El gobierno impulsa una nueva ley petrolera

Este lunes la presidenta Cristina Fernández se reunión con todos los gobernadores de provincias petroleras con el objetivo de presentarles un proyecto ley que modifique las actuales regulaciones que rigen en el sector. Mayores beneficios para las inversiones privadas.

Tras la reunión en la Quinta de Olivos, la presidenta junto a varios funcionarios y los gobernadores que asistieron a la reunión, dieron una conferencia de prensa. Allí se informó que acordaron avanzar en la redacción de una nueva ley para la explotación de hidrocarburos -en especial en no convencionales y los denominados nuevos hidrocarburos-, “para lograr mayores inversiones y el autoabastecimiento energético”.

«Nos presentaron un proyecto base para la explotación de hidrocarburos no convencionales. Nosotros le hicimos conocer nuestras inquietudes, y quedamos en volver a reunirnos el próximo lunes, con los aportes que traigamos cada gobernador, con sus equipos técnicos», dijo el gobernador de Chubut y presidente de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), Martín Buzzi.

En la reunión estuvieron presentes -además de Buzzi- los gobernadores de Mendoza, Francisco Pérez; de Jujuy, Eduardo Fellner; de Salta, Juan Manuel Urtubey; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Oscar Mario Jorge; de Neuquén, Jorge Sapag; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Santa Cruz, Daniel Peralta; y de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos.

La presidenta, por su parte, estuvo acompañada por altos funcionarios del Ejecutivo. La delegación estuvo compuesta por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el secretario legal y técnico, Carlos Zannini; el ministro de Planificación, Julio De Vido; el de Economía, Axel Kicillof y el presidente de YPF, Miguel Galuccio (uno de los principales impulsores de la nueva legislación).

Según informó el diario La Nación el proyecto que enviará el Gobierno al Senado contemplará diversos beneficios para las empresas. Entre ellos, una baja en los derechos de importación para equipamiento petrolero, la autorización para exportar hasta 20% de su producción sin gravarlo con retenciones y la libre disponibilidad de los fondos que esas operaciones generen. Estos beneficios no los tiene prácticamente ningún otro sector.

De corroborarse que esto sea así, se extenderá a toda la industria petrolera los mismos beneficios que la presidenta, a través de los decretos 927 y 929, le dio a la empresa norteamericana Chevron para concretar el acuerdo con YPF.

Como contrapartida las provincias deberán perder parte del control que hoy ejercen sobre el sector. Una de las cuestiones señaladas por Galuccio como un inconveniente es la del «acarreo», que es el término con el que se denomina al mecanismo que permite a las empresas provinciales ser parte de los proyectos petroleros como socio activo.

«El acarreo es un sistema que va a dejar proyectos por debajo de su viabilidad. En iniciativas difíciles con retornos de inversión bajos, por ejemplo», dijo Galuccio a principios de mes, al participar de un encuentro organizado por la Universidad San Andrés.

En concreto, las provincias deberán ceder la capacidad que tenían hasta ahora para confeccionar licitaciones de áreas petroleras de acuerdo con su criterio, y tendrán que subordinarse, si la iniciativa prospera, al modelo que estará contemplado en la ley nacional. Eso implica que los gobernadores deberán priorizar la oferta de inversión de las empresas interesadas y las metas de producción, antes que otros criterios.