Sentencia en el «juicio de los obreros»

Crédito: Facundo Nívolo

El martes pasado se dio a conocer la sentencia del llamado «juicio de los obreros» en el marco de la megacausa de Campo de Mayo. Seis represores fueron condenados y otros tres absueltos. La querella anunció que apelará así como buscará que se avance en la investigación de la complicidad civil.

Fue el Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín el que llevó a cabo el juicio y dio a conocer el martes la sentencia. En el llamado «juicio de los obreros» se juzgaron los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1977 contra alrededor de 30 trabajadores navales y ceramistas de la zona norte del Conurbano Bonaerense. Muchos de ellos delegados de base.

El ex general Santiago Omar Riveros fue el único condenado a prisión perpetua. Por su parte el presidente de facto entre 1982 y 1983, Reynaldo Benito Bignone, recibió una pena de 23 años de prisión.

También fueron condenados a 17 años de prisión el coronel Luis Sadi Pepa, a 16 años el general de división Eugenio Guañabens Perelló y a nueve años Juan Demetrio Luna y Juan Carlos Gerardi. Quedaron absueltos Roberto Rossin, Alejandro Puertas y Héctor Maldonado, imputados en el caso de los obreros navales Martín Mastinú, desaparecido y Mario Marras, asesinado.

Las querellas habían solicitado 25 años de prisión para Bignone, Sadi Pepa y Gerardi, y 18 años para Perelló. A su vez se mostraron en descontento por las absoluciones y anunciaron que apelarán.

Los jueces Héctor Sagretti, Marta Milloc y Diego Barroetaveña consideraron en la sentencia los delitos de privación ilegal de libertad, homicidio, tormentos, allanamiento ilegal y robo, en todos los casos agravados. Además fueron interpretados como delitos de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles.

El próximo 5 de noviembre se conocerán los fundamentos de la decisión del tribunal.

«El juicio de los obreros» y la complicidad empresaria

Este es el undécimo proceso en el marco de la megacausa de Campo de Mayo. El mismo comenzó el 8 de julio pasado y durante su desarrollo quedó expuesta la complicidad empresaria en el secuestro y desaparición de las víctimas, vinculadas a las firmas navales Astilleros Astarsa y Mestrina y las fábricas de cerámica Lozadur y Cattáneo.

Sin embargo los jueces no abordaron el tema en su fallo y tampoco definieron profundizar la investigación sobre los empresarios. «No se mencionó el tema de los civiles. Estamos disconformes con eso. Los jueces solo dijeron que se extraigan fotocopias (de las pruebas) y que se remitan al juzgado de instrucción para que las querellas insten la investigación», explicó Pablo Llonto, uno de los abogados querellantes.

El abogado y periodista agregó: «Nosotros solicitamos una exhortación mayor, que el tribunal dijese que había evidencia de pruebas sobre la responsabilidad empresarial y que pidiese al juzgado que investigue ese delito».

Por su parte el abogado Ciro Annicchiarico, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación también se refirió al tema en diálogo con la Agencia Télam. «Este juicio puso de manera clarísima en evidencia la complicidad civil empresaria, que no solo instigó sino que tuvo una intervención esencial en la individualización y delación, mediante confección de listas, de los propios trabajadores que resultarían víctimas», relató.

Además explicó que «directivos de Astarsa, Mestrina, Lozadur y Cattaneo fueron denunciados con nombre y apellido por las víctimas sobrevivientes y por los familiares que peregrinaron, en la mayoría de los casos infructuosamente, por dar con el paradero de sus seres queridos, cuyo ‘delito’ consistió en reclamar mejoras salariales y laborales».