Un ex juez tucumano va a juicio por delitos de lesa humanidad

El próximo 29 de octubre comenzará un juicio por el asesinato de cinco militantes montoneros. Allí el ex magistrado Manlio Torcuato Martínez deberá responder en calidad de partícipe secundario de varios delitos. Es la primera vez que un juez tucumano va al banquillo por crímenes de lesa humanidad.

Martínez era titular del Juzgado Federal 1 de Tucumán durante el «Operativo Independencia» (1975) donde las Fuerzas Armadas fueron autorizadas por el gobierno de Isabel Martínez de Perón a combatir a la guerrilla en esa provincia. En ese contexto se lo acusa de haber «cajoneado» más de 300 habeas corpus.

«Las denuncias de torturas y violaciones por personas secuestradas ‘legalizadas’ eran pasadas por alto por el ex juez, que aceptaba como prueba incriminatoria confesiones arrancadas bajo tortura», sostuvieron desde la fiscalía a la hora de pedir la elevación a juicio contra el ex magistrado. «Pese a la gran cantidad de denuncias que tenía en su despacho, nunca inició investigación alguna para buscar a sus responsables», agregaron.

Sin embargo, ese no será el principal motivo por el cual se lo acuse en el juicio que comenzará a fin de mes. Martínez estará en el banquillo de los acusados debido a varias omisiones en la investigación de un allanamiento ilegal en el que fueron asesinadas cinco personas durante esos años.

Los fiscales Leopoldo Peralta Palma y Pablo Camuña lo señalaron como “partícipe secundario” de este hecho conocido como la masacre «Romero-Nikilson» que ocurrió el 20 de mayo de 1976.

En esa ocasión los militantes montoneros María Alejandra Nikilson, Fernando Saavedra, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz fueron ejecutados en una casa de la capital tucumana. Según la Fiscalía, a través del incumplimiento de sus deberes como funcionario público, Martínez avaló los asesinatos y la privación ilegítima de la libertad de Miguel Romano, el propietario de la vivienda.

Romano fue secuestrado y torturado con el aval de Martínez que le dictó tres meses de detención sin motivo aparente. Esto es considerado por la querella como un potencial encubrimiento y complicidad con los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad.

El ex juez de Tucumán había sido detenido ya en abril de este año. El juez Daniel Bejas ordenó la detención, haciendo lugar a un pedido del fiscal Carlos Brito, quien consideró que la investigación estaba concluida y que «las actuaciones judiciales llevadas adelante en la causa patentizaron la función del ex juez dentro del esquema de terrorismo de Estado imperante para esa fecha».

En ese entonces Brito recordó que otras dos personas resultaron condenadas recientemente a prisión perpetua en un proceso judicial llevado adelante 35 años después de los hechos con casi la misma base probatoria.