De Griesa a La Haya, la nueva estrategia argentina frente a los buitres

Tras la imposibilidad de alcanzar acuerdo alguno con los fondos buitre, Argentina optó por una nueva estrategia, y busca llevar el caso ante la justicia internacional bajo la acusación de violación de las inmunidades soberanas. La investigación de la Comisión Nacional de Valores y la postura frente al conflicto de los partidos de la oposición.

La disputa que Argentina mantiene con los fondos buitre que no entraron en los canjes de deuda y obtuvieron un fallo favorable en la justicia norteamericana, entró en una nueva etapa luego de las fallidas negociaciones con el mediador Daniel Pollack. El 30 de julio, día en que venció el periodo de gracia para que los bonistas pudieron acceder al cobro del dinero bloqueado por decisión del juez Thomas Griesa, marcó un giro en la estrategia del gobierno quien decidió abrir varios frentes de batalla: por un lado buscó llevar el caso ante la justicia internacional, por otro realiza una investigación que lleva adelante Comisión Nacional de Valores (CNV) tratando de dilucidar si existió, por parte de los fondos buitre, una operación financiera utilizando información privilegiada. Se mantiene a su vez la pirotecnia discursiva y se pretende que los bonistas intimen al Bank of New York (BoNY) exigiéndoles el cobro del dinero ya depositado por el país.

Caída cualquier salida negociada que incluya a Griesa y al mediador Pollack, que Argentina buscó apartar luego de su exabrupto donde lamentó el default, extendiéndose en sus atribuciones, la estrategia del país se enfocó definitivamente fuera de las oficinas que mantienen tanto el juez del Distrito Sur de Nueva York como el special master. La decisión de llevar el caso ante el Tribunal Internacional de La Haya venia madurando desde tiempo atrás, y se hizo realidad tras la imposibilidad de cualquier acuerdo con los fondos buitre.

La presentación en esta corte internacional significa un cambio en el interlocutor elegido, ya que lo que se pretende señalar es la responsabilidad de la justicia norteamericana en la violación de las inmunidades soberanas. “La responsabilidad internacional de los Estados Unidos por la violación de las obligaciones mencionadas surge principalmente de la acción de uno de sus órganos, el Poder Judicial, a través de la adopción de decisiones que vulneran la determinación soberana de la Argentina de reestructurar su deuda externa”, señala el texto de la presentación realizada por Argentina.

Desde el equipo económico entienden que Argentina si bien cuando firmó los contratos renunció a su inmunidad de jurisdicción y ejecución, “la renuncia fue efectuada dentro de los límites de la Ley de Inmunidades Soberanas de los Estados Unidos (FSIA, por sus siglas en inglés)”, de acuerdo a lo señalado por Federico Thea, secretario legal y administrativo de Ministerio de Economía, en una columna publicada en Pagina/12, titulada “Un fallo que atenta contra la inmunidad soberana”.

Estados Unidos rechazó someterse al Tribunal de La Haya, alegando que el mismo es el sitio “inadecuado para tratar la disputa entre el gobierno argentino y los fondos buitres”, dejando sin efecto la presentación Argentina, ya que es necesario que ambas partes reconozcan la competencia del mismo para iniciar un proceso judicial. Otros caminos que se exploran por estas horas son por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la propia OEA. En todos los casos el Ejecutivo nacional tiene como elemento central de su estrategia la violación de un Estado de las inmunidades soberanas de otro.

A la par de estas presentaciones judiciales, la CNV, dirigida por Alejandro Vanoli, pretende determinar si en el accionar judicial de los fondos buitre existió una operación fraudulenta, que buscara beneficiarse de la declaración de default realizado por la International Swaps and Derivatives Association (ISDA). Según explica la CNV, en una denuncia que elevó a su par norteamericana, la Securities and Exchange Commission (SEC), “los motivos para comenzar la investigación se vieron reforzados por la existencia de noticias que aludieron a posibles negociaciones irregulares respecto de los bonos públicos emitidos por la República Argentina, y respecto de los Credit Default Swaps o Swaps de Incumplimiento Crediticio (CDS) vinculados con la deuda soberana”.

De acuerdo a la entidad liderada por Vanoli la estrategia judicial de los fondos buitre buscó directamente evitar cualquier negociación con Argentina, reclamando el pago total de la deuda amparándose en la sentencia Griesa, con el objetivo de cobrar posteriormente los seguros contra default, gatillados una vez reconocido el mismo por ISDA, institución que los propios buitres, junto a bancos como el JP Morgan o el Citigroup, integran. Como precedente, Argentina se apoya en la multa recibida por el fondo NML Elliot, de Paul Singer, en Francia por 16 millones de euros. Según la justicia francesa, los buitres “vulneraron las restricciones lógicas que buscan evitar que un agente se beneficie por el acceso a información privilegiada y confidencial”, indicó Vanoli.

Por medio de una solicitada, Argentina también les sugirió a los bonistas emprender acciones legales contra el BoNY, por negarse a girar los fondos que ya tiene depositados. Según la posición defendida por el equipo económico, el banco norteamericano en tanto agente fiduciario estaría incumpliendo sus obligaciones.

Mientras las aguas se vuelven a agitar y Argentina continúa sumando adhesiones internacionales, tanto de países como de economistas y referentes de las finanzas, desde el nobel de Economía en 2001, Joseph Stiglitz, hasta la subdirectora de Fondo Monetario Internacional, Anne Krueger, caracterizada no precisamente por sus posicionamientos a favor al país, el frente interno también se vio sacudido por un cambio en la estrategia de los principales partidos y referentes de la oposición. Quienes hace un tiempo atrás pregonaban que era necesario acordar con los buitres a como dé lugar, o cumplir el fallo Griesa, dejando a un costado incluso la consecuencias de que se dispara la ahora famosa cláusula RUFO, debieron cambiar el discurso y pasaron a criticar el fallo del juez del Distrito Sur de Nueva York. El problema se trataría ahora de la pirotecnia discursiva del gobierno, pero no de su estrategia judicial.

Quedar pegados a los fondos buitre dejó de ser redituable cuando las encuestas de opinión comenzaron a circular y la posición mayoritaria se mostró de acuerdo con la forma en que el equipo económico condujo el pleito, así como fuertemente crítica del rol que Paul Singer y compañía desempeñan en el capitalismo actual. Las mismas encuestas mostraron un repunte de la imagen de Cristina Fernández y le dieron un poco de oxigeno de cara al escenario electoral de 2015. Volvió a relucir la capacidad discursiva del oficialismo de construir una épica –inevitable en el hacer política- en este caso en torno al conflicto con Griesa y los buitres.

Leandro Navarro – @navarro_lean