Reclamos y protestas en las principales inmobiliarias de la Ciudad

La Red de Inquilinos llevará adelante durante toda la semana una actividad frente a las principales inmobiliarias de la ciudad para exigir una reunión con la Cámara Inmobiliaria Argentina. Se pretende visibilizar la situación de la vivienda, la exclusión existente en torno al acceso a la misma y denunciar el negocio millonario que sostienen las grandes inmobiliarias y las constructoras.

La Red de Inquilinos llevará adelante durante toda la semana una instalación en las principales inmobiliarias de la Ciudad de Buenos Aires, exigiendo una reunión con la Cámara Inmobiliaria Argentina para discutir la problemática de la vivienda y poner fin a los abusos que sufren los inquilinos cotidianamente. La iniciativa viene a acoplarse a la campaña lanzada durante el mes de agosto, que busca poner en debate los efectos del negocio inmobiliario y buscar dar a luz una Ley en Defensa de los Inquilinos.

La medida es llevada adelante por las organizaciones Patria Grande, Movimiento Popular la Dignidad y Movimiento de Trabajadores Excluidos, junto a la Red de Inquilinos. Los organizadores sostienen que la problemática del acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales derechos vulnerados en todo el país, y en este sentido la Ciudad de Buenos Aires se ha convertido en uno de los epicentros donde la lógica excluyente del mercado inmobiliario más se ha desarrollado.

En referencia a la instalación que se llevará adelante en las inmobiliarias, Itaí Hagman, dirigente de Patria Grande, afirmó: “La vivienda es un derecho, y si el Estado no nos protege, nos organizamos y nos hacemos ori por nuestros medios. El aumento del precio de los alquileres y las actualizaciones semestrales, los innumerables requisitos, son todas exigencias que han logrado desde la Cámara Inmobiliaria Argentina, por eso exigimos una reunión con alguna de sus autoridades”.

De acuerdo a los datos difundidos, en la Ciudad de Buenos Aires existen 1.150.000 hogares, de los cuales un tercio son ocupados por inquilinos, mientras 250.000 personas se encuentran viviendo en villas, hoteles e inquilinatos, lo que desde la Red de Inquilinos definen como el mercado informal, mientras existen 150.000 viviendas ociosas.

La ley que debe regular este tipo de relaciones es la de Locaciones Urbanas (ley 23.091), sancionada en 1984 y que contiene 2 partes. En la primera se dan cuenta de las cuestiones básicas referidas al alquiler de un inmueble: duración del contrato, pagos mensuales, aumentos preestablecidos por contrato. La segunda parte dispone un enfoque social sobre la vivienda, con beneficios impositivos y amplia cobertura de derecho para los inquilinos, así como regula el mercado informal, reconociendo los contratos “verbales”, denominados locaciones encubiertas. Esta segunda parte de la ley aun hoy permanece sin ser reglamentada.

Esto produce “un vacío legal por parte del Estado, donde queda un margen bastante amplio para que las inmobiliarias y las principales empresas constructoras regulen y pongan los precios y las condiciones del mercado inmobiliario. Esto va desde el valor de los alquileres que son altísimos y no están fijados por ningún tupo de índice o criterio común, que se lleva entre el 35 y el 50% del sueldo dependiendo de los contratos, hasta el hecho de que los precios de las comisiones son pagadas al 100% por los inquilinos”, afirma Andrea Rodríguez, vocera de la Red de Inquilinos y militante de Patria Grande, en diálogo con Notas.

Para Rodríguez, pese a que la ley ya cuenta con 30 años de antigüedad no existe ningún organismo o ente donde los inquilinos puedan recurrir y llevar adelante sus reclamos cada vez que existe algún tipo de abuso por parte de las inmobiliarias o los propietarios.

La vocera de la Red de Inquilinos señala que el mercado formal de viviendas genera un mecanismo de exclusión, que lleva a muchas familias que no cumplen con los requisitos solicitados, ya se no tener un trabajo en blanco o un recibo de sueldo insuficiente, deban “recurrir a lo que es el mercado informal, que incluye a los hoteles de pasajeros e inquilinatos. Ahí la vulnerabilidad es aún mayor, ya que al no contar con un contrato pueden ser desalojados sin previo aviso o a que se pidan condiciones aún más difíciles, como por ejemplo en familias con chicos que se les piden que abonen por persona en vez de por la habitación”.

En este marco la Red de Inquilinos pretende ofrecer una asesoría jurídica a aquellos vecinos afectados por cualquier problemática vinculada a la vivienda, así como toda información relacionada a la contratación de alquileres. Rodríguez señala que “dentro del marco legislativo vigente, más allá de ser desfavorable a los inquilinos, todavía hay algunas herramientas a las que se pueden apelar en el corto plazo”.

En el marco de la campaña lanzada en agosto comenzaron las primeras reuniones con vecinos e inquilinos de toda la ciudad, con el objetivo de que el espacio adquiere una regularidad con reuniones cada 15 días, y que del mismo pueda surgir una Ley en Defensa de los Inquilinos discutida de manera conjunta por los vecinos.

Con respecto a la actividad frente a las grandes inmobiliarias la militante de Patria Grande indico: “Esta semana se va a realizar una actividad que visibilice esta situación, convocado a todos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires para que participen y sean parte, porque entendemos que las grandes inmobiliarias que manejan gran parte del negocio inmobiliario en la ciudad, son los principales enemigos, junto a las constructoras, y están haciendo un negocio millonario con las necesidades de la gente en un marco de total falta de regulación e intervención estatal”.