El 49% de YPF: una Sociedad Anónima hecha por buitres

Este miércoles se aprobará en la Cámara de Diputados, si nada raro le ocurre al Frente Para la Victoria, la reforma de la Ley 17.319 de Hidrocarburos, que ya cuenta con media sanción en el Senado. Este nuevo marco legal encuentra a la empresa YPF, la más grande del país, con el 51% de sus acciones estatizadas (expropiadas con indemnización), porcentaje del cual un 26% pertenece al Estado Nacional y el otro 25% a las provincias productoras de hidrocarburos. Pero el restante 49% está en manos de un variado número de inversionistas, empresarios archiconocidos en el mundo y, también, fondos buitre.

El 3 de mayo de 2012 la Cámara de Diputados aprobó la ley 26.741 de estatización del 51% de las acciones de la petrolera -bajo un largo proceso de privatización desde los inicios del menemismo- impulsado por el gobierno nacional. El 25% que pertenece a las provincias de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) está repartido en base a los niveles de producción que mantiene YPF en cada provincia. En el momento de la expropiación, esos niveles indicaban que Neuquén aportaba el 41,8%, Santa Cruz el 20,9%, Mendoza el 20,6%, Chubut el 8,4%, Río Negro el 3,2%, Tierra del Fuego el 2,5%, Salta el 2%, La Pampa el 0,5% y Formosa el 0,2%.

Por el otro lado, hay un 49% que corresponde al sector privado. Y aquí es donde menos se pone la lupa. Si bien es verdad que la mayoría de las acciones, y por lo tanto sus definiciones y orientación, está en manos del Estado argentino, la empresa YPF, que en otras épocas supo concentrar casi el 100% de la producción total de hidrocarburos del país y hoy sólo alcanza al 30%, continua siendo una “Sociedad Anónima”. Esta figura, que se contrapone a la de “Sociedad del Estado”, viene del largo proceso de privatización y se mantuvo en la estatización parcial del gobierno de Cristina Fernández en 2012.

Ese 49% de YPF que está en manos privadas se compone de manera realmente llamativa. Los poseedores de esas acciones son fondos especulativos (incluyendo a los conocidos como “buitre”) que pertenecen a empresarios multimillonarios y que juegan a obtener ganancias en Wall Street y en todo el mundo con las compra y venta accionaria. Este complejo sector económico está en constante movimiento, pero es interesante detenernos en la foto actual.

El primer inversor privado de YPF es el grupo Imbursa, de Carlos Slim, el empresario más rico del mundo, que tiene el 4,8% de YPF. Le sigue el fondo especulativo de inversión Lazard Asset Managment LTD con el 4,38%. En tercer lugar aparece el fondo Mason Capital Managment LLC con un 4% del capital de YPF.

El cuarto lugar, con 3,5%, es para Soros Fund Management LLC, de Gorge Soros, un conocido financista a nivel mundial y uno de los hombres más ricos del planeta. Soros, que creció en base a estafas y maniobras especulativas en varios países, se acaba de reunir en Nueva York con la presidenta. Si bien mucho no se conoció respecto de esa reunión, los temas que reunieron a ambos fueron el juicio que está sufriendo Argentina con el fondo Elliott Associates de Paul Singerm y el futuro de YPF, con la promesa de Vaca Muerta incluida.

En quinto lugar aparece Perry Capital o Perry Corp. -fundado por Richard Perry, un viejo gurú de Wall Street-, con 1,86%. Mientras que el sexto lugar, con el 1,59%, lo ocupa Third Point del inversor Daniel Loeb. Luego aparecen los fondos Fidelity Managment & Reserch con 1,47% de las acciones y Morgan Stanley con 1,45%.

Pero hay un fondo especulativo de los llamados “buitre” que también actúa en empresas argentinas y no es el de Paul Singer. Se trata del fondo Black Rock, vinculado recientemente con la imprenta Donnelley por una denuncia gubernamenteal que casi llegó a aplicarle la ley antiterrorista.

El argumento del gobierno fue que Black Rock le compró este año algunas acciones de Donnelley a MNL de Paul Singer. Ese vínculo entre buitres fue anunciado con bombo y platillos por el gobierno el último 14 de agosto. En cadena nacional, Cristina Fernández dijo que la denuncia es “por alteración al orden económico y financiero” y “crear temor en la población”. Es decir, el gobierno denunció a Black Rock por ser un fondo buitre y tener acciones de Donnelley, pero el detalle es que este fondo tiene dos millones de acciones (unos 750 millones de pesos) invertidos en la empresa YPF. La denuncia a Black Rock por parte del gobierno nacional hasta ahora quedo congelada.

Otros fondos buitre que tienen acciones en YPF (así sean menores al 1%) son Hartford Capital, Fidelity Diversified y Delaware Group Global & International Funds. Según la compañía estadounidense de servicios financieros Bloomerg LP habría alrededor de 50 fondos similares que tienen presencia minoritaria en YPF.

Entonces, el 49% de YPF está en manos de estos fondos especulativos que encuentran muy atractivo invertir en la histórica empresa petrolera nacional gracias a su carácter de “Sociedad Anónima” y a que Argentina les garantiza un marco regulatorio favorable. Mucho más con la ley de hidrocarburos que Diputados aprobará esta semana.

Por todo ello, quizá sea más justa la consigna oficialista “Patria o Singer”, ya que la original “Patria o Buitres” le queda un poco grande.

Roberto Bellato – @rbellato8