Juicio a los genocidas: ejemplar sentencia en la causa Feced II

Crédito: Fernando Der Meguerditchian de Cooperativa de Comunicación La Brújula

El viernes fue en Rosario un claro día de justicia. El Tribunal Oral Federal Nº2 condenó a nueve de los diez procesados en la causa Feced II, por delitos cometidos durante la última dictadura cívico militar. Desde la Fiscalía y la querella elogiaron la sentencia, que calificó al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional como “el segundo genocidio argentino” y dispuso la detención inmediata de los ex policías, ante una posible fuga.

Sobre el aristocrático bulevar Oroño, en las puertas de los tribunales federales de Rosario, sobrevivientes y familiares de víctimas de la dictadura militar iniciada en 1976, acompañados de militantes de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y políticas, festejaron una nueva condena por delitos de lesa humanidad cometidos en la región.

El tribunal integrado por los jueces Noemí Marta Berros, María Ivón Vella y Roberto Manuel López Arango dictó nueve condenas y una absolución. Dispuso la prisión perpetua a Carlos Ulpiano Altamirano, además de 22 años de prisión para Lucio César Nast, Julio Fermoselle, Ernesto Vallejo y Eduardo Dugour; 20 para Ramón Telmo Alcides Ibarra; 18 para Ovidio Olazagoitía; 12 para José Rubén Lo Fiego y 8 para Ricardo José Torres. Pedro Travagliante fue absuelto.

Salvo Lo Fiego, quien ya había recibido una condena a prisión perpetua en la causa Diaz Bessone, el resto de los acusados fue enjuiciado y castigado por primera vez.

La causa Feced II tiene ese nombre por Agustín Feced, comandante de Gendarmería Nacional e interventor de la policía de Santa Fe durante la dictadura, fallecido en 1986. La llamada “patota de Feced” actuó en el Servicio de Inteligencia (SI) de la Jefatura de Policía, que funcionaba en Santa Fe y Dorrego, en el macrocentro rosarino.

Según la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) entre 2 mil y 3 mil personas pasaron por ese centro clandestino de detención, que funcionó desde marzo de 1976 hasta su desmantelamiento, entre fines de 1978 y principios de 1979. En ese edificio se encuentra hoy la sede rosarina del gobierno provincial.

Fallo positivo

El fiscal de la causa, Gonzalo Stara, consideró que el fallo es “altamente positivo”: “Las penas son las que habíamos solicitado desde la Fiscalía. Cuando están en juego los derechos humanos y delitos tan aberrantes, las penas tienen que ser acordes a esos hechos, por eso siempre solicitamos los máximos posibles”.

El representante del Ministerio Público destacó tres elementos de la condena: “Se dieron por probados algunos hechos que no habían sido juzgados en la Feced I, que los autores de esos hechos eran los imputados que estaban siendo juzgados, y la detención inmediata a partir de la sentencia”.

Además, a diferencia de otros juicios, en este caso no se graduaron las penas en función de la jerarquía que tenían los acusados en la fuerza: “En los alegatos hicimos mucho hincapié en que todos hacían todo. Quienes decían que eran meros guardias -y eso ya es grave, porque se trataba de centros clandestinos de detención con condiciones infrahumanas- además cumplían otras funciones: actuaban en los secuestros, los interrogatorios, los traslados”.

Desde la querella también elogiaron el fallo. “Tiene un enmarque político que es excelente. Si lo hubiera escrito un compañero, no le hubiera salido mejor”, afirmó Liliana Gómez, ex militante de la Juventud Universitaria Peronista. Gómez fue secuestrada el 9 de julio de 1976 y estuvo detenida en el SI. Luego fue trasladada a la Alcaidía de Mujeres de la policía santafesina y después al penal de Villa Devoto, donde fue liberada el 24 de diciembre de 1978.

A los argumentos señalados por el fiscal Stara, Gómez aseguró que los “llenó de satisfacción que se enmarquen estos hechos en el ‘segundo genocidio argentino’ aparte del cometido contra los pueblos originarios”. También consideró interesante que amplíe el período “hasta 1975, reconociendo el último período de Isabelita y López Rega”, y que para ordenar la detención inmediata de los nueve condenados el tribunal afirmó que “formaron parte de una asociación ilícita que no se ha desmantelado del todo” y que existe peligro de que los prófugos los ayuden a evadir la condena.

Lo que viene: Complicidad de la iglesia y empresarios

La Feced II es el sexto juicio tramitado en los tribunales federales rosarinos por delitos de lesa humanidad.

Para el fiscal Stara el balance de estos años de procesos por memoria, verdad y justicia tiene luces y sombras: “Siempre la sensación es que es poco, porque tienen treinta años de ventaja. Pero en cada audiencia, en cada sentencia, junto a los familiares y sobrevivientes nos parece que estamos en el buen camino, y que es un gran paso adelante lo que hemos hecho”.

Gómez, ex secretaria general adjunta de la COAD, el sindicato de la docencia universitaria, vinculó las declaraciones de cada uno de los testigos y querellantes con un objetivo colectivo: “La satisfacción no es que se condenó al tipo que te torturó a vos, sino que tu declaración sirvió para condenar al tipo que formó parte de la patota y asesinó a muchos compañeros”.

Como sucede en otros puntos del país con este tipo de expedientes, la elevación a juicio es compleja. Los tiempos procesales y las maniobras dilatorias de los defensores de los acusados juegan para que las causas se fragmenten y se juzguen por partes. Cada proceso dura entre uno y dos años.

“A veces nosotros nos enfrentamos a la disyuntiva de esperar o de ir a juicio con lo que tenemos. Cuando es un número representativo, tratamos de ir a juicio”, afirmó el funcionario judicial.

Para el año que viene se prevé el comienzo de la causa Feced III, en la que se juzgarán los homicidios y a la patota en su conjunto. También vendrá una tercera parte de la causa Guerrieri, sobre hechos cometidos en La Calamita, uno de los cinco centros clandestinos del circuito represivo del Batallón de Inteligencia 121 de Rosario, ubicado en Granadero Baigorria.

Pero además están en etapa de instrucción distintas causas sobre la complicidad de la Iglesia, el poder judicial y el empresariado. Una de ellas es sobre la Biblioteca Vigil, una experiencia de educación popular intervenida en 1977 y saqueada por la dictadura. Otra es sobre los crímenes cometidos en Villa Constitución desde marzo de 1975, un año antes del golpe, con la represión a los trabajadores metalúrgicos.

“Es importante porque los compañeros que se presentan como querellantes fueron detenidos dentro de Acindar. Estuvieron detenidos en un centro clandestino que funcionaba dentro de la empresa, en el albergue de solteros”, sostuvo Gómez. Entre 1968 y 1976 el presidente de Acindar fue José Alfredo Martínez de Hoz, el primer ministro de economía de la dictadura y uno de los principales ideólogos del plan neoliberal del proceso.

Mariano D’Arrigo, desde Rosario – @mdarrigo