La obstinada presencia del piquete

Por Ulises Bosia. El kirchnerismo presentó en el Congreso esta semana un proyecto de ley para “regular” las manifestaciones públicas, tal como había adelantado la propia Cristina en el discurso de apertura de las sesiones legislativas a comienzos de marzo.

El texto se caracteriza por distinguir entre protestas legítimas e ilegítimas, de acuerdo a una serie de condiciones entre las que se destaca la necesidad de notificar a las autoridades policiales con 48 horas de anticipación ante cualquier manifestación y que cualquier protesta no implique cortes totales de calles o rutas. Como consecuencia, las protestas consideradas ilegítimas podrán ser dispersadas por las fuerzas de seguridad.

Como era de esperarse, en el conjunto de las organizaciones populares, políticas, sociales y de derechos humanos, surgieron fuertes voces de disenso con este proyecto. Tanto desde el interior del kirchnerismo, como desde organizaciones ubicadas en los distintos sectores de la izquierda y la centroizquierda se rechazó el proyecto de ley, se marcó la contradicción con el tradicional discurso kirhnerista referente a la no represión de la protesta social y se relacionó esta iniciativa con el contexto actual de dificultades económicas y sociales.

De la resistencia al neoliberalismo a la “crisis del campo”

Desde el proceso de resistencia al neoliberalismo que comenzó a fines de los años noventa, la acción directa en las calles es la forma más visible de la protesta social, popularizada en la forma del “piquete”.

Si en un principio se trató de una herramienta de la porción de la clase trabajadora desocupada y excluida, que había sido despojada hasta de sus armas de protesta, la creciente crisis de representatividad política y el auge de los movimientos sociales generó que estas formas de acción directas tomaran un lugar preponderante, hasta llegar al proceso de rebelión popular que culminó en la explosión de diciembre del 2001, que a su vez sancionó la legitimidad del piquete también en las clases medias empobrecidas.

Pero lejos de desaparecer con el inicio del nuevo ciclo de crecimiento de la economía y la recomposición de la institucionalidad política encabezada por el kirchnerismo, la acción directa callejera siguió presente en la escena política nacional con un alto grado de consenso social. En este marco se da la decisión gubernamental de no reprimir la protesta social, por otra parte no siempre cumplida.

Esta presencia de la acción directa como forma de protesta llegó a niveles insólitos cuando fueron las propias patronales agrarias, una de las principales ganadoras del modelo económico, las que adoptaron su formato en el 2008, en la crisis de la resolución 125.

Aunque posteriormente, con el paso de los años, las clases medias urbanas empezaron a tomar distancia del “piquete” y a reclamar “orden” en las calles.

Los partidos políticos principales y una parte importante de la dirigencia sindical rechazan la acción directa y se presentan como canales alternativos de procesamiento del malestar social, sin embargo no logran su cometido de sacar la protesta de las calles. Vale preguntarse entonces por qué la obstinada presencia del piquete como forma de protesta en nuestra sociedad.

La exclusión como norma del capitalismo actual

En este sentido, es inevitable pensar que si bien la inclusión social es una característica de la década kirchnerista, al mismo tiempo ese proceso estuvo muy lejos de completarse.

Así lo testimonian problemas como el acceso al trabajo formal, reconocido por el gobierno nacional la semana pasada, las dificultades para acceder a la tierra y la vivienda, especialmente en las grandes ciudades donde reina la especulación inmobiliaria, y el persistente deterioro de la educación y la salud públicas, donde se suceden todos los años huelgas de sus trabajadores y las coberturas privadas gozan de un prestigio superior a las instituciones públicas en todas las clases sociales. Los fenómenos más brutales, como el trabajo esclavo y la trata de presonas, denunciados por el Papa Francisco, componen también este cuadro.

De manera que la exclusión sigue siendo una de las características de nuestra sociedad, algo que trasciende las fronteras nacionales y puede encontrarse en otros países de nuestro continente y también en las potencias centrales del capitalismo actual. Ello desnuda el discurso la mayoría de la oposición política local, que ignora estas cuestiones y se concentra en repetir el discurso empresarial del ajuste y la seguridad jurídica, obnubilados por la búsqueda de ganancia a cualquier costo. Pero también las ilusiones de quienes aspiraron con Néstor Kirchner a un capitalismo en serio, creyendo que en esta época podían conjugarse niveles mínimos de justicia social con una estructura económica dependiente.

En este marco, la persistencia de la acción directa y del piquete encuentra una explicación más profunda, y el proyecto de ley presentado por el kirchnerismo su rostro más regresivo. Se trata del abandono final de cualquier perspectiva de “profundización del modelo”, entendida como posibilidad de realizar “lo que falta”, es decir, de completar el proceso de inclusión social.

Un panorama oscuro hacia el 2015

En esta última parte de su mandato, la presidenta optó por una “retirada ordenada” que le permita preservarse para el futuro, buscando conciliar con el sentido común reaccionario de la clase media, con la oposición política y el poder económico. Sólo así pueden entenderse las principales decisiones de esta última etapa kirchnerista: el acercamiento al capital financiero internacional, la devaluación de enero, los cambios en la política de subsidios, los guiños sistemáticos al radicalismo y el macrismo y finalmente el giro de su política ante la protesta social.

En un año de creciente conflictividad social defensiva, la acción directa en las calles estará presente más allá de cualquier formalidad legal que se apruebe en el Congreso. Mientras las causas sociales de la protesta existan, su legitimidad no podrá ser ninguneada.

Lo que se vuelve a discutir es la legitimidad de la utilización de la violencia para reprimirla, con nefastos antecedentes entre los que vale la pena recordar a Carlos Fuentealba, por lo que resulta preocupante en la perspectiva de nuestro país hacia el recambio presidencial del 2015.