Franco Casco: Un final que refleja la realidad

Apareció muerto el pibe de veinte años que había estado desaparecido por más de tres semanas. Los familiares y su defensa, junto a las organizaciones que acompañan, responsabilizan a la policía por un nuevo caso de violencia institucional y desaparición forzada de persona.

Cronología de una muerte naturalizada

Franco llegó a Rosario a principios de octubre, proveniente de la localidad de Florencia Varela en la provincia de Buenos Aires. Se instaló en la casa de una tía en el barrio de Empalme Graneros. Llegaba de visita, pronto debía volver a Buenos Aires donde lo esperaba su hijo y su trabajo como ayudante de albañil junto a su padre. El día 6 de octubre debió haber tomado el tren de regreso para llegar a la estación de Retiro por la madrugada del día siguiente, donde lo esperaba su madre.

Franco no volvió y fue entonces que su familia comenzó a moverse. Primero su tía en Rosario, luego su padre Ramón, que llegó desde Buenos Aires para recorrer varias dependencias policiales. Dejaron la denuncia en la Comisaría 20, y luego en un casual paso por la Comisaría 7, les confirmaron que su hijo había estado detenido en dicha seccional. En ese momento, los agentes le dijeron a Ramón que Franco había sido liberado, por falta de antecedentes y por orden del fiscal Álvaro Campos, a las 22.30 del martes 7 de octubre. A los pocos días, cuando todavía no se sabía nada del pibe, llegó su madre Elsa Godoy para intentar acelerar la búsqueda.

En la 7, el comisario Diego Álvarez le recomendó a Elsa que buscara a su hijo en morgues, hospitales y otros lugares de la ciudad. “Me mandaban a lugares que yo no conocía mientras que ellos tenían que haberlo buscado”, razonaba la señora por entonces. También le prohibieron ver el cuaderno de acta donde debían estar los datos del detenido y la firma previa a su liberación.

En una de las tantas maniobras que dejaron ver las irregularidades en el caso, uno de los agentes que la atendió se llevó dicho cuaderno a otro espacio de la seccional, para varios minutos después volver y ahí sí relatarle a Elsa los datos de su hijo, sin mostrarle nada del acta. Luego, en las afueras de la dependencia, llamó la atención que todas las fotos con la cara de Franco, que habían sido pegadas en la zona, ya no estaban.

El caso llegó a la Fiscalía recién el 14 de octubre, y fue tomado por el fiscal Guillermo Apanowicz, quien en un primer momento delegó la mayor responsabilidad a su secretario de Gestión Penal, Leandro Trangoni, y al área de Asuntos Internos.

Franco Casco, identificado como Franco Godoy según el relato policial, había sido detenido por resistencia a la autoridad. Los policías le dijeron a Elsa en un primer encuentro que Franco estaba drogado y borracho, y que lo detuvieron “por desacato y por agredir a la autoridad”. “Yo no creo en la policía”, dijo Elsa a los pocos días. Para entonces ya intervenía también la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, desde donde llamaron la atención por la actitud de la Comisaría 20 que no había notificado la primera denuncia por búsqueda de paradero que habían realizado los familiares de Franco.

Los días transcurrieron y cuando el caso comenzó a tener trascendencia en los grandes medios de comunicación, la Justicia comenzó a actuar de otra manera, que de todas formas seguía sin convencer a los allegados de Franco. En una visita a la Fiscalía Regional, mano a mano con Apanowicz y Trangoni, Elsa pudo ver por primera vez la supuesta firma de su hijo y la foto de legajo tomada en la Comisaría.

Y aquí nuevas irregularidades: según Elsa la firma no era la de Franco, y en la foto se lo veía terriblemente golpeado. Sin embargo, Apanowicz siguió insistiendo en que no había modo de probar irregularidades en el accionar policial. También se vio complicado el registro de las cámaras de seguridad de la seccional y de la zona, ya que todas poseen un sistema de autoborrado a pocos días.

Lo que continua es la intervención del defensor general de Santa Fe, Gabriel Ganón, quien se constituyó como defensor de Franco y su familia. Ganón cuestionó la manera de actuar de la policía. “Presentamos habeas corpus en toda la provincia para evitar este tipo de detención por averiguación de identidad. Sin embargo la policía continúa utilizando este poder arbitrario”, explicó a los medios de comunicación días atrás.

El 30 de octubre, luego de un encuentro entre Gabriel Ganón y la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), se presentó una denuncia y un habeas corpus ante el juez Federal Carlos Vera Barros. Se hablaba de desaparición forzada y la presión ya se hacía insostenible, junto a la movilización que familiares de Franco y las organizaciones que la acompañan realizaron en la puerta de la Comisaría 7.

Ese mismo día, por la mañana, el secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad, Ignacio Del Vecchio aseguró que tres testigos habían visto a Franco el último domingo mendigando en una iglesia evangélica de la zona. Por la tarde, sin embargo, en una audiencia judicial presidida por el juez Hernán Postma, el jefe de la Prefectura admitió el hallazgo de un cadáver que en el brazo derecho tenía un tatuaje que decía Thiago, el nombre del pequeño hijo de tres años de Franco Casco. Los análisis del Instituto Médico Legal determinaron que el cuerpo, por su estado, llevaba alrededor de tres semanas en el río.

El 31 de octubre amaneció con la noticia de que el cadáver encontrado pertenecía a Franco. El tatuaje fue el primer indicio, y el reconocimiento de sus padres fue la confirmación. Mientras los medios de comunicación más consumidos de la ciudad hablaban de que todavía no se podría determinar si se trataba de homicidio o suicidio, el entorno de Franco se convencía cada vez más de que al pibe lo mató la policía.

Martín Stoianovich, desde Rosario