Memorándum en suspenso

La Cámara Federal hizo lugar a un recurso de amparo presentado por la DAIA y la AMIA y en segunda instancia resolvió declarar inconstitucional el memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán. La respuesta brindada por el Ejecutivo nacional y la situación de la causa a casi 20 años del atentado.

La Cámara Federal declaró inconstitucional el memorándum de entendimiento que Argentina y la Republica Islámica de Irán habían celebrado el año pasado, por medio del cual ambos países buscaban resolver el atentado de la AMIA y hacer justicia en una causa paralizada hace más de una década.

La Sala I de la Cámara dictaminó el jueves por la tarde que “no se de comienzo a la ejecución del Memorándum de Entendimiento aprobado por Ley 26.843, mientras transiten las eventuales vías recursivas que contra la presente puedan ser deducidas”. Le ordenó también al juez Rodolfo Canicoba Corral que le exija nuevamente a Irán la extradición de los sospechosos del atentado.

El memorándum había sido aprobado por el Congreso argentino el 28 de febrero de 2013, tras fuertes cruces entre el gobierno y la oposición, y en medio de las críticas de la DAIA y la AMIA. Posteriormente fue girando a Irán para su tratamiento. El parlamento del país persa nunca lo tomó en consideración, pero finalmente había sido aprobado de forma expeditiva por el presidente saliente Mahmud Ahmadinejad en mayo del año pasado y refrendado luego por el líder supremo de la revolución, el ayatola Alí Jamenei.

La aprobación del acuerdo entre ambos países significó en Argentina el inicio de su judicialización. La DAIA y la AMIA habían resuelto presentar en abril un recurso de amparo que buscaba la declaración de inconstitucionalidad. El recurso cayó en manos del juez Canicoba Corral, quien en primera instancia desestimó el pedido. Tras apelar, la Cámara Federal resolvió proceder de acuerdo al recurso de amparo.

Desde el Ejecutivo nacional la respuesta no tardó en llegar. En conferencia de prensa, el ministro de Justicia Julio Alak, y el canciller Héctor Timerman, salieron al cruce de la decisión judicial y defendieron el memorándum. El eje principal de las declaraciones de ambos funcionarios fue la intromisión de la justicia en un tema sobre el cual no debería expedirse.

Para Timerman se trató de “una invasión sin precedentes”. “A partir de ahora, cualquier país antes de firmar un tratado con la Argentina tendría el derecho de exigir que el Poder Judicial lo autorice”, ironizó el ministro de Relaciones Exteriores. Por su parte Alak anticipó la estrategia del gobierno y sostuvo: “El Poder Ejecutivo va a apelar esta decisión en todas las instancias correspondientes, entendiendo que el último intérprete es la Corte Suprema”.

Ambos funcionarios hicieron especial énfasis en el hecho de que el memorándum es una herramienta más en la búsqueda de justicia, y una llave que permita destrabar una causa que lleva años parada. Elogiaron también lo actuado por Canicoba Corral.

Tras conocerse la noticia, la oposición avaló la decisión judicial y fustigó al gobierno por haber llevado adelante el memorándum con Irán. “Claramente la Justicia resolvió lo que desde el principio sabíamos que tenía que pasar”, afirmó el diputado del Frente Renovador Sergio Massa. Su par de Unen, Elisa Carrió, agrego: «La firma del memorándum causó un grave daño a la Argentina, al convertirla en un país incapaz de sostener seriamente una postura o de mantener una política exterior de Estado, en un tema que la afecta directamente, con la firmeza que la envergadura del caso amerita”.

También mostraron conformidad en lo actuado por la justicia la AMIA y la DAIA. “Esto da respuesta a los reclamos que han hecho las instituciones internacionales tanto judías como no judías. Todos estaban en contra del memorándum porque esta no era la herramienta adecuada”, sostuvo Jorge Knoblovits, secretario general de la DAIA.

Un memorándum con extenso recorrido

El memorándum de entendimiento había sido firmado entre los cancilleres argentino e iraní, el 27 de enero de 2013 en Etiopía. Planteaba la conformación de una «comisión de la verdad», integrada por cinco juristas, dos de ellos elegidos por Argentina, otros dos por Irán y un último consensuado entre ambos países. La tarea de estos juristas debía ser la de analizar toda la documentación presentada por fuentes judiciales y elaborar posteriormente un informe con las conclusiones obtenidas. El acuerdo incluía también la realización de una audiencia en Teherán, donde el juez Canicoba Corral y el fiscal Alberto Nismann, pudieran tomar declaración indagatoria a los ex funcionarios iraníes acusados del atentado, con captura internacional por parte de Interpol.

Desde un primer momento tanto la oposición como la DAIA, la AMIA, y APEMIA (Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA), bajo distintos argumentos se opusieron a que el memorándum llegara a buen puerto. En Irán, el parlamento tampoco mostró voluntad política de tratarlo en alguna de sus sesiones, por lo que terminó siendo aprobado por el presidente Ahmadinejad mediante un decreto del ejecutivo.

Tras el recambio gubernamental en el país islámico, Timerman y su par iraní, Javad Zarif, se reunieron en Estados Unidos y decidieron avanzar en el cumplimiento del acuerdo. En aquella ocasión el canciller argentino había afirmado: “Argentina va a cumplir con todo lo que dijo y, por lo que me dijo el canciller Zarif, Irán también va a hacerlo con todo lo que acordó”. Sin embargo, y tras esta reunión acontecida en septiembre, el memorándum se convirtió en letra muerta. Tal es así que Argentina había reforzado durante este último tiempo sus vínculos con Israel, algo alicaídos, y la propia presidenta Cristina Fernández le pidió a la oposición durante la apertura de las sesiones legislativas de este año, encontrar un camino que permita hacer justicia.

La causa AMIA enfrenta una parálisis desde hace más de una década, en un proceso judicial donde gran parte de sus actores han actuado sistemáticamente para evitar obtener las respuestas necesarias. Al día de hoy no existen detenidos, ni un nombre concreto, y ni siquiera se ha podido probar que se trató de un atentado suicida.

El accionar en su momento del juez Juan José Galeano, a la postre apartado de la causa, negó la posibilidad de establecer la conexión local del atentado, mientras la conexión iraní está construida sobre pistas extremadamente endebles. Las pruebas presentadas por el fiscal Nismann sobre la responsabilidad de los funcionarios iraníes en la participación del ataque, están elaboradas a partir de informes de la CIA y el MOSAD, lo cual no solo implican una total parcialidad, sino que son inválidas como elementos judiciales.

La posibilidad que abre el memorándum de poder viajar a Irán para tomar declaratoria, ya que el recurso de la extradición se encuentra vetado por la propia constitución iraní, ofrece el único camino para destrabar la causa, tras la parálisis en la cual se encuentra sumida.