Banco de tierras para garantizar acceso a la vivienda

Por Moises Elli. Ante la crisis habitacional crónica, escasean las soluciones estructurales que permitan garantizar el derecho a la tierra y la vivienda por sobre el negocio inmobiliario y la especulación financiera. Se presentó en Lujan una propuesta de ordenanza para un banco de tierras como posible solución.

El proyecto de ordenanza para un banco de tierras municipal tiene como fin la creación de un organismo que cumple la tarea de recuperar inmuebles para reutilizarlos en función del desarrollo urbano para sectores populares con dificultades para acceder a la vivienda. La inicitiva fue presentada a principios de 2014 por el Movimiento de Trabajadores Comunitarios del Frente Popular Dario Santillán – Corriente Nacional, ante la Secretaría del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Luján .

Estos bienes inmuebles privados abandonados que se buscar recuperar (tierras, terrenos, casas, galpones, etc.), se encuentran en desuso, con deudas o son bienes fiscales a los cuales los municipios cobran multas pero que no avanza con la expropiación para su reutilización, por lo que en general, sobre todo en el caso de inmuebles fiscales, terminan siendo utilizados en negocios con inmobiliarias o punteros políticos.

Cerca de 4 mil familias en Lujan no tienen acceso a la tierra y a la vivienda, gran parte de la sociedad está condenada a pagar alquileres altísimos y las soluciones que surgen son solo de corto plazo. Mientras tanto, proliferan hace más de una década los emprendimientos privados, que con grandes excepciones administrativas y legales ocupan los márgenes de la ciudad, donde ésta debería estar desarrollando su crecimiento urbano, dado su déficit habitacional. Todas las energías gubernamentales están destinadas a beneficiar interesadamente el negocio inmobiliario

Por este motivo el distrito de Luján es, paradójicamente, un lugar sin tierras pero con tierras. Entre el monocultivo de soja y el negocio de los countries y las chacras, el ciudadano común no accede a la vivienda única, no tiene cubierto el derecho constitucional del artículo 14 bis. Mientras que los grupos económicos siguen su curso, con las inmobiliarias y los funcionarios de su lado.

Esta iniciativa responde a una problemática que no se agota en el conurbano bonaerense. La dificultad para el acceso a la vivienda se expresa también en el crecimiento de las villas miserias, tanto en el Gran Buenos Aires como en Capital Federal, situación que se evidencia en las diversas medidas que organizaciones sociales y políticas impulsan en torno a la cuestión, como es el caso actual de la “Carpa Villera” ubicada desde mediados de abril en el Obelisco en reclamo de planes de urbanización, regulación de alquileres y subsidios habitacionales.

El plano nacional no es mucho más alentador. En la mayor parte de las ciudades del país la tierra ha pasado a ser un bien comercial por excelencia; el ahorro en ladrillos y la superexplotación agropecuaria del monocultivo de soja ocupan las grandes extensiones del territorio nacional, mientras los márgenes se siguen poblando de barrios privados para albergar, en su gran mayoría, a personas que viven en las capitales y buscan un lugar de descanso lo más aislado posible.

El gobierno nacional, mediante el plan Pro.Cre.Ar, pareció querer acomodar la situación, intervenir en el libre juego del mercado para regular los precios de la tierra y fijar condiciones más claras y justas. Pero no dio el resultado esperado, los precios se disparan, la especulación continúa, y para los beneficiarios de la línea compra de lote y construcción se les hace cuesta arriba conseguir la tierra en el monto máximo que el plan aprueba, que es de 150 mil pesos.

Los códigos de ordenamiento urbano (COU), que tienen como fin la definición del crecimiento de las ciudades, la organización del territorio de manera equitativa y el límite del negocio privado, no cumple con esta tarea, sino que se sancionan códigos que favorecen al desarrollo de zonas residenciales con excepciones escandalosas y graves denuncias de corrupción para los funcionarios públicos, quienes tienen el deber de desarrollar y aprobar proyectos que sean beneficiosos para los ciudadanos comunes. Es así que en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tan sólo unos pocos municipios poseen bancos de tierras y cuentan con códigos de ordenamiento urbano antiguos y desactualizados.

El conflicto que se presenta es el modelo de ciudad, con dos posibles salidas: una ciudad inclusiva, con participación ciudadana, de organizaciones sociales y políticas, en conjunto con los medios y las herramientas del estado; o este desarrollo de ciudades de manera hegemónica y beneficiosa sólo para una porción minoritaria de la sociedad.

Luján era otra ciudad hace quince años. Con la llegada de la autopista, emprendimientos inmobiliarios comenzaron a pensar en el oeste del Gran Buenos Aires como un inmenso Pilar, basta ver los suplementos sobre arquitectura de los principales matutinos, para darse cuenta que ese proyecto ha avanzado bastante.

Como siempre, está en cuestión lo que significa “crecimiento económico” y “desarrollo urbano” para la vida de amplios sectores sociales que viven de sus ingresos, en el marco del capitalismo serio en fase de desgaste que estamos transitando. El último censo nacional arrojó que en Lujan existen cerca de 7 mil viviendas en estado ocioso, es decir, que no hacen falta casas, sino políticas; no hace falta tierra, sino organización.