Géneros

17 octubre, 2014

Ex dirigente de Ammar procesada por liderar red de trata

La ex titular de la Asociación de Meretrices (AMMAR Capital), Claudia Brizuela, está acusada de ser “partícipe necesaria“ de una red de trata y explotación sexual. La banda amenazaba con quemar con ácido a las mujeres que no obedecían. Hay otras 18 personas imputadas.

“Somos una cooperativa y estamos sindicalizadas» decían ellas mostrando su carnet cuando allanaban los prostíbulos en lo que estaban. Pero en realidad eran obligadas a hacer turnos de hasta 36 horas seguidas y amenazadas con ser quemadas si no atendían a todos los hombres que se les imponía. La mentira era parte del negocio y era ensayada, periódicamente, como una obra de teatro.

Eso es lo que se desprende del expediente que dejó firme el procesamiento de Claudia Brizuela, exdirigente de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), acusada de comandar y formar parte de una red dedicada a la trata y la explotación sexual en la ciudad de Buenos Aires. También quedaron comprometidas otras 18 personas, entre ellas el jefe de la comisaría de San Miguel.

La Sala ll de la Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento al considerar a Brizuela “partícipe necesaria“ de una red de trata que ofrecía una pantalla de legalidad a través de la afiliación de sus víctimas a AMMAR Capital. Brizuela había sido desplazada de la titularidad de la organización –según esta entidad– en agosto de 2012, y legalmente en marzo de 2013, cuando se conoció la investigación judicial. Sin embargo, en un comunicado oficial, la misma especifica que su desvinculación fue previa y se debió a que “no compartía los principios establecidos» en el estatuto.

La organización acusada regenteaba dos burdeles en Buenos Aires y otros siete en la localidad bonaerense de San Miguel, de donde rescataron el año pasado a 31 mujeres. En los primeros, según la resolución de la Cámara, obligaban a las mujeres a hacer turnos de 12, 24 y 36 horas seguidas, llegando a realizar hasta 18 «pases» por día. Las amenazaban con quemarlas con ácido si no obedecían y les hacían practicar simulacros de allanamientos para que dijeran que eran cuentapropistas y pertenecían a cooperativas de trabajo.

Un informe de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, citado por el fallo, expone testimonios de las víctimas y explica que las mismas «manifestaron encontrarse sindicalizadas, protegidas, asesoradas por un sindicato; algunas de ellas exhibieron un carnet de AMMAR. Las mujeres que refirieron ser socias de tal organización no habrían concurrido por propia voluntad o iniciativa, sino que en algunos casos la afiliación habría sido requisito expreso de sus mismos explotadores al momento de ingresar al prostíbulo».

De lo que pagaban los clientes, les descontaban entre el 30 y el 70 por ciento, aparte de lo que debían gastar en los salarios de los tarjeteros y personal de limpieza, suma que oscilaba entre los 25 y 50 pesos diarios. Además, les cobraban cien pesos por mes la afiliación, cuando la cuota sindical era de cinco pesos.

Lo que confirmó las sospechas fue una serie de escuchas telefónicas, que establecen el compromiso de Brizuela “en orden al delito de trata de personas, agravado por haberse aprovechado de la situación de vulnerabilidad de las víctimas –una de ellas embarazada y obligada a abortar–, porque fueron más de tres y se consumó la explotación con la participación de más de tres personas imputadas».

La causa, que llevó adelante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo de Ariel Lijo, quien luego se declaró incompetente y pasó el expediente a la Justicia Federal provincial, procesa a otras 18 personas, entre ellas el jefe de la comisaría de San Miguel y otros dos policías acusados de avisar sobre los allanamientos y cobrar coimas.

Lijo había acusado a Brizuela de gestionar la tramitación de documentos a mujeres extranjeras sometidas en los burdeles de San Miguel y de utilizar la sindicalización como una pantalla para disimular el tráfico de mujeres en el ejercicio de la prostitución independiente. También había expresado que la afiliación al sindicato que lideraba Brizuela “deja en evidencia la intención de sus integrantes de darle un contexto permitido a la actividad delictiva que llevan a cabo y demuestra el nivel de sometimiento psicológico que se ejerció sobre las víctimas, a punto tal que ellas creían que AMMAR las protegía, cuando en verdad sucedía todo lo contrario».

En esa línea, la resolución del tribunal especificó que Brizuela “tenía estrecha vinculación con miembros de la organización criminal y, a primera vista, participaba en la obtención de réditos económicos obtenidos a partir de los aportes que se obtenían de las víctimas».

El procesamiento se había dictado el 6 de diciembre, sin prisión preventiva. En la causa, apoyada en las escuchas, se establece que Brizuela tenía una relación cotidiana con una mujer llamada Gladys Fernández, quien para la justicia era la propietaria de siete de los burdeles de San Miguel. Fernández y su marido, Marcelo René González, también están procesados en la causa.

 

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