El gobierno denunciará a Donnelley utilizando la Ley Antiterrorista

El jueves la presidenta Cristina Fernández anunció que la empresa Donnelley, que declaró su quiebra a principios de esta semana dejando a 400 personas en la calle, será denunciada “por alteración al orden económico y financiero”, delito que se enmarca en la Ley Antiterrorista.

La imprenta Donnelley entró en un conflicto esta semana cuando, el lunes por la mañana, los trabajadores quisieron asistir a sus puestos de trabajo y se encontraron con la planta cerrada. En la puerta un cartel informaba el cierre de la empresa por quiebra.

Delegados de la imprenta denunciaron que esta era una maniobra ya que no existía una situación de quiebra para la «gráfica más importante del país» que realiza trabajos como la revista Para Tí, Billiken, Papparazzi y folletería de Carrefour, entre otros.

Ante esta situación el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria por 15 días pero los dueños no acataron, motivo por el cual desde el martes la empresa está funcionando pero por iniciativa de los propios trabajadores.

Así se llegó al jueves donde la presidenta Cristina Fernández se refirió por primera vez públicamente al tema. La mandataria informó que la empresa no presenta problemas económicos y que, curiosamente, el viernes 8 de agosto presentó un pedido de quiebra en el juzgado comercial 19, secretaría 37, a cargo del juez Gerardo Sandiglia, y que el auto de quiebra salió el lunes 11. «Una quiebra express», afirmó.

Por este motivo Donnelley será denunciada “por alteración al orden económico y financiero”, en el marco de aplicación de la Ley Antiterrorista. La presidenta sostuvo que el anuncio de quiebra realizado por la imprenta buscó «crear el temor».

También se hará una presentación a la Justicia para que se retire la quiebra y la empresa siga funcionando. Este planteo va de la mano de las declaraciones del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, quién le dijo a los trabajadores de Donnelley que no estaba en los plantes una estatización.

Cristina Fernández se ocupó de señalar dos cosas más respecto a Donnelley. La primera es su relación con el fondo buitre NML, cuya figura pública es el conocido Paul Singer. Según relató la presidenta NML había transferido parte de sus acciones al fondo de inversión BlackRock, que tiene participación accionaria en la empresa gráfica.

El otro punto que buscó dejar en claro fue la diferencia con el conflicto en la empresa autopartista Lear donde los trabajadores despedidos han sido reprimidos en varias oportunidades por distintas fuerzas de seguridad. Para la presidenta lo de Lear «es un conflicto sindical».

¿Qué supone la aplicación de la Ley Antiterrorista?

La ley 26.734 se sancionó en diciembre de 2011 a pedido del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI, un tribunal del Banco Mundial) e incorpora como agravante a todos los delitos del Código Penal su comisión con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Rige una excepción para cuando los hechos «tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional».

Fue invocada por primera vez a fin del año pasado contra el periodista santiagueño Juan Pablo Suárez, porque un fiscal federal consideró que con sus reportes buscó generar inestabilidad social. Sin embargo, la acusación no prosperó.

El inciso a del artículo 309 del Código Penal, citado en la denuncia del Gobierno, indica que sufrirá una pena de prisión de uno a cuatro años de cárcel quien «realizare bajo transacciones u operaciones que hicieren subir, mantener o bajar el precio de valores negociables u otros instrumentos financieros, valiéndose de noticias falsas, negociaciones fingidas, reunión o coalición entre los principales tenedores de la especie, con el fin de producir la apariencia de mayor liquidez o de negociarla a un determinado precio».

Durante su discurso en la Casa Rosada, la jefa de Estado se refirió a la Ley Antiterrorista y a las críticas que recibió. Allí afirmó que «este gobierno jamás impulsará ninguna ley para perseguir a los trabajadores, al pueblo o a la sociedad. Son leyes para proteger a los argentinos».

Sin embargo, el constitucionalista Daniel Sabsay declaró que la ley tiene «figuras de tal amplitud que cada uno puede interpretarlas como más les convenga». Si bien Sabsay hizo estas declaraciones en función de un discurso que cuestiona la aplicación contra Donnelley porque así se «ahuyentan capitales», su razonamiento de fondo tiene asidero en la realidad. Así parecen demostrarlo los hechos que facilitaron tanto imputación antes mencionada al periodista santiagueño como ahora a una multinacional.