16 octubre, 2014
Comienza el juicio por la toma del Indoamericano
Comienza el juicio oral y público por la toma del parque Indoamericano en el que los militantes Diosnel Perez Ojeda y Luciano Nardulli están acusados de instigar y organizar a los vecinos para tomar el predio.

A casi cuatro años de la toma y desalojo del parque indoamericano, que dejó como saldo tres muertos y centenares de heridos, comienza este miércoles el juicio oral en el que serán juzgados Diosnel Perez Ojeda y Luciano “el tano” Nardulli, militantes del Frente Popular Dario Santillan (FPDS) y de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) respectivamente, bajo la caratula de instigación de delito de usurpación del espacio público.
Llevalo Puesto de FM La Tribu, entrevistó a Diosnel Perez Ojeda, quien explicó como espera el juicio.
“No voy a mentir, estoy un poco preocupado. Porque es medio complicado el tema de que fui sobreseído dos veces y después el gobierno de la ciudad, hablando directamente con Luis Cevasco, nos está llevando a juicio oral ¿Qué quiere la justicia?”, relató el referente.
La Cámara Penal, Contravencional y de Faltas porteña revocó el sobreseimiento de los militantes dado por la jueza Maria Gabriela Lopez en diciembre del año pasado a pedido de los fiscales Claudia Barcia y Luis Cevasco.
La Sala I de la Cámara, con la firma de los jueces Marcelo Vázquez, Juan Sáez Capel y Elizabeth Marum consideró que la “atipicidad del caso” indicada por la jueza en el sobreseimiento “no era manifiesta”, por lo que debía discutirse en juicio oral.
La toma de predio se dio el 6 de diciembre del año 2010 en el barrio de Villa Soldati cuando 1.500 familias ocuparon el predio como consecuencia de la falta de vivienda. El desalojo fue efectuado en un operativo conjunto entre la Policía Federal y la Policía Metropolitana.
Hubo 46 procesados de las fuerzas de seguridad que luego fueron sobreseídos por falta de mérito.
Diosnel Perez comentó que en un principio los acusados eran seis, pero que fruto de distintos arreglos solo quedaron él y Nardulli como imputados.
“Éramos seis los que teníamos la causa del indoamericano, el tema es que los otros cuatro son punteros políticos de ambos gobiernos (PRO y Kirchnerismo). “Pitu” Salvatierra, Monica Ruejas, Marcelo Chancalay y Berta Revilla fueron sobreseídos porque firmaron un acuerdo que tenía algunas cosas que nosotros no estábamos de acuerdo, le puso una condición el gobierno y nosotros no lo aceptamos eso. En el momento nos dijeron que firmásemos o que aguantásemos las consecuencias”, indicó Perez Ojeda.
Antonio Chancalay, delegado de la Villa 20, y Berta Revilla, del barrio Los Piletones, fueron sobreseídos por falta de pruebas. Alejandro «Pitu» Salvatierra, delegado de Villa Soldati y Noemí Ruejas, del barrio Los Piletones, llegaron a un acuerdo mediante una mediación penal y acordaron realizar tareas comunitarias.
El acuerdo incluía la condición de nunca más participar en una ocupación “violenta” como la del Parque Indoamericano. Ante esto, tanto Perez Ojeda como Nardulli afirmaron que “la violencia vino de las fuerzas represivas”.
“Nosotros les dijimos que los que estaban ocupando fueron los muertos, ellos no eran los violentos. Las violentas fueron las fuerzas represivas. Ellos trajeron barrabravas y mataron a tres compañeros. Y yo no me quedo con que solamente hubo tres muertos, eso es lo oficial, pero hubo chicos heridos que después nunca más se supo que paso”, denunció Perez Ojeda.
El referente afirmó que no hay ninguna prueba contra él o Nardulli y afirmó que el juicio oral es persecución política hacia los militantes sociales.
“Yo siento indignación porque fueron sobreseídos por falta de mérito los 46 policías que fueron los que asesinaron a nuestros compañeros. Ellos no tienen ninguna prueba contra nosotros. Es una persecución política para criminalizar la protesta social y lo que quiero dejar claro es que no es que hacen llegar a juicio oral a Diosnel y Nardulli, esto es una persecución política a todas las organizaciones sociales, quieren sentar un precedente”, comentó el militante.
A su vez, denunció la falta de políticas hacia el problema de la vivienda en la Ciudad.
“El gobierno de la ciudad no tiene ni la menor idea de como manejar las villas, porque nosotros desde 2005 que tenemos la ley 1770, que se tenían que urbanizar las villas y hasta el día de hoy no pusieron ni un solo ladrillo”, afirmó Perez Ojeda.
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