Llega a juicio un caso de trata de personas descubierto por periodistas

En Córdoba hay al menos cinco imputados por un caso de trata de personas. La investigación también involucra a un policía y a los periodistas que descubrieron el caso.

Ayer se realizó en Córdoba la tercera audiencia de un Juicio por trata de personas. Lo relevante es que el “caso” fué descubierto por ADN, un programa periodístico cordobés de gran notoriedad que en 2011 descubrió la existencia de éste delito en pleno centro cordobés, a través de cámaras ocultas. Sus miembros declararon ante el tribunal para deslindar algunas inquietudes.

Los jueces del Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba llamaron ayer a declarar al conductor del programa, Tomás Méndez y a su productor, Marcelo Ariel Castro. Los periodistas debieron aclarar por qué no denunciaron el delito en el momento en que lo conocieron y argumentar sobre una cámara oculta sin el consentimiento de la persona filmada.

En la grabación del programa que ADN emitió el 25 de septiembre de 2011, se puede ver cómo irónicamente la denuncia por ese delito es demorada por cuatro horas, incluso porque los oficiales no querían tomarla por “cuestiones de jurisdicción”. Los periodistas, según el relato del diario La Voz del Interior, fueron abucheados por familiares. Al parecer una de las víctimas afirmó en su declaración que el informe la arruinó y que se siente escrachada. También atestiguó a favor de una de las acusadas mientras le tomaban declaración en la misma sala en donde se encontraban todos los imputados.

El caso

La producción del ADN recibió un llamado con una denuncia en la que se afirmaba que en un prostíbulo en plena Nueva Córdoba (uno de los barrios más céntricos de la ciudad) se explotaba a mujeres de distintos destinos, les sacaban la mitad de lo que ganaban, las mantenían en malas condiciones físicas y eran maltratadas en general. Esto se pudo constatar en uno de los vídeos del informe. Tras dos meses de investigación, de concurrir eventualmente al sitio y de conversar con las mujeres (a quienes se les prohibía hablar con los clientes) lograron realizar otra cámara oculta con la colaboración de una de ellas, quien iba a ser trasladada a Chile en lo que parecía ser un típico caso de trata de personas con fin de explotación sexual.

Los imputados como miembros de la red son Alberto del Valle Mansilla, de 52 años y su esposa Beatriz Rosana del Agnese, que se encuentra radicada en Chile y a quien aún no se le ha pedido la extradición. La hija de ambos, Ivana Kloster se encuentra imputada como “custodia” de las dos chicas mientras las transportaban en un colectivo de la empresa “Andesmar”. Cuando el colectivo se detuvo (tras excusas de la colaboradora), el equipo de ADN junto con el fiscal Senestrari los esperaban afuera. Al ver las cámaras de televisión, Ivana entró en un ataque de nervios en donde pedía desesperadamente hablar con su esposo policía. El conductor, Ramón Jesús Quevedo, de 51 años, también se encuentra imputado como responsable del traslado ya que al parecer conocía los planes de la red.

Según se pudo conocer luego de la audiencia de ayer, el marido policía está imputado por dicha relación y ha pasado varios meses preso. El conductor responsable del traslado de las mujeres desde Córdoba a Santiago de Chile, estuvo detenido por 63 días. De los “peces gordos” no se sabe prácticamente nada. Uno en Chile y el otro acá.

Malos Entendidos

De las dos chicas rescatadas con esa cámara oculta, una de ellas declaró que pensaba que Kloster era una más de las que iban a Chile con la promesa de ganar cerca de veinte mil pesos por los 20 días que dura el pase. Es válido pensar que conocía lo que iba a suceder y la elegía como trabajo, como también existe la posibilidad de presuponer que confiaba en la propuesta y tranquilamente podría comenzar a ser una “nadie” del otro lado de la frontera. También se puede conjeturar que su versión fue irregular al declarar frente a las personas imputadas.

Es muy difícil ahondar sobre los matices legales en casos de explotación sexual en donde se confluyen muchas cuestiones, desde el sueldo que cobran las mujeres, las condiciones en las que viven, su capacidad de consentimiento, las necesidades, entre otras. Aún el juicio se encuentra incipiente y los debates públicos y mediáticos sobre estos temas también. Pero no puede desconocerse y desapegarse del trabajo que realizó la producción del programa, que evidentemente fue muy comprometida.

Mientras la investigación avanza, quedan muchísimas incógnitas para develar ya que es un caso que podría dejar plasmada jurisprudencia relevante sobre el delito en la provincia, y también una reflexión interesante sobre el uso de los medios de comunicación, sobre todo cuando es evidente que las reglamentaciones y la profesión del periodista aún tiene varias lagunas que completar. También serviría para evaluar constructivamente la forma en que son asistidas éstas personas, ya que la Secretaría de asistencia y prevención de las víctimas de trata (creada en 2012 con la Ley 10.060) interviene activamente acompañando a las dos mujeres.

Primera parte del Informe de ADN:

Segunda parte del Informe de ADN:

Lucia Weller, desde Córdoba – @Luciaweller