Cybercensura: los gobiernos contra las redes sociales

En la última década las plataformas digitales de comunicación se han incrementado potencialmente y esto preocupa a los gobiernos que pretenden restringir la libertad del ciberespacio.

En la última década, las plataformas digitales de comunicación han incrementado y evolucionado su rol protagónico en todos los ámbitos, algo que preocupa a los gobiernos que pretenden restringir la libertad que reina en el ciberespacio, donde cualquier usuario puede emitir informaciones o denuncias sobre aspectos sociales, económicos y, por supuesto, políticos. Las redes sociales se convierten entonces en un asunto de estado para la clase política. La potencialidad y alcance de estos medios se vieron reflejados claramente en la llamada Primavera Árabe, que se desató en 2010 cuando se produjeron una serie de alzamientos en Egipto, Túnez y Libia. Expertos en el tema consideran que Twitter y Facebook fueron, en ese momento, canales alternativos de información, movilización y organización para la sociedad.

El caso más reciente de restricciones se conoció ayer: más de 30 millones de cuentas de Facebook fueron bloqueadas en Tailandia, a poco menos de una semana de que los militares dieran un golpe de Estado para asumir el poder y censuraran los medios de comunicación. También allí interrumpieron 229 sitios web con la premisa de que estos son “una amenaza para la seguridad nacional”.

Tal es la influencia de las redes sociales en la arena política, que muchos funcionarios las definen como un problema de orden público o como “la peor amenaza para la sociedad”, palabras de Recep Tayyip Erdongan, el primer ministro de Turquía. De ese pensamiento se desprenden las medidas legales que quiso implementar en su país. Erdogan ordenó bloquear Twitter y YouTube, por difundir audios y mensajes que involucraban a varios oficiales cercanos en un escándalo de corrupción. Un acto avasallante que atenta contra las libertades de los ciudadanos y activistas turcos.

Otro claro ejemplo es la campaña que se lleva adelante en España para “criminalizar los malos usos de estos medios”. El Ministro del Interior de ese país, Jorge Fernández Díaz, comunicó que realizarán una investigación para determinar si es posible considerar algunos mensajes como delitos y se verá cómo establecer leyes que persigan indebidos comportamientos en Internet. Asimismo, remarcó: “Si los mensajes hacen apología del delito y fomentan el odio, son conductas que están tipificadas en el Código Penal. Di orden a la policía de que investiguen actuaciones que pueden ser constitutivas de delitos. Entre todos debemos contribuir a concientizar a la sociedad, combatir el ciberdelito, fomentar la seguridad en la red y limpiar a los indeseables de las redes sociales”.

Por su parte, Facebook publicó, en su informe de transparencia, que funcionarios gubernamentales de 74 países han pedido información sobre 38.000 usuarios durante el primer semestre del 2013. El documento asegura que “la mayoría de las solicitudes están relacionadas con casos criminales, como robos o secuestros”. Y agrega que, en muchos casos, las peticiones estatales buscan información básica del suscriptor (como el nombre y la duración del servicio). Aunque, en algunas ocasiones, también “pueden pedir registro de direcciones de IP o contenido de cuenta real”.

Es evidente que la digitalizada contemporaneidad en la que estamos inmersos ha cambiado el sentido de la comunicación unidireccional. Nos encontramos frente a una realidad virtual que se basa en el feedback y en la retroalimentación. ¿Será por eso que algunos políticos están empecinados en recortar libertades en este medio?

Nahir Di Tullio @nndt