La Ley de Hidrocarburos ya está en el Senado

El martes pasado la presidenta Cristina Fernández realizó un acto en la provincia de Formosa junto al gobernador Gildo Insfrán. Regresó a las 9 de la noche a la Ciudad de Buenos Aires y una hora después se estaba reuniendo en la Quinta de Olivos con los 10 gobernadores de las provincias petroleras agrupadas en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) para firmar oficialmente el acuerdo del proyecto de modificación de la Ley de Hidrocarburos.

Quizá esa jornada de agenda completa y ajustada sirva para entender la urgencia que tiene el gobierno en obtener un marco legal para atraer las tan ansiadas inversiones extranjeras en materia de yacimientos no convencionales como el de Vaca Muerta.

Luego de cuatro borradores (el proyecto original fue presentado el 9 de junio) y varias modificaciones, el oficialismo pudo acordar con Jorge Sapag (Neuquén), Martín Buzzi (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Francisco “Paco” Perez (Mendoza), quienes habían ofrecido una fuerte resistencia a la idea original del proyecto. Por el otro lado, estaba Miguel Galuccio, director de YPF e impulsor de la nueva ley, acompañado por el ministro de Planificación, Julio De Vido, el ministro de Economía, Axel kicilof, y el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini.

En líneas generales, el proyecto tiene el objetivo de atraer inversiones petroleras extranjeras de la manera más rápida posible para explorar y explotar los yacimientos no convencionales que tanto entusiasma al sector hidrocarburífero. En palabras del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, este proyecto busca “generar las condiciones de inversión con parámetros previsibles”, con la meta de “acelerar el proceso que llevará al autoabastecimiento energético del país”.

Desde el punto de vista económico, el gobierno atraviesa un año complicado y el déficit energético (u$d 6.300 millones en 2013 según la Secretaría de Energía) es el principal rojo de las cuentas nacionales. El gobierno nacional necesita que entren dólares cuanto antes y el litigio con los fondos buitre y el juez Griesa no ayuda a la hora de ubicar a la Argentina como destino empresario claro. Por eso, el oficialismo primero necesita dar una fuerte señal legal y luego hacer realidad las inversiones en Vaca Muerta. La idea es lograr de manera inmediata otros acuerdos en la misma línea que el firmado en 2013 con la estadounidense Chevron.

Esa es la velocidad que pide el ingeniero con perfil empresario Miguel Galuccio, que manifestó que necesita la ley aprobada en el Congreso “antes de fin de año”. Así parece que va a suceder, ya que en menos de 12 horas el proyecto entró a la Cámara Alta para ser estudiado por los representantes de las provincias. Se cree que la próxima semana será trabajado en comisiones y, luego de tener dictamen de mayoría, pasará a ser tratado en sesión.

Desde el punto de vista político, el kirchnerismo tomó el acuerdo como un paso importante. Acordó con los gobernadores, un hecho que hace 15 días parecía imposible. Aunque no salió tan ileso, ya que el referente del Frente Grande y gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, ahora está cercano al Frente Renovador de Sergio Massa. Otro punto que resalta el kirchnerismo es que, con el amplio acuerdo alcanzado, se le quitó margen a cualquiera de los “presidenciables” (como el propio Massa) para que se agrupe un bloque opositor desde el sector petrolero. Pero esas son, por ahora, especulaciones.

Principales modificaciones

En lo concreto, el proyecto modifica al viejo (y varias veces modificado) decreto/ley de hidrocarburos de 1967, de épocas de la dictadura de Ongania, y apunta a otorgarle un marco “homogéneo” a la explotación de los yacimientos no convencionales, yacimientos convencionales y la amplia plataforma marítima en emprendimientos offshore. De todas formas, el sentido “federal” del proyecto no anula la “ley corta” (2006), que habilita a las provincias a hacerse del suelo y otorgar concesiones al sector privado.

En materia de plazos de concesiones, la actual ley establece 25 años con prórroga de 10. El actual proyecto pretende que sea de 25 años para explotaciones convencionales, 35 años para no convencionales y 30 años para la explotación offshore. En todos los casos, se mantiene la prórroga por 10 años. Se respetan los plazos de concesiones vigentes, lo que significa que si una empresa que ya está operando hace 10 años en un área cumple con los requisitos de la ley y las prorrogas, puede permanecer activa hasta 55 años en un mismo lugar.

En cuanto a los mecanismos de adjudicación, hoy hay concursos donde las provincias confeccionan los pliegos y se reservan zonas para las empresas provinciales estatales, como G&P de Neuquén. En el nuevo proyecto, es la Nación (en conjunto con las provincias y la Secretaría de Energía), a través de una autoridad de aplicación, quienes acuerdan los pliegos modelos para todo el país.

Al mismo tiempo, se modifica el acarreo o “carry” (participación sin inversión en áreas petroleras por parte de empresas provinciales en proyectos de operadoras privadas). El “acarreo” de las provincias queda para los proyectos en marcha. Durante la explotación masiva de un pozo, las empresas provinciales no contarán más con el acarreo.

En cuanto a los montos de inversión para acceder a un área, el Decreto 929/13 (decreto para Chevron) establece una inversión minima de 1.000 millones de dólares para acceder al beneficio de la libre disponibilidad del 20% de las divisas, facilidades para el giro al exterior y exportaciones hasta un 20% del petróleo, sin pagar aranceles ni retenciones, a partir del quinto año. La nueva ley marca un monto mínimo de inversión de 250 millones de dólares para acceder a esos mismos beneficios pero a partir del tercer año. En el caso de las plataformas marítimas, la libre disponibilidad será del 60%. Estos puntos son claves para agilizar y seducir a las inversiones privadas extranjeras.

En materia impositiva, la ley 17.319 (y el resto del marco regulatorio actual) determina que cada provincia establece la tasa de impuestos. Esto genera que hoy existan muchas diferencias. La actual ley establece un “pacto fiscal” con las provincias, fija en 3% los Ingresos Brutos y se pone límites al Impuesto al Sello. Los gobernadores lograron un bono a las prorrogas de las concesiones de un 2%.

En cuanto a las regalías (otro punto clave en el acuerdo), hoy se establece que el concesionario de un área paga mensualmente hasta un 12% de lo producido en petróleo y gas, con la posibilidad de bajarlo a 5%, dependiendo cada provincia. En la nueva ley el porcentaje es hasta 18% como máximo.

Respecto del medio ambiente, la regulación actual dice que cada provincia define los estándares de protección y cuidado ambiental. Las modificaciones impulsan presupuestos mínimos y pautas uniformes para todo el país.

Se espera un debate parlamentario de alrededor de tres semanas y luego su esperable aprobación. Quedan pendientes algunos temas: ¿Es posible alcanzar la soberanía energética (fundamental para lograr la soberanía nacional) con tanta dependencia del sector privado y extranjero? ¿Por qué YPF tiene como único rol el de actuar como una empresa privada más del sector? ¿Por qué no se hicieron foros de discusión y debates públicos, como si se hicieron en otras leyes (Ley de Medios, por ejemplo), si la energía es estratégica y de interés nacional?

Roberto Bellato – @rbellato8