Ley de medios: entre la judicialización y la falta de decisión política

Por Alejandra Soifer. Se cumplen 5 años de la sanción de la Ley 26.522 conocida como Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En ese marco, el AFSCA resolvió no aceptar el plan de adecuación voluntaria de Clarín, el contrincante más destacado de la ley, y definió actuar de oficio sobre el Grupo empresario.

El balance realizado en los primeros cuatro años de la sanción de la ley estuvo signado por la disputa judicial en torno a la aplicación de la misma por los recursos de amparo presentados por el multimedio liderado por Ernestina Herrera de Noble. Sin embargo, desde la plena constitucionalidad de la ley determinada por fallo de la Corte Suprema de Justicia el 29 de octubre de 2013, poco se ha avanzado en la adecuación del resto de los grupos mediáticos y mucho menos aún en el otorgamiento del 33% del espectro a los medios sin fines de lucro.

La decisión oficial de avanzar sobre Clarín nos hace pensar que nuevamente se pondrán en escena una serie de litigios legales que obstruirán el total cumplimiento de la llamada “ley de medios” y que servirán al gobierno para tener nuevamente un chivo expiatorio por la incapacidad que tuvo en estos años de incentivar la regularización del mapa de medios en su totalidad.

Claro está que democratizar el sistema de medios en Argentina no es una tarea fácil: implica una reconfiguración total de la concepción sobre el negocio mediático; implica pensar en medios que no den ganancias exorbitantes y eso a ningún empresario le es agradable, sea este afín a la línea oficial o no. Y también es notorio que la disputa con Clarín ha sido el caballito de batalla predilecto del oficialismo para construir su hegemonía política: volver al ruedo en este conflicto le permite reposicionarse dando un paso al frente en la escena política desde la iniciativa, y no desde el lugar defensivo en el que se venía posicionando desde el conflicto en torno a los fondos buitres.

El intento de Clarín, por su parte, es completamente acorde a su forma de ver la comunicación: el negocio de medios no funciona si no es a gran escala, sostienen sus voceros. Y si bien transitoriamente la ley puede suponer un revés económico, los empresarios están pensando el negocio en el largo plazo y ven factible reconstruirse como multimedio en unos años. De allí que la segunda maniobra denunciada por Sabbatella (el condicionamiento a los nuevos dueños de los medios que fueran parte del grupo de no poder revender el medio entre 6 a 8 años, excepto que sea al grupo Clarín) tiene que ver con esta mirada a largo plazo. Que claramente incumple con lo propuesto por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Pero también es verdad que el gobierno queda en una posición muy incómoda cuando se habla de otros grupos mediáticos -notable en el rostro de Sabbatella cada vez que se le pregunta por el tema-. El Ejecutivo queda “desnudo” de argumentos legales cuando se le pregunta por qué a casi dos años de presentado el plan de adecuación de Telefé o del grupo Prisa estos no han sido tratados. Y es que no es una cuestión de legalidad: es una decisión política.

Si bien esto no hace menos válida la sanción a Clarín por su intento de “burlar” la ley, sí debilita sus argumentos y pone en riesgo la credibilidad de una legislación que en su letra se muestra realmente transformadora, pero que en su concreción no ha mostrado su eficacia en términos de democratización.

Quizás sea una cuestión de tiempo, sostienen voces oficialistas, que confían en que a la ley le falta instalación social para transformar la concepción en torno a la comunicación. Y quizás el saber que Clarín antepondrá recursos legales sea una forma “no convencional” del AFSCA para ganar tiempo mientras fortalece el sector sin fines de lucro a través del otorgamiento de fondos (con los planes FOMECA tanto para la producción como para la regularización en la gestión de medios comunitarios) o incluso a través del avance del Sistema Federal de Medición de Audiencias (SIFEMA, que busca competir a IBOPE para regularizar la distribución de pauta publicitaria) que será inaugurado por la presidenta este viernes.

Es una realidad que un conflicto al que se enfrentan constantemente los medios sin fines de lucro que iniciaron los procesos de regularización es cómo sustentarse económicamente (algo que ni la ley ni las políticas oficiales de subsidios resuelven) y que la creación de mediciones de audiencias alternativas puede hacer que se redistribuya la pauta privada y la oficial. Dado que el año que viene son las elecciones presidenciales y la continuidad del oficialismo se ve fuertemente cuestionada, estas puede ser buenas medidas para intentar dar vuelta el tablero.

Pero también puede significar trasladar este problema a sus sucesores y que se resuelva del peor modo para la democratización de medios, condenando a los sin fines de lucro o bien a la marginalidad o a la ilegalidad en el peor de los casos por no mostrarse como un negocio sustentable. Así el gobierno, irresponsablemente, estaría clausurando una posibilidad histórica que está en manos de la decisión política de avanzar en el plan técnico para medir las frecuencias y distribuir el espectro, otorgando amparo legal al sector más desprotegido del sistema de medios. Sin embargo, ese no parece ser el camino elegido por el oficialismo.

@soifereta