Córdoba: El código esta en falta con los pibes que faltan

Lautaro Torres tenía 16 años, el 13 de Abril recibió 4 disparos por la espalda que terminaron con su vida. ¿El asesino? Una policía de civil que portaba una 9 mm en su bolsillo y que actuó en defensa propia, según la versión de la institución policial.

Lautaro dejó de ser un pibe más, de un barrio más de la ciudad de Córdoba. Lautaro se convirtió en otro pibe que falta en la larga lista de asesinados por la policía de Córdoba. Los asesinados son muchos desde hace mucho tiempo, y en este mes se agregaron tres vidas a esa lista de muertes: Lautaro Torres, Exequiel Barraza y Ezequiel Ávila.

“Al Lauti le decían ‘jugo de mora’ porque era negrito”, contaba sonriendo la tía de Lautaro Torres. Lo extrañan mucho, se nota. Muestran fotos y cuentan anécdotas, los amigos pasan y dan su versión. Acá nadie se olvida de él. La familia había recibido varias amenazas de que lo iban a encontrar muerto: “En una bolsa”, le decían a Natalia Suárez, su mamá. También les allanaron la casa en varias oportunidades, sin orden, porque no tienen la escritura del terreno que usurpan.

Ese 13 de abril salió a comprar y recibió cuatro balazos por la espalda, dos según la versión de la policía. Los disparos los efectuó una oficial que se encontraba de civil y según explicaron las autoridades policiales, se defendió legítimamente del intento de robo de un celular y de unos disparos que en la realidad nunca se efectuaron, ya que a Lautaro le plantaron un arma. La parafina dio negativo, no hubo disparos y ese arma no le pertenecía. Aun así la oficial Eliana Cabrera se encuentra libre porque existe una sospecha leve sobre ella de parte de la Justicia.

La noche que muere Lautaro, a Natalia se la llevan detenida hasta las tres de la tarde del día siguiente porque había entrado en un ataque de nervios tras conocer el deceso de su hijo y romper un vidrio. La policía rodeaba el hospital desde antes que los familiares llegaran y sus amigos cuentan que la oficial que le había dado los cuatro disparos, lo mantenía a Lautaro esposado, pisándole la cabeza, “verdugueándolo al chico mientras agonizaba”, describía su amigo Nico. Y así lo mantuvieron bastante tiempo por miedo a que se escapara.

Para la familia del joven la versión que da la policía es falsa y denuncian que estuvo todo armado para matarlo. “Cuatro disparos van a matar, eso no es defensa propia”, declaró angustiada la mamá. Quién además sostuvo que la policía lo tenía de punto a su hijo y que cualquier cosa que pasaba le echaban la culpa a él e irrumpían en el domicilio violentamente con motivos para amedrentarlo y amenazar a la familia. Actualmente el papá de Lautaro se encuentra como querellante en la causa iniciada a la oficial por Homicidio por abuso de arma de fuego, mientras la Fiscal Dolores Romero Díaz investiga los hechos para determinar si realmente se trató de una legítima defensa o si efectivamente éste es otro caso de gatillo fácil.

Ellos tienen el poder

Los familiares de éstos chicos están acorralados por la (in)justicia y por la pasividad de una sociedad que invisibiliza estas muertes con argumentos cada vez más estigmatizadores. La portación de cara, de gorra, de barrio son los argumentos que aparecen en los medios, que declaran las autoridades policiales y que le dan el visto bueno a éstas prácticas policiales muy arraigadas en nuestro sistema, en donde torturar, secuestrar, matar gente y simular suicidios está aceptado en nombre de la seguridad. En éste contexto, éstos chicos se convierten en la nada misma y en un caso perdido dentro del circuito de la violencia estructural y corrupción que caracterizan a éstas instituciones y a los gobernadores que invierten muchísimo presupuesto en sostener una estructura enorme de seguridad que básicamente brinda inseguridad y aplica la mano dura, la violencia y la represión como política pública. Las organizaciones sociales exigen que se redireccionen las políticas y los fondos para generar inclusión social y que la seguridad sirva para garantizar los derechos humanos, no violarlos.

El código de faltas de ésta provincia le otorga a los policías un poder abusivo. En Córdoba, según estadísticas oficiales, cada 13 minutos detienen a una persona y cada 28 horas asesinan a alguien. El año pasado la policía de la provincia realizó más de 15 mil detenciones por el código de faltas, que además de arbitrario y ambiguo, es un fuerte aparato de estigmatización social y legitimador de las prácticas represivas que violan los derechos de todos los ciudadanos todos los días. No brinda seguridad, brinda exclusión e impunidad.

Lucía Weller, desde Córdoba – @Luciaweller