Las cosas por su nombre: licencia por violencia de género

Este martes 23 de septiembre, en el Anexo del Congreso Nacional, se presentará el ante-proyecto de ley “Derechos laborales frente a la violencia de género”, el cual contempla la creación de una licencia por violencia de género. Su presentación oficial, por parte del diputado nacional por la Unidad Popular, Víctor De Gennaro, está prevista para el día 25 de noviembre, fecha en que se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La presentación nacional es el corolario de una serie de iniciativas sectoriales y provinciales que fueron propagándose, como un claro indicador de que se trata de una demanda sentida fundamentalmente por las trabajadoras. La violencia de género es una problemática contemplada en nuestra legislación nacional como tal, a través de la Ley Nº 26.485 y si bien ha habido avances tendientes a erradicarla, aún falta un largo recorrido por transitar; el mundo del trabajo es una clara muestra de ello.

En este sentido, el ante-proyecto señala que la violencia de género “es inherente al sistema social, cultural, económico, político y jurídico vigente, y que nos afecta en todos los ámbitos cotidianos de nuestra vida, de modo que también en el ámbito laboral esta problemática real y acuciante debe ser tenida en cuenta como otro aspecto sobre el cual incidir para mejorar la calidad de vida de las trabajadoras”.

Sin embargo, en la actualidad, las trabajadoras que padecen violencia de género deben recurrir a vías alternativas para justificar el ausentismo laboral. Es por ello que en el ante-proyecto se hace especial hincapié en el vacío legal que existe al respecto y en la responsabilidad del Estado de permitir visualizar esta problemática social sin disfrazarla y de garantizar tanto la salud de la trabajadora como su continuidad laboral.

Los antecedentes de la iniciativa nacional

María José Gerez es Secretaria de Género de la CTA de Rosario, militante de Patria Grande, y una de las referentes que ha dado impulso a este proyecto de ley. En diálogo con Notas, nos comentó acerca de su surgimiento, en Santa Fe.

-¿Cómo fue el proceso de construcción del proyecto provincial?

-Particularmente, la provincia de Santa Fe tiene una de las tasas más altas de denuncias telefónicas, judiciales y también un altísimo número de víctimas fatales. Por eso es clave la lucha de las diferentes organizaciones para visibilizar este fenómeno. Uno de los hitos de esa lucha fue la aprobación de la Declaración de Emergencia en materia social en violencia de género en el Municipio de Rosario, la cual acaba de caducar ya que tiene una duración de dos años; y la media sanción en la cámara de diputados provincial, hace un año, tras el dato de que se habían producido 47 femicidios en un lapso de 20 meses.

Teniendo en cuenta este escenario, desde distintos gremios que integran CTA se empezaron a realizar avances y desde la Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades de la CTA Rosario y la CTA provincial, decidimos tomar el proyecto de manera centralizada. Así, el 5 de agosto lo presentamos en la legislatura provincial de Santa Fe, junto a la diputada Verónica Benas, de PARES/UP. El proyecto, denominado Las cosas por su nombre pretende lograr la extensión del derecho de licencia laboral por violencia de género en todo el sector estatal y hoy cuenta con la firma de once diputados provinciales, pero aún no se avanzó en su discusión en comisiones.

-¿Cuáles son los fundamentos de esta licencia? ¿Qué implica para el movimiento de mujeres trabajadoras?

-Entendemos que esta licencia expresa un derecho laboral fundamental y que hasta ahora, la inexistencia del reconocimiento específico que justifique la ausencia de las afectadas por algún tipo de violencia de género al lugar de trabajo, constituye un vacío legal que hay que combatir porque de esta forma se sigue invisibilizando la problemática. Por lo tanto, el sustento político del proyecto se asienta en la necesidad de reconocer y visibilizar que la violencia de género no es una enfermedad ni un problema de índole personal, es un fenómeno social, expresión de relaciones de desigualdad y poder entre los géneros. Por ello, llamar a las cosas por su nombre es un gran primer paso, aunque sabemos que con las leyes no alcanza. Hay que seguir trabajando para terminar con las desigualdades y la vulnerabilidad de las trabajadoras, en todo sentido, porque las mujeres seguimos siendo las más perjudicadas en el mundo del trabajo, con salarios más bajos, mayores niveles de precarización y doble jornada laboral.

Derechos laborales frente a la violencia de género

Silvia León es Secretaria de Organización de ATE Nacional, una de las que encabezará la presentación y comentó a Notas sobre las particularidades del proyecto nacional y del contexto al que pretende atender.

-¿Cuál es el contexto nacional en el que se inscribe este proyecto?

-En los últimos años afloraron múltiples situaciones de violencia de género, producto del sistema de inequidades y desigualdades del sistema capitalista/patriarcal. También es cierto que en este último tiempo se ha avanzado en el reconocimiento explícito de que éste no es un problema “privado”, sino una violación a los derechos de las humanas y, por lo tanto, requiere de un abordaje integral. Ejemplo de ello fue la aprobación de la Ley 26.485. Sin embargo, desde su sanción a la fecha, hubo un 30% más de femicidios: una mujer cada 30 horas, según los datos que provee la Casa del Encuentro. A ello se suma que, en el año 2012, el porcentaje de presupuesto asignado para el abordaje y erradicación de la violencia de género fue del 0,0027% del presupuesto nacional y, según nuestra información, hasta ahora sólo tres provincias han decretado la emergencia en materia de violencia de género, gracias a la lucha del movimiento de mujeres: Salta, Buenos Aires y Santa Fe. Es decir que la ley, en parte, sigue sin reglamentación y sin presupuesto, parecería que lo que sigue sin resolverse es, en realidad, que la responsabilidad central de la erradicación de este fenómeno es del Estado.

-¿Qué lugar debería asumir el Estado en torno a este derecho laboral?

-Esta misma inequidad y desigualdad se expresa en el ámbito laboral hacia las trabajadoras. Las normativas laborales sólo contemplan la situación particular de las mujeres en lo que hace a los derechos reproductivos (maternidad, lactancia), que tampoco alcanzan a las modalidades contractuales precarizadas. Por eso, las situaciones de violencia de género se disfrazan de “enfermedad” propia de la mujer o de los hijos/as, trámites, etc. Esto es reflejo de que culturalmente, continúa en el ámbito de lo privado, de lo oculto: se oculta por vergüenza, por ineficiencia en su resolución o por temor al castigo frente a la desprotección o el temor a perder el trabajo. Entonces, para que la sociedad se haga cargo, el problema tiene que aparecer como tal: la violencia de género es un tema estructural de desigualdad de poder y por ende, requiere una respuesta política.

En este sentido, la legislación laboral también tiene que adaptarse para preservar los derechos de la mujer trabajadora y evitar que la inequidad se profundice. Por eso, el Estado debe garantizar la vigencia de estos derechos también en el ámbito privado, ya que el proyecto nacional involucra no sólo a las trabajadoras estatales, sino también a las del sector privado, a las trabajadoras rurales, las trabajadoras de casas particulares y quienes presten cualquier forma de trabajo en establecimientos penitenciarios en régimen de privación de libertad.

Guadalupe Santana – @puede_fallar