Nacionales

8 julio, 2014

Se suspendió el desalojo del predio de Villa Luro

En un terreno conocido como “Bajo Autopista” viven 20 familias de cartoneros que iban a ser desalojadas este lunes. Finalmente el juez decidió suspender la medida por 30 días hasta que se pueda garantizar la relocalización de las personas que viven allí.

En un terreno conocido como “Bajo Autopista” viven 20 familias de cartoneros que iban a ser desalojadas este lunes. Finalmente el juez decidió suspender la medida por 30 días hasta que se pueda garantizar la relocalización de las personas que viven allí.

“Bajo Autopista” queda en la calle Rivadavia al 9300, en el barrio porteño de Villa Luro. Allí habitan hace ocho años alrededor de 20 familias que viven del reciclado de cartón y otros residuos. En el mismo predio donde viven realizan su trabajo. De esta forma, de efectuarse el desalojo, perderían al mismo tiempo su vivienda y su empleo.

El desalojo que iba a realizarse este lunes se justificaba «por estar en riesgo la salud, la integridad e incluso la vida de sus ocupantes», ya que allí funcionaba hace más de 10 años una estación de servicio y los tanques de combustible podrían tener restos y gases inflamables.

Un informe sobre «identificación de amenazas y vulnerabilidades de las viviendas ubicadas en el predio sito en Avenida Rivadavia 9303/9349», elaborado por Defensa Civil, advirtió sobre los «riesgos sanitarios, de incendio, eléctricos y del sistema de provisión de gas en el lugar».

Sin embargo, luego de una negociación, el juez en lo Contencioso Administrativo porteño Aurelio Ammirato que lleva adelante la causa, decidió suspender el desalojo. Así en 30 días se hará una nueva reunión donde se recoja relevamiento de “los avances alcanzados hasta ese momento en cuanto a la relocalización de las familias y establecer la fecha para el retiro total, si alguna permaneciera aún en el lugar, sin afectar la escolaridad de los menores».

Esta última mención se refiere a que en “Bajo Autopista” viven 15 niños y niñas que van a la escuela en ese barrio por lo que, de ejecutarse el desalojo, pueden perder su vinculación con la institución educativa y verían condicionado su derecho a la educación.
El juez resolvió además «no ocupar otro predio una vez recibida la asistencia por parte del gobierno porteño y canalizar a través de esa asistencia las necesidades habitacionales de las personas». Según consta en el acta de la audiencia, el gobierno porteño ofreció «trabajar con la Dirección General de Reciclado para que los actores se incorporen al sistema».

La suspensión del desalojo dio como resultado también la conformación de una mesa de negociación para tratar de avanzar en la solución habitacional y evitar que las familias queden en la calle. La misma está integrada por el subsecretario de Descentralización Desconcentración y Participación Ciudadana, por el Gobierno de la Ciudad, Sergio Constantino, la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires (CIBA), la Comisión Política de la Iglesia Dimensión de Fe, la abogada de las familias, Fernanda Pereyra, más comuneros, asesores y organizaciones sociales.

Al respecto el fallo judicial sostiene que si las familias son reubicadas se debe «garantizar el traslado escolar para los menores» y «trabajar con el Ministerio de Desarrollo Social a fin de buscar alternativas superadoras de los ofrecimientos económicos para asistencia habitacional».

La abogada Fernanda Pereyra declaró al portal Infojus Noticias que primero plantearon la suspensión de la medida, pero también «reclamamos una solución habitacional porque no se está cumpliendo”. Es que un año y medio atrás, los vecinos presentaron una medida cautelar y la Cámara se las concedió. Cuando el Gobierno de la Ciudad apeló, la misma Cámara revocó la medida.

Cabe recordar que el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires se reconoce “el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado”. Esta es sin dudas una deuda pendiente del actual gobierno ya que medio millón de personas viven en situación precaria (villas, asentamientos, hoteles y pensiones) en la Ciudad de Buenos Aires.

Ahora habrá que esperar para saber qué alternativas se ofrecen durante estos 30 días y el 7 de agosto las partes se volverán a reunir con el juez para evaluar cómo continuar.

 

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