Una misiva del papa Francisco cuestiona la «mano dura»

Una nueva carta del papa Francisco al juez Eugenio Zaffaroni, mucho menos difundida que la cuestionada misiva anterior, toma posición en contra del endurecimiento de las penas como forma de combatir contra el delito y cuestiona el rol de los medios de comunicación masivos.

En el día de la fecha se dio a conocer una carta del papa Francisco dirigida a Eugenio Zaffaroni, en su carácter de Vicepresidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP) y de Secretario Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología (ALPEC) en la que se pronuncia claramente contra la política del endurecimiento de las penas como forma de combatir la criminalidad, recuerda que la delincuencia “hunde sus raíces en las desigualdades económicas y sociales”, denuncia la superpoblación en las cárceles y cuestiona la utilización “con fines sensacionalistas” de las noticias policiales por los medios de comunicación.

La misiva, fechada el 30 de mayo, fue dada a conocer por el abogado penalista Roberto Carlés, redactor y coordinador de la Comisión de Reforma del Anteproyecto del Código Penal a través de su cuenta de Twitter en el día de ayer, y se encuentra dirigida al juez Eugenio Zaffaroni. En ella, el Papa Francisco saluda a los participantes de los próximos XIX Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Derecho Penal (a realizarse en Río de Janeiro, Brasil) y del III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología (Tegucigalpa, Honduras), les desea un buen trabajo en los foros y les agradece “por su servicio a la sociedad y su contribución al desarrollo de una justicia que respete la dignidad y los derechos de la persona humana, sin discriminación, y tutele debidamente a las minorías”.

Carles, en la nota publicada en Tiempo Argentino acerca de la carta, señala: «Este mensaje llega en un contexto de reformas a la legislación penal de buena parte de América Latina, cuyas facciones son talladas -una vez más- por la demagogia política, la irresponsabilidad mediática y los intereses de los países hegemónicos, estos últimos interesados en imponer una política criminal global, centrada en el control de los flujos de migrantes, de información y de dinero, que configure el nuevo rostro de la penalidad, sin por ello abandonar del todo la «guerra» contra las drogas y el terrorismo».

Más allá de la indiscutible dimensión internacional que le pretende dar Carlés al debate y al hecho concreto de que la carta apunta formalmente a dos eventos penales internacionales (que hasta el momento no han tenido mayor difusión mediática y para los que aún faltan meses), lo cierto es que con su misiva Franscisco se posicionó claramente en la discusión nacional sobre la reforma del Código Penal y cuestionó, sin nombrarlos, a sectores como los representados por el referente del Frente Renovador Sergio Massa que abogan en el sentido de una mayor “mano dura” contra el delito.

Basándose en la necesidad de un enfoque multidisciplinar del Derecho Penal, Francisco sostiene que al respecto “también la Iglesia quiere decir una palabra, como parte de su misión evangelizadora” y desarrolla la mirada eclesiástica respecto del delito en tres apartados: La satisfacción o reparación del daño causado, la confesión y la contrición. Allí el Papa plantea, por ejemplo, que “hay una asimetría necesaria entre el delito y la pena, que un ojo o un diente roto no se remedia rompiendo otro”. “Se trata de hacer justicia a la víctima, no de ajusticiar al agresor”, agrega, profundizando en sus recientes cuestionamientos al reciente fenómeno de los linchamientos.

Luego señala que “sería un error identificar la reparación solamente con el castigo, confundir la justicia con la venganza, lo que sólo contribuiría a  incrementar la violencia, aunque esté institucionalizada”. Y, tomando clara posición en un debate político nacional que no sólo involucra al ya citado Massa sino también muy claramente a la política de Emergencia de Seguridad para la provincia de Buenos Aires impulsada por el gobernador Daniel Scioli, plantea: “La experiencia nos dice que el aumento y el endurecimiento de las penas  con frecuencia no resuelve los problemas sociales ni logra disminuir los índices de delincuencia. Y además se pueden generar graves problemas para las sociedades, como son las cárceles superpobladas y los presos detenidos sin condena”. Profundizando en el cuestionamiento a las instituciones supuestamente destinadas a la “rehabilitación” de los detenidos, más adelante señala: “Si al delincuente no se le ayuda suficientemente, no se le ofrece una oportunidad para que pueda convertirse, termina siendo víctima del sistema”. Y agrega que hay que hacer lo posible por ayudarlo y educarlo para que “logre replantear su vida sin quedar aplastado por el peso de sus miserias”.

En ese sentido, también plantea muy claramente algo que la demonización política, judicial y mediática de la figura del “delincuente” suele omitir: que la delincuencia “muchas veces hunde sus raíces en las desigualdades económicas y sociales, en las redes de corrupción y en el crimen organizado, que buscan cómplices entre los más poderosos y víctimas entre los más vulnerables”.

Francisco concluye su misiva señalando que el “gran reto” será que las medidas que se adopten “no se contenten con reprimir, disuadir y aislar a los que lo causaron sino que les ayuden a recapacitar, a transitar por las sendas del bien y  a ser personas auténticas que lejos de sus miserias se vuelvan ellas mismas misericordiosas”.

Pero el papa también se reserva un párrafo para señalar la responsabilidad de los medios de comunicación en cuanto a la construcción de un clima social y a la instalación de ciertos temas: “Los medios de comunicación, en su legítimo ejercicio de la libertad de prensa, juegan un papel muy importante y tienen una gran responsabilidad: de ellos depende informar rectamente y no contribuir a crear alarma o pánico social cuando se dan noticias de hechos delictivos. Están en juego la vida y la dignidad de las personas, que no pueden convertirse en casos publicitarios, a menudo incluso morbosos, condenando a los presuntos culpables al descrédito social antes de ser juzgados o forzando a las víctimas, con fines sensacionalistas, a revivir públicamente el dolor sufrido”.