Géneros

15 agosto, 2014

La Pampa: cuatro intendentes imputados por delitos ligados a la trata

25 de Mayo, Lonquimay, Macachín y General Acha son las ciudades cuyos jefes comunales fueron imputados por distintos delitos relacionados a la trata de personas. Ya sea como «participes necesarios» o por «incumplimiento de deberes de funcionario público».

25 de Mayo, Lonquimay, Macachín y General Acha son las ciudades cuyos jefes comunales fueron imputados por distintos delitos relacionados a la trata de personas. Ya sea como «participes necesarios» o por «incumplimiento de deberes de funcionario público».

El fiscal federal Juan José Baric elevó los pedidos de indagatoria e imputación a la jueza federal subrogante de Santa Rosa, Iara Silvestre. Así quedaron bajo investigación judicial David Bravo, a cargo del Ejecutivo en 25 de Mayo, y Luis Rogers, de Lonquimay, acusados de “participación necesaria” en el delito de trata. Por otra parte Jorge Cabak, de Macachín, y Elena García, de General Acha, lo están por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

En todos los casos se trata de connivencia más o menos deliberada con prostíbulos denunciados por ser parte de redes de trata de personas. Sin embargo Bravo y Rogers son los más comprometidos por estar acusados de tener un rol activo en este tipo de delitos.

Ambos, además, ya han sido procesados en causas similares. El Superior Tribunal de Justicia tiene en su poder la apelación a una sentencia que condenó a Bravo por habilitar un cabaret en el que se registraron casos de trata.

Todo comenzó como una investigación a raíz de una llamada anónima de diciembre de 2011 que aseguró que, en el cabaret Venus de 25 de Mayo, “cuando iba el jefe de la municipalidad le daban 1000 pesos y él firmaba”. En la misma denuncia realizada a la Dirección Nacional de Migraciones se decía que “la policía de la zona sabía todo”.

Por este motivo se realizó un allanamiento en el lugar. El cabaret había sido habilitado por el intendente Bravo en enero de 2011, cuatro meses después de que el Concejo Deliberante de la ciudad votara una ordenanza para prohibir la habilitación de whiskerías y clubes nocturnos.

En junio y en octubre del año siguiente, la fiscalía allanó el mismo inmueble, donde ya no funcionaba Venus sino el Resto Bar Karjbjan, a nombre de la misma mujer que había sido beneficiada con la habilitación del cabaret anterior. En el lugar, detalló el fiscal Baric en el acta, había “dos puertas de ingreso, una por la parte delantera y otra por la parte trasera”. Por la puerta de atrás se ingresaba directamente a las habitaciones destinadas a la prostitución de las mujeres allí retenidas.

Sobre Bravo pesa además una condena a siete meses de prisión y 14 de inhabilitación para ejercer cargos públicos por “abuso de autoridad”, delito cometido al habilitar de forma irregular el cabaret El Rancho. En julio de este año, el Tribunal de Impugnación Penal ratificó esa condena que había sido dictada por el juez Daniel Ralli.

El fiscal Baric también pidió la indagatoria de otras once personas en el caso de 25 de Mayo. Además de Bravo, integran la lista tres funcionarios municipales, los encargados de Venus y Bar Karjbjan, los comisarios Héctor Daniel Rosane y Miguel Angel Oyarce, y el juez de Faltas Armando Rodríguez Figueiras Huergo. En la causa ya estaba imputada Nurys Caraballo Castillo, quien está procesada y detenida, en el Instituto Correccional de Mujeres, por un cabaret de General Pico.

Luis Rogers, el otro intendente acusado de ser «participe necesario» en delitos de trata también tiene una causa anterior por el mismo delito junto al comisario Carlos Alaniz. Sin embargo, al haber presentado una apelación todavía no se ha resuelto el caso.

El jefe Comuncal de Lonquimay había cobrado notoriedad en 2009 cuando se resistió a cerrar un cabaret y explicó: “Es un lugar de esparcimiento para los jóvenes y camioneros. Es un lugar de contención, mucha gente que está sola, lejos de sus domicilios, busca pasar un rato de esparcimiento”.

Finalmente Jorge Cabak, del municipio Macachín y Elena García, de General Acha, son quienes deberán responder por su mal desempeño a cargo del ejecutivo. En los hechos supone la omisión de denunciar y perseguir la explotación de personas con presuntos fines sexuales.

 

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