San Isidro: Donde hay una necesidad, hay un negocio

Crédito: Juan del Pino

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, impulsa una ordenanza para erradicar a más de 60 familias de Beccar con la intención de realizar en sus terrenos un proyecto inmobiliario. A través de mentiras y desinformación buscan estigmatizar a los vecinos y presionarlos para abandonar las casi tres manzanas que habitan.

“Erradicación del asentamiento de Iberlucea y Padre Acevedo”, se titula una carta firmada por el gobierno de San Isidro, fechada el 1 de agosto del 2013 y repartida en Beccar previo a las elecciones del año pasado. Desde entonces, el possismo ha impulsado una campaña para estigmatizar a las casi 70 familias que viven sobre la calle Padre Acevedo entre Iberlucea y Uspallata, una zona rodeada de barrios privados que han hecho trepar por las nubes el valor de la tierra.

El intendente impulsa un proyecto de ordenanza para darle 350 mil pesos a cada familia con la condición de que se muden a otro municipio, para que el gobierno sanisidrense pueda comprar las tierras y vendérselas a una desarrolladora inmobiliaria. “En el caso de los barrios de emergencia, las condiciones habitacionales y ambientales promueven marginalidad y enormes conflictos de índole social que generan exclusión, potenciando problemas de salud, empleo, seguridad y educación, entre otros, afectando a la sociedad en su conjunto”, afirma la carta municipal, en un claro intento de estigmatización a las familias que pretenden expulsar.

El possismo no sólo busca asociar las villas y los asentamientos a problemas de delito, empleo, salud y hasta educación para “la sociedad en su conjunto”, convirtiéndo a las víctimas en victimarios, sino que además precariza y abandona barrios populares para poder tildarlos de villa y, siguiendo con el mismo prejuicio, intentar erradicarlos para comprar y vender las tierras donde se han criado decenas de familias. Esta realidad que se puede constatar en Beccar se repite también en Boulogne y el Bajo de San Isidro.

En la cuadra que va desde Iberlucea hasta Los Patos viven unas 30 familias, entre ellas los Salas, que habitan el lugar desde 1958 cuando Don Gregorio Francoli llegó junto a su familia para trabajar en los hornos de Beccar donde se cocían ladrillos. Su hija Francisca, que cuando llegó tenía 13 años, todavía vive allí. Hoy es vecina de sus siete hijos, 11 nietos y seis bisnietos, además su compañero (de apellido Salas) tiene otros dos hijos que viven en el barrio.

“Somos una familia de trabajadores”, asegura a Notas Fernando Salas, maestro panadero de 39 años que vive en la cuadra junto a su mujer y sus hijos. Fernando cuenta que son ellos quienes se hacen cargo de cuidar los terrenos baldíos, de cortar el pasto y fumigarlos para impedir que el barrio se precarice aún más y se generen focos de infección. “Hemos reclamado luz y agua durante años, pero se nos negó”, agrega Lidia Beatriz, hermana y vecina de Fernando, mientras muestra las boletas de AySA que han venido pagando aún cuando las mismas no reconocen su titularidad.

En los últimos días Gustavo Posse ha recorrido radios y canales de televisión con el objetivo de instalar la idea de que en esas cuadras hay una villa, pero lo cierto es que en esta zona de Beccar no hay ni una villa ni un asentamiento. La principal precariedad de estas manzanas radica en la falta de servicios públicos: la red de gas, el pavimento, la recolección de residuos, la poda y las cloacas llegan justo hasta las esquinas, y hace unos meses algunos empleados municipales retiraron las bombitas de la luminaria pública ubicada sobre Acevedo entre Los Patos y Uspallata, dejando una de las cuadras a oscuras. Más allá de eso, las casas levantadas por las familias que viven allí hace 20, 30, 40 y hasta 50 años, son en su inmensa mayoría de materiales y, aquellas que precisan mejoras edilicias, cuentan con el espacio necesario para llevarlas a cabo.

En la cuadra que va desde Los Patos a Uspallata la situación estructural es la misma, aunque los vecinos están organizados de otra manera. Allí viven 38 familias, como cuenta Elena, la delegada de la manzana, quien afirma que en 1997 las familias de esa cuadra lograron una ley provincial que les otorgaba la propiedad de la tierra, pero por tecnicismos la misma fue declarada inconstitucional por la corte provincial hace unos pocos años.

Lo cierto es que la precariedad de las posesiones de las tierras es más una regla que una excepción en la zona, una regla de la que no se salvan ni siquiera los barrios cerrados, fábricas y emprendimientos privados que rodean a estas manzanas en las cuales el municipio quiere cambiar humildes por ricos.

“Les dijimos que les íbamos a pagar los caños pero aún así no nos han querido hacer las cloacas, también pedimos medidores”, asegura Elena, repitiendo la misma historia que en la otra cuadra, dejando en evidencia que la precariedad de la zona es responsabilidad exclusiva del gobierno municipal, que en vez de trabajar para garantizar los derechos de las familias que habitan San Isidro, intenta expulsarlas para promover el negocio inmobiliario, el cual cada vez tiene más peso en la política local y regional.

Juan del Pino