¿Quién para la olla? Sobre el ajuste y la barriada

Por Agustin Burgos y Juan Manuel Erazo. No es una generalidad hablar de la relación entre el estado del tiempo y la economía. Pero en la compleja realidad de nuestro país comienza a tomar relevancia esta combinación y en los hogares de las grandes mayorías laburantes gana un espacio cada vez más cotidiano la sentencia popular de que “va a ser duro pasar el invierno”.

Políticas que aborrecen al vacío (pero no al vaciamiento)

La brusca devaluación del peso acordada por el gobierno y “los ganadores del modelo” a fines de enero, así como el crecimiento de la inflación por arriba de los tres puntos porcentuales mensuales, según los propios datos oficiales en enero y febrero, marcan la agudización de las tensiones económicas que se vienen expresando, al menos desde hace tres o cuatro años, en nuestro país.

Sobre el final de su mandato el Gobierno nacional define su política económica favoreciendo a los sectores económicamente concentrados (grandes exportadores de cereales, bancos y financieras, sectores vinculados a la especulación inmobiliaria) y ejecuta un ajuste económico que se carga sobre los amplios sectores trabajadores. Los techos a las negociaciones paritarias, los incrementos absolutamente insuficientes de las jubilaciones y planes sociales, así como aumentos en el transporte y los servicios de agua y gas, son solo algunos elementos que emergen de esta decisión gubernamental.

Esto indica que, mientras los que “la levantaron en pala” durante los últimos 11 años no perderán un solo peso, los sectores populares de nuestro país tendrán que empezar a rebuscárselas cotidianamente para “parar la olla”.

LA Provincia, un candidato y la caja. 

Buenos Aires es la provincia que concentra cerca del 30% de la población de nuestro país y en su seno se condensan las más profundas desigualdades y abismos sociales. Si hay algo que abunda son los contrastes entre un modelo de vida que prioriza el lujo y los derechos adquiridos a partir del dinero y las condiciones de vida de las grandes mayorías que sufren cotidianamente las consecuencias de un Estado cada vez más ausente.

No hay duda de que la debacle en el sistema de salud y educación, iniciado en los años ´90, no solo se ha enraizado, sino que se ha profundizado. Escuelas y hospitales públicos comparten tristes condiciones que combinan la falta de inversión en infraestructura, ausencia de insumos y materiales de trabajo, con magros salarios y formas cada vez más precarias de trabajo.

Acompañan estos “déficit estructurales” la enorme necesidad de viviendas y el flagelo de la juventud que no tiene posibilidad real de estudiar ni trabajar, convirtiéndose así en la presa dilecta de la redes de narcotráfico y delito.

En este contexto, las prioridades del gobernador Daniel Scioli se ordenan en función de su ya indiscutida voluntad de ser candidato presidencial en las elecciones del 2015, abriéndose su lugar en la interna del PJ. Resulta imposible obviar lujosos carteles en autopistas que anuncian su candidatura, erguidos por encima de casillas de cartón que parecen arrojadas de a puñados a la orilla del camino.

En ese tren de “dejar una buena gestión de gobierno”, reduce el gasto al extremo cerrando comedores escolares, cortando el abastecimiento de alimentos y becas a hogares de niños e incumpliendo acuerdos salariales con los trabajadores del estado y la educación. Justo en un momento donde la economía tiende a castigar al pueblo trabajador, el gobernador se esmera en “hacer escuela” mostrando cuales deben ser las posibles recetas si es que le toca conducir el destino de los argentinos.

Mientras tanto el debate de los índices sigue abierto. Según el gobierno nacional la cifra de aumento de la pobreza en el primer trimestre de 2014 es de un 4,7%, mientras que según el Centro de Investigación y Formación de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) la cifra ha aumentado al 18,2%. Ninguna política de ajuste es gratuita, los costos llegan, tarde o temprano. A las internas por arriba, le siguen los conflictos por abajo, que van en aumento.

El malestar social en aumento

Como quedó demostrado en el último conflicto docente, ya nada es meramente gremial, ya nada es meramente barrial. La respuesta masiva de la comunidad educativa ante el reclamo docente (y la incorporación de nuevos reclamos que van más allá de lo salarial) dejo en evidencia un profundo malestar ante el vaciamiento de la educación y la salud pública que expresa la necesidad de, por lo menos, una inmediata inversión en infraestructura escolar y sanitaria.

Las masivas manifestaciones en municipios como La Matanza y La Plata son muestras cabales de un malestar que se manifiesta general, y marca un mojón claro de la capacidad de resistir un panorama de ajuste de parte del pueblo en su conjunto.

En este escenario que estará atravesado por las tensiones de un pueblo que ve día a día empeorar sus condiciones de vida y, de a poco, expresa su voz en la calle, el gobierno nacional y el de la provincia van recrudeciendo la política represiva que se prepara para “contener” el conflicto social. Muestra clara de ello es el Proyecto de Ley Antipiquetes presentado por el Kirchnerismo en la Cámara de Diputados de la Nación.

Signado por una creciente conflictividad social, el escenario del país y la provincia lejos está de aquietarse. Van ganando protagonismo articulaciones de diversos sectores como organizaciones territoriales, gremios estatales y docentes, que se unen para expresar demandas comunes. Las cartas comienzan a echarse sobre la mesa, el juego no está definido de antemano. Habrá que probar si la mejor defensa es el ataque y si este pueblo esta definido a armar un full.