Denuncian casos de gatillo fácil en Córdoba

La Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba registró siete casos de gatillo fácil durante este año. Cuestiona tanto al Código de Faltas provincial, como a las fuerzas de seguridad local.

El sábado 26 de julio Alberto Fernando Pellico (18) fue asesinado en el barrio Los Boulevares por la policía cordobesa cuando, junto a su primo Maximiliano Peralta, circulaban en moto. A principio de ese mes Gastón Liendo (17) fue gravemente herido de bala por un efectivo de la Policía de Córdoba luego de una discusión con el oficial en el barrio San Vicente. Lautaro Torres (16) murió el 13 de abril al recibir cuatro balazos por parte de un agente de policía en el barrio Las Palmas.

En estos distintos hechos, la Policía de la Provincia de Córdoba argumentó su legítima protección en defensa propia. Sin embargo, los tres jóvenes estaban desarmados mientras que a Pellico como a Liendo les dispararon por la espalda.

En el caso de Pellico, testigos acusan que la policía se encargó de “plantar” armas en la escena del crimen para fundamentar el accionar policial, entorpeciendo la investigación de la justicia.

Según la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba, no son aislados estos crímenes. Como tampoco es un dato casual que las víctimas sean jóvenes provenientes de barrios populares, periféricos a la capital de la provincia mediterránea.

Lucrecia Fernández, integrante de la coordinadora, afirmó a Télam que: «hay una política de seguridad del gobierno de De la Sota que deja muy en claro que quiere ejerce un control social o una suerte de `limpieza terrible`, estigmatizando a ciertos sectores de la sociedad».

A partir de este accionar policial, que Fernández considera como “sistemático”, se han realizado distintas marchas en las últimas semanas organizadas por familiares de víctimas, partidos de izquierda y diversas organizaciones de derechos humanos, denunciando que los casos de gatillo fácil cuentan con la complicidad de funcionarios públicos, más allá de las fuerzas de seguridad.

En este sentido, muchas de las críticas apuntan al Código de Faltas local, que contempla la aprehensión de una persona bajo la figura del supuesto merodeo en la vía pública o por la simple negativa a identificarse ante un policía. También cuestionan las normas que permiten que una persona sea sancionada (con varios días de arresto), en virtud de una presunta contravención, por un comisario, en vez de por un juez, y sin haber contado con la defensa de un abogado.

Ante esto, Lorena Barraza, hermana de Ezequiel Barraza (20), asesinado a manos de la policía en incidente aun no aclarado, exigió: “Pedimos la derogación del Código de Falta, porque discrimina a los chicos por portación de rostro, por su forma de vestir o hasta por la forma de hablar o por dónde viven. Yo misma, para conseguir un trabajo, no tuve que decir que vivo en Villa Boedo, porque te discriminan. Tuve que dar la dirección de mi abuela»

Jóvenes y delincuentes

No es casual que las víctimas sean jóvenes de origen popular. Es este uno de los sectores sociales más vulnerables y que más dificultades tiene para ingresar al mundo laboral. Ante los efectos de esta situación social (la inseguridad) la respuesta del Estado no es la inclusión, sino la violencia.

Violencia que es justificada con el discurso que señala a estos jóvenes como el potencial criminal que está entre nosotros y que puede amenazar en cualquier momento al ciudadano de a pie. Este es el mensaje que repiten día y noche los grandes medios de comunicación. Siempre es noticia cuando se produce el aparente delito. Cuando llega el momento de las dudas sobre el crimen y se descubre que el supuesto delincuente estaba desarmado o que la policía impunemente trastocó la escena del crimen, el acontecimiento deja de ser noticia.

Pero la tarea está realizada, el enemigo fue señalado. Queda formado el estigma en el que cada joven humilde, identificable a partir de determinados rasgos, es un sospechoso que amenaza la vida del ciudadano normal.

Se construye así un enemigo que está entre nosotros, infiltrado en nuestra sociedad y al que, por nuestra seguridad, hay que eliminar o expulsar. Esta lógica es similar a la que el terrorismo de estado de los 70 utilizó para eliminar a la “subversión” y, además, demuestra lo perverso de un mecanismo social en el que los excluidos de la sociedad, son también perseguidos por padecer esa misma exclusión.

Santiago Lecuna