4 agosto, 2014
Cesación de cobro
Por Ulises Bosia. ¿Es cierto que los únicos capitales con los que cuenta nuestro país para financiar el crecimiento de la industria nacional y el desarrollo del país son externos? Distintas respuestas a esta pregunta determinan que el conflicto con los buitres aparezca como problema o como oportunidad.

Por Ulises Bosia. ¿Es cierto que los únicos capitales con los que cuenta nuestro país para financiar el crecimiento de la industria nacional y el desarrollo del país son externos? Distintas respuestas a esta pregunta determinan que el conflicto con los buitres aparezca como problema o como oportunidad.
Tras el vencimiento del plazo de negociación con los fondos buitres, los bonistas reestructurados en 2005 y 2010 ingresaron en una inédita “cesación de cobros” con nuestro país, que depositó el dinero comprometido en tiempo y forma pero el juez Griesa les impidió cobrarlo.
Los medios de comunicación opositores no dudaron en calificar como un “default” (cesación de pagos) lo que está ocurriendo, asegurando además que si no se resuelve en lo inmediato traerá consecuencias en “el empleo, el consumo, la inversión, el abastecimiento de productos, el comercio exterior y los sectores de la construcción e inmobiliario”, tal como enumeró La Nación. Una suerte de visión apocalíptica que fue acompañada por algunos dirigentes de la oposición.
Desde el gobierno nacional, en cambio, la propia presidenta al conocer el fracaso de las negociaciones rápidamente contestó que «el mundo sigue andando y la República Argentina, también», intentando desdramatizar el asunto. Y a su regreso al país, el ministro de Economía, Axel Kicillof, -hoy por hoy el funcionario público más relevante después de Cristina en el gabinete nacional- aseguró en una conferencia de prensa que no se cumplen ninguna de las condiciones formales que justificarían hablar de default.
Los buitres, por su parte, lograron que la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA) dictaminara que en el caso Argentino se enmarca en una cesación de pagos y que por lo tanto se puedan cobrar los seguros contra default que los buitres se jactaron de poseer. Es decir que mientras continúan el litigio para cobrar sus bonos también pretenden cobrar los seguros contra default. Un negocio redondo.
El default como oportunidad
El alarmismo económico que venimos escuchando hace una década responde más a intereses y hasta deseos políticos que a una realidad. El extremo es la comparación entre la cesación de pagos del año 2001 y la actualidad, dos situaciones incomparablemente distintas. Además, en aquella oportunidad, el default fue una de las condiciones de posibilidad de la recuperación económica posterior.
Pero al mismo tiempo, el intento del discurso oficialista de relativizar las consecuencias de lo que está pasando choca con un problema muy serio que es necesario desarrollar.
Al menos desde las elecciones legislativas del año pasado, la política del gobierno nacional tuvo como uno de sus principales objetivos el acercamiento al mercado de capitales internacional para acceder al ingreso de inversiones o al endeudamiento externo. Se trata de evitar que el 2014 termine de la misma manera que el 2013, en medio de corridas contra el peso, una aceleración de la inflación y una fuerte devaluación. Esta estrategia explica la decisión de acordar con el Club de París, con distintas multinacionales en el CIADI y de indemnizar a Repsol, entre otras medidas que tienen un altísimo costo para nuestro país (se calcula que la suma de estos pagos aproximadamente representa la mitad de las actuales reservas internacionales).
En consecuencia, la falta de acuerdo con los buitres complica la estrategia gubernamental y vuelve a plantear el debate de fondo que está por detrás: ¿es cierto que los únicos capitales con los que cuenta nuestro país para financiar el crecimiento de la industria nacional y el desarrollo del país son externos?
Tanto el Frente para la Victoria como las principales variantes de la oposición tienen la misma respuesta ante esta pregunta. Pueden diferir en los términos en los que habría que aceptar las inversiones, en el origen de las mismas o en la finalidad del endeudamiento. Pero ninguno de los más destacados candidatos presidenciables para el 2015 ha planteado una respuesta alternativa a esta pregunta. Por esa razón todos coinciden en que hay que resolver la negociación con los buitres. Desde su punto de vista, la actual situación aparece antes que nada como un problema.
Sin embargo, también es posible pensar el presente como una oportunidad. En realidad, nuestra clase trabajadora genera una enorme cantidad de riqueza, apropiada muy desigualmente de acuerdo a la concentración de la propiedad que estructura nuestra economía. Además, el altísimo valor de nuestros bienes naturales genera ganancias extraordinarias que también dan lugar a una enorme acumulación de capital.
Basta pensar en la enorme renta agraria, en la renta petrolera, pesquera o minera. Pero también en las ganancias de los bancos, de la agroindustria o en los valores de las propiedades en las grandes ciudades. La fuga de capitales, que según estimaciones oficiales en 2012 representaba como mínimo unos 200 mil millones de dólares (algo menos de siete veces las reservas del Banco Central), es un índice elocuente de este fenómeno.
El Estado nacional puede establecer mecanismos para redistribuir esa renta. Nacionalizar el comercio exterior y reestablecer una junta nacional de granos, por ejemplo. O cambiar la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz para poder intervenir en el manejo del crédito bancario. O llevar adelante una reforma tributaria para que los grandes dueños de los campos paguen tasas impositivas acordes con el altísimo valor de sus tierras. O denunciar los Tratados Bilaterales de Inversión que nos ponen de rodillas frente a las empresas transnacionales.
En todos los casos, se trata de afectar los intereses de los sectores más concentrados y poderosos de nuestra economía. Por esa razón ninguna de las estructuras tradicionales de la política está dispuesta a llevar adelante esa política.
La imposibilidad de pagar la deuda, a partir de la acción de Griesa, es una oportunidad para tomar esta suerte de “cesación de cobros” como punto de partida. Suspender el pago de la deuda externa, poner en pie una auditoría que establezca qué parte de la deuda es legal y qué parte no, recuperar soberanía rechazando la injerencia de la justicia norteamericana sobre nuestras decisiones y afrontar la necesidad de capitales con las transformaciones estructurales que se vienen posponiendo hace más de diez años.
@ulibosia
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