El Belgrano Cargas quiere desalojar a 21 familias en Rosario

Nuevamente la falta de políticas de tierra y vivienda por parte del Estado está cobrando víctimas. En el barrio San Francisquito, sur oeste de la ciudad de Rosario, el Belgrano Cargas quiere desalojar a 21 familias, entre los que se encuentran más de 30 niños, niñas, jóvenes y ancianos.

Mientras se construyeron complejos de viviendas de lujo sobre el Río Paraná destinadas a sectores de altos ingresos, en San Francisquito el Poder Judicial, a instancia de Belgrano Cargas, ordenó el 23 de septiembre de este año un nuevo desalojo contra una comunidad.

En el 2007 un grupo de personas decidieron comprar unos terrenos en una parte del barrio San Francisquito, al lado de la vía entre Cafferata y San Nicolás, a unos metros del Mercado de Productores de Rosario.

Al principio fueron unas 15 familias. Con el tiempo y el esfuerzo, lo que era un gran basural se convirtió en un espacio habitable. En 2009, las familias recibieron una orden de desalojo. Esto fue el puntapié para organizarse ante el engaño por parte de los antiguos propietarios y el abandono por parte del Estado, que tuvo el desalojo como única respuesta.

De esta forma comenzaron con asambleas en el barrio acompañados por diversas organizaciones. Esto permitió que las familias puedan permanecer en el terreno y dejaran de llegar las intimaciones de desalojo. Con el tiempo y la certeza de que la vivienda no es un lujo, sino que es un derecho que se ejerce, fueron mejorando las condiciones del barrio. Pasó el tiempo y ni el Estado Municipal, Provincial, ni Nacional plantearon soluciones concretas a las necesidades de viviendas de estas personas.

La situación de estas familias no es excepcional. En Rosario, según el censo del 2010, de 357.057 casas y departamentos censados, 67.079 están desocupados, estimándose que 36 mil viviendas están siendo utilizadas para la especulación.

Después de un tiempo, y ya con 21 familias instaladas con más de 30 niños y niñas, nuevamente llegaron las órdenes de desalojo. Esta decisión del juez Alberto Bonino fue establecida para el 23 de septiembre pasado. Nuevamente los vecinos junto a organizaciones sociales, políticas y sindicales lograron resistir el desalojo.

“Lo único que deseamos es que se haga justicia y vivir dignamente”, sostuvo Claudio, uno de los vecinos afectados.

Por su parte, Salvador Ignacio Vera, uno de los abogados de las familias, afirmó: “Es una necesidad importante convocar a los distintos actores sociales, políticos, territoriales a que puedan estar acompañando a este grupo de vecinos». Para el letrado «la forma en que se decida y resuelva la salida de este conflicto va a marcar la forma de resolución de los conflictos que ya están abiertos a lo largo del ramal y de los que se van a abrir porque hay un plan para esto aunque la información no apareció oficializada».

Según explicó, existe un plan de reactivación del ramal de cargas y se habrían firmado convenios con la República Popular China. «El gobierno chino aportará a través de un crédito unas 200 unidades ferroviarias para reactivar este ramal y poder sacar por ahí buena parte de la producción de cereales. La forma en que Argentina pagará este convenio y reactivación al gobierno chino es a través de los granos”, agregó.

En la audiencia del jueves 30 de octubre, debían presentarse autoridades municipales, provinciales y nacionales con capacidad de decisión para poder solucionar este conflicto. Sin embargo, esto no sucedió.

«La ultima audiencia se frustró debido a que no vino ningún funcionario provincial de los ministerios convocados, solo estuvo el subsecretario de Derechos Humanos pero sin ninguna instrucción», comentó Vera. También narró que de la esfera municipal estuvo presente la asesora letrada de dicho nivel estatal pero sin llevar ninguna propuesta concreta.

De los organismos convocados de Nación -Secretaría de Transporte, Ministerio del Interior y Desarrollo Social- sólo se presentó este último, pero sin aportar ninguna solución. Por la empresa Belgrano Cargas estuvieron presentes sus abogados, el doctor Messulan y el abogado que gerencia económicamente al grupo. «En definitiva, no hubo ninguna propuesta concreta”, concluyó el abogado de las familias.

La próxima audiencia será el 19 de noviembre, donde el objetivo es que estén autoridades con capacidad de decisión para poder llegar a una solución real.

Vera afirmó que “no hay condiciones sociales, políticas ni legales para poder llevar a cabo el desalojo. Los vecinos desde un lugar digno y de lucha por su derecho a la vivienda van a resistir”. Agregó, además, que “el objetivo estratégico para lograr la vivienda digna por parte de los vecinos, tiene que ver con la organización y la convocatoria a más vecinos en estas condiciones y a más organizaciones, no solo las que trabajan la cuestión de vivienda en concreto, sino organizaciones sociales, territoriales y políticas que puedan estar acompañando esto que tiene que ver con condiciones estructurales de vida”.

Federico Fernández, desde Rosario.