Se reanudaron los diálogos de paz entre las FARC y el gobierno colombiano

Este martes se volvió a las rondas de negociación que desde noviembre de 2012 llevan adelante las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno colombiano en Cuba. Habían entrado en una pausa para facilitar la realización de las elecciones presidenciales.

La mesa de negociación por la paz entre las FARC y el gobierno colombiano se reanuda poco más de dos semanas después de haber anunciado un acuerdo sobre el tercer punto tratado, el de drogas y cultivos ilícitos, que se suma al de tierras y participación política que ya fueron resueltos.

En la reunión de este martes se comenzó a discutir la metodología para abordar el tema de víctimas del conflicto armado que lleva más de 50 años, uno de los más sensibles de la negociación. El objetivo de este punto es encontrar la forma de resarcir a quienes han sufrido la violencia de la guerra civil.

Las delegaciones están encabezadas por Humberto de la Calle e Iván Márquez, por el gobierno y las FARC, respectivamente. De la Calle afirmó que “los consensos alcanzados en materia de desarrollo agrario, participación política y solución de los cultivos de uso ilícito representan las transformaciones necesarias para que el conflicto jamás se repita”.

El funcionario del gobierno colombiano reiteró además que el proceso “no busca destruir la libertad de empresa ni la propiedad privada, y tampoco da luz verde a las zonas de reserva campesinas, ni ha pactado su desmilitarización”. Todo lo acordado, dijo, “está enmarcado en el espíritu de la Constitución y el Estado de derecho”.

Márquez, por su parte, instó al pueblo colombiano y a su intelectualidad a “respaldar el proceso de paz, independientemente de los resultados de los comicios presidenciales que tendrán segunda vuelta el próximo 15 de junio”. El jefe negociador por parte de la guerrilla agregó: “Colombia toda debe defender el proceso, tenemos que comprometer nuestros más fervientes esfuerzos para lograr el fin del conflicto, pues sin la paz es imposible la concreción de los demás derechos”.

Finalmente reiteró la necesidad de crear una comisión de esclarecimiento de la verdad histórica del conflicto, “que brinde los argumentos necesarios para abordar con objetividad la discusión sobre tema víctimas”.

Esta propuesta de las FARC fue puesta sobre la mesa en agosto de 2013 y si bien el gobierno está de acuerdo plantea posponerla para después que se haya firmado la paz, “para evitar que cause interferencia con las negociaciones que además tienen pendientes los puntos de fin del conflicto y refrendación de lo pactado”, informó el diario colombiano El Espectador.

Según el informe “Basta ya. Colombia: Memorias de guerra y dignidad”, publicado el año pasado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, documentó cerca de seis millones de víctimas en el país producto del conflicto. De este total, 5,71 millones corresponden a casos de desplazamiento forzado. A su vez están registrados 220.000 asesinatos, 25.007 desaparecidos y 27.023 secuestros, además de otros episodios de violencia como masacres, ataques sexuales y reclutamiento forzado.

Sobre este punto, hay algunos antecedentes bajo el gobierno del actual presidente Juan Manuel Santos. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras fue sancionada en julio de 2011 y entró en vigor desde enero de 2012. Esta legislación establece una compensación con medidas administrativas, sociales, judiciales y económicas, individuales y colectivas, a quienes hayan sido víctimas del conflicto armado desde el 1 de enero de 1985.

A su vez, algo que tiene importancia vital en las negociaciones que ahora se reanudan, el año pasado se realizaron Mesas Regionales de Paz. Las mismas fueron organizadas por el Congreso colombiano con el apoyo de la ONU, donde las víctimas pudieron expresar su visión del conflicto y se recogieron más de 4.000 propuestas que fueron enviadas a los negociadores en La Habana.

Finalmente, el trasfondo de esta reanudación del diálogo es el ballotage de las elecciones presidenciales que se realizarán el 15 de junio. Allí se enfrentarán el actual presidente Juan Manuel Santos y el candidato del ex presidente Álvaro Uribe, Óscar Iván Zuluaga.

Mientras Santos ha puesto a las negociaciones de paz como uno de los ejes de su gobierno y campaña electoral, Zuluaga ha cuestionado duramente el proceso y amenazó con suspenderlo si llega a la presidencia.

Esto produjo, entre otras manifestaciones, la redacción de una carta firmada por un amplio espectro de intelectuales colombianos. La misiva manifiesta la preocupación de los firmantes por “la intención del candidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, de congelar las negociaciones y/o exigir a las FARC-EP nuevas condiciones inamovibles”. Además estiman que “tales exigencias podrían conducir al rompimiento del proceso”.

En la carta publicada en la revista Semana, los firmantes instan a las FARC a imprimir «mayor celeridad al proceso» y «demostrar su verdadero compromiso con la paz mediante hechos claros, por ejemplo, con un cese al fuego prolongado y verificable».

El jefe negociador de la guerrilla, Iván Márquez, les respondió justamente el mismo día que se volvió a la mesa de negociación. «Si ha de hablarse de exigencias de celeridad y demostración de compromisos verdaderos con la paz mediante hechos claros, estas deben elevarse a quienes tienen el poder de generar las transformaciones estructurales urgentes que requiere el país», afirmó Márquez.

El vocero insurgente dijo que “si el proceso contara con la más amplia participación de la sociedad y tuvieran mayor publicidad sus evidentes avances, existirían mayores elementos de juicio para una opinión más informada”. Además llamó a los intelectuales a “cuidarse de no emitir juicios que descalifican o colocan a una de las partes como responsable de las carencias que pudiera tener el complejo proceso de paz que tiene lugar desde noviembre de 2012, y muestra importantes avances”.

“Los llamamos a no cesar en su empeño de apoyar este esfuerzo de tanta importancia para el futuro de nuestro país y de sus generaciones futuras, independientemente de los resultados electorales”, concluyó Márquez.

Con Cuba y Noruega como garantes, y el acompañamiento de Chile y Venezuela, estos días las partes seguirán buscando acercarse en posturas a la atención a las víctimas del conflicto primero, para posteriormente abordar los últimos dos puntos ligados al desarme y los mecanismos de refrendación de un eventual acuerdo final.