestra cómo los lobbies de esos grupos tienen alta penetración en todos los estamentos del poder en Washington”.

La vinculación entre los grupos de lobby como la ATFA y la clase política norteamericana no alcanza solo a la propia Nancy Soderberg. Robert Shapiro, otro de los integrantes del grupo financiado por Singer, fue vicesecretario de Comercio durante la administración de Bill Clinton, luego asesor de Al Gore y John Kerry, para finalmente recaer en el Fondo Monetario Internacional. Robert Raben, también parte de la ATFA, se vinculó al igual que Shapiro a los demócratas de la mana de Clinton, fue asesor en el Congreso, y después asistente del fiscal general en el Departamento de Justicia.

Desde los vínculos políticos de la Argentina con Irán o la organización islámica Hezbollah hasta las solicitadas publicitadas en medios como Clarín y La Nación y las reuniones con periodistas de estos medios, la ATFA realiza una fuerte tarea de presión para obligar al país a aceptar las condiciones que los fondos buitre quieren imponer para cerrar el litigio por los bonos caídos en default. Los sólidos vínculos con el poder político norteamericano en todos sus ámbitos (jurídico, legislativo y ejecutivo) terminan siendo condición fundamental para esta tarea.

Leandro Navarro – @navarro_lean