Granados vuelve a autorizar detenciones en calabozos de comisarías

El ministro de Seguridad bonaerense Osvaldo Granados autorizó que se vuelvan a utilizar unos 200 calabozos en comisarías, clausurados años atrás por severas deficiencias edilicias. El Plan de Emergencia en Seguridad bonaerense y su impacto real en cuando al hacinamiento carcelario y la violación de derechos humanos.

La resolución 642 del ministro de Seguridad bonaerense Osvaldo Granados deja de lado lo dispuesto por la resolución 3340 de 2011, del entonces ministro de Seguridad Ricardo Casal, que determinaba el cierre “definitivo” de los calabozos de 49 comisarías de la Provincia de Buenos Aires. La resolución ahora cuestionada por Granados se desprendía de lo mandatado por un fallo de la Suprema Corte de Justicia de 2005 (conocido como “fallo Verbitsky”) que cuestionaba las condiciones inhumanas de hacinamiento de los detenidos en las comisarías bonaerenses, particularmente durante el período de gobierno de Carlos Ruckauf.

Pero, en el marco de una disputa preelectoral signada por anuncios cosméticos, el pasado 5 de abril el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, dio luz verde al llamado Plan de Emergencia en Seguridad para todo el territorio provincial. El plan anual anunciado contemplaba la implementación de una serie de medidas políticas, legislativas y económicas para luchar contra el “ataque cruel y salvaje de una delincuencia de características violentas y sin precedente”, según palabras del gobernador. Entre ellas: convocatoria inmediata al servicio a más de 5000 agentes policiales o penitenciarios retirados, creación de 8 nuevas alcaldías en la provincia, proyecto de ley para crear 10 nuevas fiscalías especializadas en narcotráfico, inversión de 600 millones de pesos en equipamiento policial.

Uno de los primeros impactos de este cuestionado plan de seguridad provincial ha sido que las razzias y los megaoperativos policiales han incrementado la población carcelaria, lo que obligó a rehabilitar unos 200 calabozos que habían sido clausurados entre 2011 y 2012 por no estar en condiciones de alojar dignamente a los detenidos.

En un intersante artículo publicado en el día de la fecha en Página 12 las especialistas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Paula Litvachky y Anabella Museri plantean que los anuncios exitistas del gobierno provincial en cuanto a los resultados de su Plan de Emergencia de Seguridad “habla más de la perspectiva sobre la seguridad y los derechos humanos que está detrás de los anuncios que de la eficacia del plan para reducir el delito y la violencia”.

Las integrantes del CELS señalan que a 45 días del inicio del plan el informe que dio a conocer el gobernador Scioli hace unos días plantea un “balance alarmante por los indicadores que se utilizan para construirlo”: “El éxito de las políticas de seguridad se mide por la cantidad de detenciones y por la cantidad de «delincuentes abatidos». Según la información oficial, en 45 días hubo 15.900 detenidos (355 por día), 164 enfrentamientos, 62 delincuentes heridos y 35 abatidos por la policía. El gobierno afirmó que hubo 13.000 delitos esclarecidos, pero sin información respecto de qué delitos y qué implica ese esclarecimiento”.

En la actualidad existen más de 31.200 personas privadas de su libertad en la provincia, el 60 por ciento de las cuales no tiene sentencia firme. En los últimos cuatro meses la población carcelaria en la provincia aumentó casi un cinco por ciento, llevando el porcentaje de personas presas en relación con la cantidad de habitantes a la cifra más alta de los últimos 15 años: 197 detenidos por cada 100 mil habitantes (en 2008 era de 179).

Este incremento, “mayor que la tasa nacional”, señalan Litvachky y Museri, “se explica sobre todo por la orientación de las políticas de seguridad, los mensajes a fiscales y jueces y el incentivo a la policía para que multiplique detenciones y operativos de control e “interceptación” (razzias). La base del aumento de las detenciones son los delitos callejeros. No se avanza en la investigación de los mercados ilegales ni de los delitos complejos. La Policía Bonaerense sigue controlando el territorio y definiendo el destino de la mayoría de las investigaciones penales”.

En ese sentido advierten las especialistas del CELS que esta política represiva puede desembocar en el mismo tipo de situación que se planteó 13 años atrás durante la gestión Ruckauf, cuando se desató una importante crisis de hacinamiento en las cárceles de la provincia, lo que implicó un “colapso del sistema carcelario y la violación masiva de los derechos humanos de las personas detenidas”.

Los cuestionamientos a la decisión de Granados también se dejaron sentir desde las filas del oficialismo. La senadora de NE Mónica Macha, presidenta de la Comisión de DD.HH. y Garantías del Senado provincial, sostuvo que “volver a detener personas en comisarías es un claro retroceso en materia de DD.HH.” y agregó que “esta resolución va en contra de la responsabilidad del Estado de no tener personas detenidas en comisarías y vuelve a traer problemas del pasado como el hacinamiento”.

Por su parte, el director Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria, Rodrigo Pomares, afirmó en entrevista cdon Infocielo: “Es una medida desacertada y regresiva. Se vuelve a habilitar a los calabozos con orden de cierre definitivo, algo que se aleja de tratados internacionales y de una política de seguridad progresiva”.