20 años después la Masacre de Wilde llega a juicio oral

En 1994 cuatro automovilistas fueron asesinados y uno resultó herido en el hecho que se conoció como la “Masacre de Wilde”. Ocho policías están imputados por este caso de gatillo fácil que tras dos décadas llega a juicio.

Los ex policías Norberto Mantel, Osvaldo Lorenzón, Eduardo Gómez, Pablo Dudek, Marcelo Valenga, Marciano González, Julio Gatto y Hugo Reyes están acusados de ser los responsables del asesinato de cuatro personas y herir de gravedad a otra el 10 de enero de 1994. Otros dos policías sospechosos fallecieron en el transcurso de estos 20 años y un tercero, que estaba prófugo, fue capturado este miércoles.

El hecho que se les imputa es conocido como la “Masacre de Wilde” donde fueron asesinados Edgardo Cicutín, Claudio Díaz, Norberto Corbo y Enrique Bielsa. El único sobreviviente fue Claudio Díaz.

Ahora, dos décadas después, los ex policías llegarán a juicio oral gracias a un fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense que, en noviembre de 2013, ordenó continuar la investigación. Es que en un primer momento los imputados habían sido sobreseídos y el fallo fue ratificado por la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial Lomas de Zamora.
Sin embargo, el máximo tribunal de la Provincia de Buenos Aires decidió dar curso a la apelación de los familiares de Cicutín.

El día de la masacre

Eran alrededor de las 15 horas del 10 de enero de 1994 cuando alrededor de 11 policías de la Brigada de Investigaciones de Lanús estaban patrullando, de civil y sin identificación, por la zona de Wilde.

Existe una versión que dice que estaban haciendo tareas de vigilancia sobre salideras bancarias cuando recibieron la información de dos autos sospechosos, un Peugeot 505 y un Dodge 1500 amarillo, y decidieron perseguirlos. Otros testimonios sostienen que salieron directamente a buscar esos vehículos que ya tenían identificados y en los cuales se trasladaban supuestos delincuentes.

La versión del fiscal Sebastián Scalera prefiere acotar que la persecución comenzó ante una “información recibida”, pero sin aclarar si fue durante el patrullaje o directamente salieron desde la Brigada.

En el Peugeot viajaban el remisero Norberto Antonio Corbo, al volante, junto a Enrique Héctor Bielsa y Gustavo Pedro Mendoza. “Utilizando las armas que portaban, sin dar voz de alerta y sin existir agresión previa de ningún tipo, comenzaron a efectuar gran cantidad de disparos contra el Peugeot y sus ocupantes con la clara intención de causar la muerte”, sostiene el informe del fiscal que pidió la elevación a juicio oral.

Las pericias de la época constataron que el vehículo recibió más de 200 disparos de itaka. Los tres hombres que viajaban en él murieron en el acto.

El otro auto perseguido fue perdido de vista por los policías cuando “se les cruzó un camión”, sin embargo lo volvieron a divisar, con el detalle de que era otro Dodge 1500 amarillo. Allí viajaban los vendedores de libros Claudio Antonio Díaz y Edgardo José Cicutín.

Nuevamente los policías dispararon contra el auto “con la clara intención de provocar la muerte de sus ocupantes, sin dar voz de alerta y sin existir agresión previa de ningún tipo”, explicó Scalera. Cicutín, que recibió siete disparos y murió, mientras que Díaz se salvó de milagro.

Sin embargo, se supo después que Díaz frenó ante la agresión y bajó del auto. Los oficiales lo tiraron al piso y lo esposaron pero a Cicutín lo remataron cuando estaba, todavía vivo, en el piso.

Una causa que vuelve

Fue en noviembre de 2013 cuando los jueces de la Corte Suprema bonaerense Héctor Negri, Daniel Fernando Soria, Juan Carlos Hitters e Hilda Kogan ordenaron «que se lleven a cabo comprobaciones necesarias para procurar la identificación y sanción de los responsables del hecho» cometido hace casi 20 años.

Los magistrados consideraron a la masacre como una «grave violación de los derechos humanos con aptitud para comprometer la responsabilidad internacional del Estado».

De esta forma volvieron a ser imputados ocho de los once ex policías que participaron de los acontecimientos de aquel 10 de enero. César Córdoba y Carlos Saladino no pudieron ser acusados porque fallecieron en los últimos veinte años.

Parecía que tampoco iba a estar en el banquillo Marcos Ariel Rodríguez quién se encontraba prófugo ya que al día siguiente de la masacre salió caminando de la seccional en la que estaba detenido y nunca más lo encontraron hasta este miércoles. . Casi no había dejado rastros, pero la pista que permitió encontrarlo fue un plan de pagos de una serie de multas de tránsito en la ciudad de La Falda, Córdoba, donde vivía con su familia. Rodríguez, de 50 años, fue detenido en su «minimercado» de La Falda por detectives de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Durante los primeros meses de este año el abogado que defiende a todos los imputados, Luis Galtieri (quien también defendió a los tres policías condenados por la “Masacre de Budge”) intentó demorar e impedir el juicio. Primero solicitó la recusación del fiscal y luego presentó un recurso extraordinario para recurrir a la órbita nacional, que fue rechazado por el máximo tribunal bonaerense.

Luego de varias indagatorias donde los acusados se negaron a declarar, finalmente se elevó la causa a juicio oral. Todos los acusados se encuentran actualmente en libertad y en esa condición llegarán al juicio donde deberán responder por los delitos de cuádruple homicidio simple y un homicidio simple en grado de tentativa.