El juicio a Campagnoli por ahora en suspenso

La audiencia que debía tratar el jury de enjuiciamiento contra el fiscal de Saavedra, José María Campagnoli, fue suspendida debido a un problema de salud de una de sus integrantes. Mientras su reemplazante era designado, desde la defensa a cargo del radical Gil Lavedra cuestionó todo el procesamiento y el tribunal dio a conocer un comunicado de repudio a las amenazas sufridas por sus integrantes.

El tribunal de enjuiciamiento encargado de llevar adelante el jury contra el contra el fiscal José María Campagnoli, decidió suspender la audiencia debido a cuestiones de salud de una de las jurados, la defensora General de la Nación, María Cristina Martínez Córdoba. En su reemplazo fue designado Leonardo Miño. La defensa de Campagnoli, a cargo del ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra sostuvo que se trató de un papelón.

El fiscal de Saavedra, José María Campagnoli, se encuentra suspendido desde diciembre del 2013, acusado de “haber cambiado el objeto procesal de una causa” y “abuso de autoridad”, en el caso donde se investiga el presunto lavado de dinero llevado adelante por el empresario Lázaro Báez, y el rol cumplido por la financiera SGI, a cargo de Federico Elaskar.

Las denuncias contra Báez, antes de ser unificada la causa, transitaban por dos juzgados diferentes. Una de las investigaciones se llevaba adelante en la fiscalía número 10 donde Campagnoli era subrogante, mientras otra lo hacía en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, a cargo de Guillermo Marijuan. A pedido de la defensa de Lázaro Báez, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones unificó ambas causas, que pasaron a estar bajo la órbita del juez Sebastián Casanello y la fiscalía de Marijuan.

La denuncia contra el fiscal de Saavedra llevada adelante por la defensa de Báez, motivó por parte de la procuradora Alejandra Gils Carbó la convocatoria al Consejo Evaluador. El mismo determinó las acusaciones de cambiar el objeto procesal de una causa y abuso de autoridad.

Entre otras cosas a Campagnoli se le acusa de duplicar las pruebas judiciales y continuar con una investigación paralela, luego de que la causa por lavado de dinero pase a manos de la fiscalía conducida por Marijuan. También se presentaron pruebas del maltrato que brindaba a los y las integrantes de su fiscalía.

El proceso de enjuiciamiento del fiscal generó un enorme revuelo en los principales medios de comunicación, quienes no tardaron en identificar el apartamiento de Campagnoli con una supuesta intención por parte del kirchnerismo de evitar que Lázaro Báez sea investigado por lavado de dinero. Se trataría en última instancia de otro ataque por parte del oficialismo contra la denominada “justicia independiente”.

Todo el proceso judicial estuvo marcado a su vez no solo por el accionar de los medios, sino también por el despliegue de toda una serie de amenazas y aprietes contra quienes integran el jury de enjuiciamiento. Entre otras situaciones el fiscal general e integrante del jury, Adolfo Villate, fue amenazado de muerte telefónicamente.

“¿En dónde está ese hijo de puta que quiere juzgar a Campagnoli, ese renacuajo, no tiene miedo que le peguen un tiro?”, le preguntaron una vez teléfono. Este tipo situaciones, según el propio fiscal general, generaron los problemas de salud que afectan a la defensora General de la Nación, María Cristina Martínez Córdoba, quien fuera reemplaza luego de sufrir un pico de presión.

“El problema de salud que tuvo la jueza Martínez Córdoba es motivado por la gran presión de los medios y las redes sociales”, había indicado Villate una semana atrás, quien también fue víctima de pintadas para nada amistosas en la puerta de su domicilio particular.

A raíz de las amenazas y agresiones verbales sufridas por los integrantes del tribunal, el jury de enjuiciamiento dio a conocer este lunes un comunicado de repudio a este tipo de manifestaciones. “A raíz de los hechos que son de dominio público, el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados del Ministerio Público desea repudiar categóricamente ciertas expresiones de las que fueran objeto sus miembros, absolutamente inapropiadas para su normal funcionamiento, así como las amenazas que habría recibido una de las partes”, indica el texto difundido.

Tras conocerse la noticia de la suspensión por esta semana de la audiencia, y el reemplazo de Martínez Córdoba por Leonardo Miño, las críticas por parte de la defensa de Campagnoli, a cargo del ex diputado radical y abogado, Ricardo Gil Lavedra, no tardaron en aparecer. Gil Lavedra sostuvo que “es un papelón a pocas horas de la sentencia”, por lo que “todas las circunstancias que rodearon este proceso da lugar a la suspicacia”.

La investigación y el proceder de Campagnoli no solo contó como más arriba se señalaba, con el beneplácito de los principales medios de comunicación, sino también con el espaldarazo otorgado por la mayoría de los sectores de la oposición quienes, por ejemplo, la semana pasada marcharon junto a un grupo de personas en defensa del fiscal. Entre quienes dijeron presente se pudo ver al titular de la UATRE, Gerónimo «Momo» Venegas, la diputada de UNEN, Elisa Carrió, y el ex diputado, Eduardo Amadeo.

A su vez en la legislatura porteña el suspendido fiscal fue declarado el día 5 de junio “Ciudadano Ilustre” de la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa fue apoyada por los legisladores de UNEN (Gustavo Vera), PRO (Cristian Ritondo) y Confianza Pública (Graciela Ocaña).

Como señalábamos en una nota publicada tiempo atrás, no todos parecen coincidir en este perfil intachable del fiscal de Saavedra. Así lo dio a conocer la Campaña contra la Violencia Institucional, desde la cual se acusó a Campagnoli “de perseguir sistemáticamente, hostigar judicialmente, discriminar de manera violenta, estigmatizar, vulnerar todos los derechos y realizar toda clase de actos de atropello contra los vecinos del barrio, abusando de su cargo de fiscal y tratando como delincuentes a los habitantes del Barrio Mitre por ser pobres”.

Entre estos atropellos se cuenta un álbum con 500 fotos, sobre todo de menores, vecinos de Saavedra, tomadas sin autorización de quienes en ellas se encuentran y utilizadas por Campagnoli para toda esta práctica de hostigamiento y persecución a los habitantes del barrio.