“Son respuestas rápidas, efectistas y demagógicas”

El director del área de Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria, Rodrigo Pomares, analizó las implicancias de la decisión del gobernador Daniel Scioli de crear por decreto las Policías de Prevención Local.

Este lunes 30 de junio el gobernador de la Provincia de Buenos Aires Daniel Scioli firmó el decreto que autoriza la creación de una “Superintendencia de Seguridad Local”, órgano que se sitúa bajo la órbita del Ministerio de Seguridad bonaerense comandado por Alejandro Granados, que tendrá a su cargo las “Policías de Prevención Local” o Policías comunales.

En estos días el ministro de Seguridad deberá dar a conocer la forma definitiva que adoptará esta nueva fuerza policial de la provincia, que contará con unos 15 mil efectivos a ser divididos, según el coeficiente poblacional, entre los 40 municipios.

En diálogo con Radionauta FM 106.3, Rodrigo Pomares, director de Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria, analizó la medida planteando en primer lugar la necesidad de que se den a conocer las resoluciones definitivas en torno a esta nueva fuerza: “Todavía no está el decreto, no hemos tenido acceso a conocer la letra del decreto, con lo cual no podemos saber exactamente de qué se trata”.

Luego señaló que la resolución de Scioli que ubica a las Policías Comunales como dependientes del Ministerio de Seguridad se contrapone “a algunos proyectos que estaban siendo discutidos en la Legislatura que se inclinaban a una mayor autonomía por parte de los intendentes, mayor injerencia y presupuesto propio” y denuncia que “finalmente se decidió por una estructura muy similar a la que existe para las policías comunales para distritos de menos de 70 mil habitantes”.

Uno de los aspectos “preocupantes” del proyecto, según Pomares, tiene que ver con que tras el dictado de la emergencia de seguridad en la provincia “se justifique todo tipo de acción política”. Esto se fundamenta en que “había un proyecto que estaba siendo debatido en la Legislatura, con contrapuntos y diferencias, y el gobernador de la provincia termina obturando ese debate con un decreto, lo cual es preocupante», dijo Pomares quién agregó: «La emergencia no se puede llevar puestos los canales democráticos naturales para resolver los debates en torno a temas tan graves como definir una estructura policial dentro del esquema de seguridad pública de la provincial”.

El entrevistado también alertó sobre el manejo de los datos en el marco de la emergencia de seguridad del gobierno bonaerense, ya que “se dan como positivos datos que en términos de vivir en una sociedad con menores niveles de violencia no son auspiciosos. Se da como positivo el abatimiento de delincuentes en el marco de procedimientos. Eso solamente hace pensar en el avasallamiento de derechos y en resultados que para cualquier gestión democrática son negativos, no positivos. La muerte es negativa, bajo cualquier circunstancia es un dato negativo”.

El integrante de la Comisión Provincial por la Memoria también denunció que la provincia ha dejado de publicar datos estadísticos sobre delito hace más de un año: “Se habla de arrestos y de procedimientos, pero concretamente esta gestión en particular ha dejado de publicar datos estadísticos ya hace un año, que se venían publicando aunque con errores y deficiencias”. Y agregó que los datos que se difunden “no tienen ningún tipo de correlato metodológico” porque “no expresan ningún tipo de categoría asimilable en términos estadísticos, se mezclan tipos penales con apreciaciones del estilo ‘motochorro’ y la verdad es que es poco entendible que una política de seguridad esté basada o fundada en ese tipo de apreciaciones”.

En este sentido, Pomares planteó que entonces ese tipo de manejos del gobierno provincial “parecen ser más una expresión demagógica que viene a reforzar o a disputar el sentido de quién es más punitivista que realmente a una transformación seria en materia de seguridad pública. Y lo más preocupante es que eso sea opuesto a los derechos de amplios sectores, fundamentalmente los que están más vulnerabilizados, que son los sectores más pobres”.

También denunció que el esquema propuesto para las Policías comunales se basa en el del responsable de la Policía durante la dictadura militar, Ramón Camps: “Pero en democracia ese esquema perduró y lo que se está haciendo en este momento es profundizarlo. Entonces las prácticas de dominio territorial que la Bonaerense tiene históricamente son las que están puestas a jugar para el control de esos territorios. Y eso implica profundizar los márgenes de negociación a nivel territorial con el delito, dar rienda suelta para que las policías ejerzan ese control territorial con las prácticas que ya conocemos: armado de causas, detención sin orden judicial, etcétera”.

Finalmente, el especialista opinó que en este momento este tema no está recibiendo mucha cobertura mediática, principalmente porque “hay una agenda que está sobrevolando todas las demás que es la del Mundial” pero anticipó que esto se revertirá en los próximos días ya que “el Ejecutivo provincial está haciendo esfuerzos denodados por tratar de instalar en la agenda estas medidas”. Esto obedece a “la necesidad de perfilar una teórica solución a los problemas de inseguridad en un momento en que la población pone como uno de los principales problemas la cuestión de la denominada inseguridad”.

“Ahí hay una disputa en términos políticos que arrancó con un debate en la Legislatura, tal vez un poco más profundo, y que terminó cerrándose con un alto grado de demagogia a través de un decreto», sostuvo. Pomares concluyó afirmando que «la disputa o la necesidad de instalarlo en términos mediáticos la vamos a empezar a ver en estos días. Seguramente tengamos mucha más presencia del tema a partir de ahora porque es uno de los principales ejes de campaña. Y en esta coyuntura que se viene, en un período eleccionario, se refuerza esa necesidad de instalarse con respuestas rápidas, efectistas y que tienen un alto contenido de demagogia”.