Cristina envió la propuesta de nuevo Código Procesal Penal al Congreso

En la tarde de este martes, a través de un mensaje por Cadena Nacional, la presidenta Cristina Kirchner informó al país acerca del envío al Parlamento de una propuesta de nuevo Código Procesal Penal o Código de Procedimientos Penales “ágil, rápido y moderno”, a lo que se había “comprometido” cuando se promulgó el nuevo Código Civil y Comercial unificado.

La presidenta explicó que el Código Procesal Penal apunta a un universo mucho más restringido que el Civil y Comercial (que, en como código de fondo, “rige y alcanza la vida de los 40 millones de argentinos”), porque en tanto código “de forma” afecta solamente al procedimiento penal, es decir, a los detenidos y a las víctimas de los delitos cometidos.

Cristina Kirchner sostuvo que la propuesta de modificación responde no sólo al pedido de “jueces y camaristas de todo el país” o de “toda la academia y todos los juristas” sino también a un reclamo “de la sociedad” que busca “asegurar una administración de justicia penal mucho más segura, que contemple la reparación de las víctimas y también la participación de las víctimas como contralor en el proceso”.

El Código Procesal Penal vigente en la actualidad fue sancionado en 1991 y es conocido como Código Levene. Se trata de un “código mixto”, entre inquisitorio y acusatorio (en el primer sistema el proceso penal lo dirige el juez, en el segundo investiga el fiscal) en el que el juez puede delegar en el fiscal la investigación o encabezarla él mismo. Irónicamente, Cristina agregó que también puede optar por “cajonearla” y que es por eso que “la gente tiene esa concreta y evidente sensación de que no hay una Justicia que la proteja”.

La propuesta enviada este martes al Parlamento instituye el sistema acusatorio, que le delega al fiscal toda la investigación pero sin quitarle atribuciones al juez. Según la presidenta, éste sistema “no es ninguna novedad” sino el que se aplica en todo el continente americano. También destacó que se incorpora “una gran novedad” porque “también introducimos en el Código a las víctimas, no como meros querellantes como en la actualidad, sino que van a poder participar en el proceso junto al fiscal y al juez exigiendo y proponiendo medidas e inclusive proponiendo la dirección del proceso cuando el juez y el fiscal no lo hagan”.

En su alocución la mandataria enumeró algunos principios generales del Código propuesto, entre los que destacan el hecho de que “todas las decisiones serán orales, en audiencia pública y con decisión en el mismo momento” (lo que contrasta con el actual sistema escrito “pesado y lento”), “la investigación o instrucción, que hoy lleva entre tres o cuatro años, se realizará como máximo en un año”, “el juicio oral deberá realizarse entre 5 y 30 días del momento de terminada la investigación” y “las apelaciones a las sentencias se deberán resolver en 5 días desde el momento en que se interponen”.

Asimismo, negó de plano que el nuevo sistema apunte a las prescripciones de causas en el plazo de un año señalando: “la causa no prescribe y si el juez o los fiscales no cumplen con los plazos más cortos van a tener sanciones graves. Uno de los problemas que hoy tenemos es que cuando no pasa nada en un juicio, tampoco le pasa nada al fiscal o al juez”. Y agregó: “Tres sanciones graves, de acuerdo a la legislación vigente, son causal de jury para un juez y, cuando se modifique la Ley de Ministerio Público Fiscal también serán causal de jury para un fiscal”. Al respecto, concluyó que el nuevo Código prevé “penas no sólo para los que delinquen sino también para los que no actúan en tiempo y forma según sus responsabilidades, como jueces o fiscales”.

En un tramo de su discurso se refirió a algunos de los tópicos preferidos por el discurso mediático y político de la inseguridad: la “puerta giratoria” y la deportación a extranjeros. En cuanto a la “famosa” idea de que los detenidos a disposición de la Justicia “entran por una puerta y salen por otra” afirmó que el nuevo código va a establecer un régimen de prisión preventiva que tenga en cuenta “la naturaleza y circunstancia del hecho, la conmoción social que haya generado y la reincidencia del autor” porque “es un clamor de la sociedad que la reincidencia se tomado como una causal para determinar la prisión preventiva”.

Acerca de la expulsión de extranjeros reconoció que la propuesta “seguramente va a generar alguna controversia”, pero aclaró que sólo se aplicaría “en aquellos casos en que extranjeros que tengan algún tipo de irregularidad en su presencia en el país y sean sorprendidos infraganti en la comisión de un delito”. En este punto, reproduciendo dichos recientes del secretario de Seguridad Sergio Berni sostuvo que, si bien nuestro país tiene una política migratoria abierta y generosa como la de pocos países del mundo, la reforma que contempla la deportación “es una protección que merecemos los argentinos porque se ha venido observando un fenómeno creciente de extranjeros que ingresan al país con intención de delinquir”.

La presidenta también informó que se le propone al Congreso la constitución de una comisión bicarmeral para que, luego de la aprobación del nuevo Código, monitoree su inmediata implementación.

Luego sostuvo que la rápida implementación de la propuesta “va a significar un avance fundamental en el combate contra el delito” y agregó: “Fíjense que no hablo de la inseguridad, un tema que tiene mucho marketing, porque lo que yo siempre digo es que tenemos que mejorar los instrumentos del combate contra el delito”. Y concluyó: “Quien asegure que a partir del tal fórmula, procedimiento o gobierno se va a terminar con el delito está mintiendo y el que lo crea es un tonto”.

Finalmente apeló a los parlamentarios de todos los partidos, pidiéndoles responsabilidad institucional para “saldar esta deuda de la democracia”: “Quiero que este código no sea el de una gestión o de un gobierno. A partir de lo que propone el Gobierno debemos actuar con serenidad y con responsabilidad para darle a la sociedad este instrumento, independientemente del partido en el que estemos”. Y concluyó reafirmando la necesidad de generar “armas de la Constitución, no armas de disparar” porque “el que cree que solamente con las armas de disparar se soluciona el delito está totalmente equivocado”.