Plan buitre, campaña mediática y desestabilización

La presidenta anunció en Casa de Gobierno, la creación de una Secretaría de Hábitat, a cargo de Rubén Pascolini, y le dedicó posteriormente unas palabras al litigio con los fondos buitre. Los planes de desestabilización, las maniobras de pinzas y el rol de las entidades bancarias.

La presidenta Cristina Fernández anunció este martes durante un acto en Casa de Gobierno la creación de la Secretaría de Hábitat, que estará a cargo de Rubén Pascolini. El objetivo de la misma es la “promoción y diseño de planes de urbanización de barrios informales”, así como “lograr que los barrios informales, muchos de ellos denominados villas, sean incorporados a la trama urbana y sean incorporados jurídicamente al acceso de la propiedad de la tierra”.

Pascolini, quien ya se desempeñó como presidente de la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social, tendrá a su disposición un presupuesto de 2118 millones de pesos, destinados a la urbanización de 100 asentamientos, de los cuales 42 se encuentran en la provincia de Buenos Aires.

En relación a las tareas que desempeñará en la Secretaría de Hábitat, Pascolini sostuvo que “no hay nada más colectivo que la construcción del territorio y la apropiación de ese territorio. La democratización de ese territorio se lleva adelante en la medida en que todos los habitantes participen, a veces con distintas posibilidades, porque si el agua se contamina afecta a un pobre pero también afecta a un rico”.

Tras este anuncio, el acto continuó con otras novedades referidas a obras para el Riachuelo. “Nunca nadie hizo las obras ni se ocupó del Riachuelo y de toda la cuenca como lo ha hecho este gobierno con una inversión multimillonaria”, afirmó la titular del Ejecutivo nacional.

Por otra parte también se firmó una nueva refinanciación de las deudas de 17 provincias, y la entrega de los 4 primeros certificados de créditos del Fondo para el Desarrollo Económico Argentino (Fondear), destinados a financiar emprendimientos productivos.

Durante su entrega estuvo presente el ministro de Economía, Axel Kicillof. Desde la cartera que conduce se comunicó que “ya existen otras 46 solicitudes de financiamiento para proyectos que se encuentran en la etapa de evaluación, con distinto grado de avance, y que suman un total de $2.589 millones en inversiones productivas”.

Mirando al norte

Luego estos anuncios, Cristina Fernández dedicó la última parte de su discurso a los fondos buitre y al desacato anunciado durante la jornada del lunes por el juez Thomas Griesa.

Fernández comenzó señalando que “el desacato sale justo el día anterior al segundo pago, qué justo. La primera sentencia salió justo antes del pago anterior. Quieren tirar abajo la reestructuración”, para agregar luego: “No soy ingenua, todo esto no es casual, no es una declaración de un juez senil de Nueva York”. La máxima mandataria apuntó contra Griesa y lo acusó de desconocer la propia legislación norteamericana.

En otro tramo de su discurso la presidenta sostuvo que “mi meta es realmente que nos respeten como país, seamos peronistas, radicales, comunistas, musulmanes, respeto a la soberanía nacional, al país, a su Poder Ejecutivo, al Congreso de la Nación, donde las leyes se aprueban por mayoría y minoría”.

Cristina Fernández denunció que existe una “maniobra de pinzas” para desestabilizar al gobierno y forzar una nueva devaluación, la cual correría a cargo de los grupos exportadores, el sector agropecuario y el sector financiero. Para cada uno de ellos hubo palabras.

“Cuando te sentás arriba de la cosecha o escondés los autos, lo que quieren es forzar una devaluación para licuar los convenios colectivos de trabajo con aumentos del 30 por ciento”, apuntó la presidenta, haciendo referencia a la decisión de los productores agrarios de retener la cosecha en los silo-bolsas, así como hacia las automotrices. También cuestionó que el sector no decidiera vender gran parte de su cosecha especulando con el valor internacional del commoditie, que se desplomó en el último tiempo, ubicándose en torno a los 330 dólares y registrando el precio más bajo desde febrero de 2010.

En relación con los sectores financieros, la presidenta sostuvo que en las denominadas operaciones de contado con liqui, una operatorita que consiste en la compra de títulos en dólares que son liquidados en el extranjero, tres bancos (Patagonia, Macro y Mariva), “explican el 66% de las operaciones”.

Por otra parte, encomendó al Palacio de Hacienda que investigara a los bancos Patagonia, Macro, Itaú, Mariva y Superville, a quienes acusó de contar con información privilegiada sobre la política de reducción de las tenencias en moneda extranjera, que pasó del 30% al 20%. Según Cristina Fernández los bancos arriba mencionados conocían la decisión del gobierno con anterioridad y se adelantaron a la hora de desprenderse de los dólares.

Las entidades bancarias habían sido las grandes ganadoras de la devaluación de enero y de la decisión gubernamental de reducir la tenencia de moneda extranjera, que se fijó en un primer momento en el 30%. En aquella ocasión los bancos obtuvieron una ganancia cercana a los 10 mil millones de pesos, dado que sus activos en moneda extranjera estaban contabilizados a un dólar de 6 pesos, anterior a la devaluación, y se tuvieron que vender bajo un dólar de 8 pesos.

En el último tramo de su discurso la presidenta sostuvo que “el problema no es de la economía ni de la sociedad sino que el problema está ubicado en sectores concentrados de la economía que quieren voltear al Gobierno y quieren hacerlo con ayuda extranjera”. Y agregó: “Si me pasa algo, que nadie mire hacia Oriente, que miren al norte”.

La idea de desestabilización del gobierno ya había sido sostenida por la presidenta semanas atrás, cuando denunció un plan buitre de 5 puntos, que comprendía el desgaste de la figura presidencial, rumores para generar inestabilidad económica, la imposibilidad para que el país pueda acceder al crédito en el mercado de capitales internacionales, el desarrollo de una estrategia para conseguir un acuerdo favorable con los buitres a partir de un nuevo gobierno en 2016 y la contratación de periodistas y medios de comunicación afines para el desarrollo de una campaña mediática.