Organizaciones de Derechos Humanos reclaman que se avance en el juicio a Blaquier

En el marco de la «Semana del apagón», donde se recuerda el secuestro y desaparición de personas en 1976 por parte del ejército en la provincia de Jujuy, organismos de Derechos Humanos exigieron que haya celeridad en el juicio en el que se imputa a Carlos Pedro Blaquier, dueño de la empresa Ledesma que prestó sus camiones para el traslado de los detenidos de aquellas jornadas.

Este domingo, organizaciones jujeñas emitieron un comunicado de prensa a través del cual expusieron su disconformidad por las «las dilaciones» de la Justicia en la investigación de las responsabilidades civiles en la represión llevada a cabo en la provincia durante el mes de julio de 1976. En esa causa están procesados por delitos de lesa humanidad Carlos Pedro Blaquier, dueño del grupo Ledesma, y su ex administrador Alberto Lemos.

Los hechos se produjeron entre el 20 y 26 de julio de 1976 en las localidades Talar, Calilegua y Libertador General San Martín, donde mediante cortes de energía se secuestraron cerca de 400 personas utilizando (de las cuales 33 permanecen desaparecidas) en camiones pertenecientes al ingenio Ledesma.

El comunicado difundido sostiene que la Cámara Federal de Apelaciones de Salta (con jurisdicción sobre Jujuy) y la Cámara Nacional de Casación Penal «obstaculizan y lentifican el procesamiento de Carlos Blaquier y Alberto Lemos como presuntos cómplices en los secuestros de 29 personas durante el mes de julio del año 1976». Además agrega: «Estamos convencidos que a 38 años de la fatídica Noche del Apagón es hora de Justicia para sus víctimas. El pasado reciente nos muestra que la empresa Ledesma fue cómplice y beneficiaria de las políticas de exterminio instaladas por la última dictadura cívico militar».

Ante esto los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones salteña, Jorge Luis Villada, Roberto Loutayf Ranea y Federico Díaz, recibieron este martes a los querellantes en varias causas por delitos de lesa humanidad cometidos en Jujuy para escuchar su posición.

Los organismos atribuyeron a «una especulación y una complicidad desde la Cámara Federal y desde la Cámara de Casación que el juicio no sea elevado prontamente, puesto que la etapa de instrucción ya fue cerrada y sólo falta resolver pequeños detalles».