Mundo Gremial

7 octubre, 2014

Trabajadores de Kraft a juicio oral por cortar la Panamericana

La Corte Suprema de justicia pasó a esa instancia judicial a siete trabajadores de la multinacional alimenticia. La causa nació en el año 2009, cuando los obreros se movilizaron para protestar contra el despido de más de 150 compañeros.

La Corte Suprema de justicia pasó a esa instancia judicial a siete trabajadores de la multinacional alimenticia. La causa nació en el año 2009, cuando los obreros se movilizaron para protestar contra el despido de más de 150 compañeros.

Nicolás Tauber Sanz, abogado de los ex delegados de Kraft (ex Terrabusi) Ramón Hermenegildo Bogado, Jorge Penayo y María Teresa Rosario, basó su defensa alegando que las pruebas se fundaban en filmaciones realizadas por fuerzas de seguridad, en un contexto de conflictividad gremial.

El recurso de la defensa fue rechazada en febrero por la Cámara Federal de Casación Penal y derivó a que los imputados recurran a la Corte Suprema. Con la confirmación del veredicto por parte de máximo tribunal, el juicio oral es inminente.

El abogado de la defensa cuestionó la validez de las pruebas incriminatorias, entre ellas filmaciones tomadas por Gendarmería Nacional, a las que calificó de “ilegales”. Sin embargo los camaristas Ana María Figueroa, Luis María Cabral y Juan Carlos Gemignani explicaron que no corresponde «hacer excepción a este principio invocando la doctrina de la arbitrariedad pues la sentencia recurrida en autos constituye una derivación razonada del derecho vigente».

Con la firma de los los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda, la Corte Suprema avaló la decisión de los camaristas al desestimar el pedido de los trabajadores por razones técnicas y formales.

Para el abogado defensor, el fallo está “basado en un error respecto de los hechos y la documentación existente” Además, remarcó que los hechos por los cuales son acusados los trabajadores se dieron en el marco de una huelga por despidos.

De esta forma, el letrado concluyó que “de hecho termina avalando la violación de la Constitución Nacional, a través de permitir que siete trabajadores sean llevados a juicio oral en virtud de ejercer su derecho a huelga, peticionar a las autoridades, de expresión y en ejercicio de sus obligaciones como delegados elegidos por sus compañeros en base a prueba obtenida a través de tareas de inteligencia ilegal”.

Historia de una lucha

La causa por la cual los imputados pueden terminar cumpliendo su sentencia en prisión comenzó cuando en julio de 2009 la multinacional estadounidense despidió a 162 trabajadores. La respuesta de los empleados consistió en parar la producción, tomar el establecimiento y cortar la ruta.

De esa forma, los trabajadores protagonizaron una huelga inesperada para todos los sectores. Nadie creía que este grupo de obreros sin apoyo de su sindicato lograrían continuar con su medida de fuerza ante la presión de una patronal de estrechos vínculos con la embajada de Estados Unidos.

Ante tal situación, el Gobierno Nacional limitó su marco de acción a la provincia. El gobierno de Scioli fracasó en la conformación de una mesa de diálogo entre empleados y empleadores, siendo la militarización de la fábrica por parte de la policía provincial su principal iniciativa.

En tanto, los trabajadores despedidos lograron el vital apoyo de sus compañeros que continuaban en actividad. Además lograron visibilizar el conflicto (en lo que los cortes de calles tuvieron mucho que ver), recibiendo el apoyo de sindicatos, centros de estudiantes, organizaciones de derechos humanos, partidos de izquierda y del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

Pocos años después, la confrontación sindical no decayó. Con un panorama turbulento en la industria automotriz, la Avenida Panamericana sigue siendo escenario de protestas, cortes y represiones.

En tiempos de desaceleración económica el hilo se sigue cortando por lo más delgado. La fuerza de trabajo se ve en una situación en la que, a través de despidos o suspensiones, son recortados sus derechos. Ante la protesta, y más allá de la conciliación obligatoria que puede dictar el Ministerio de Trabajo, el accionar de la Gendarmería no se hace esperar.

En el caso de los trabajadores de Kraft se suma la persecución judicial, lo cual sienta un peligroso antecedente ante futuras situaciones similares.

 

Santiago Lecuna – @santirayado

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