La paja en el ojo ajeno

Hace unos días en Página 12 se analizaba y elogiaba el plan para reducir la informalidad laboral presentado por el Gobierno. La comisión interna de trabajadores del diario denuncia que en este caso no se ha empezado por casa y que más de 150 redactores externos del matutino están precarizados.

«De punta en blanco» se titula el artículo de Fernando Krakowiak, publicado en tapa por el matutino Página 12 este martes 15 de abril, en el que se evalúa y conceptúa elogiosamente el proyecto de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral, cuyo envío al Congreso anunciara Cristina Kirchner el día anterior.

El proyecto oficial apunta a “combatir el trabajo no registrado” y “desincentivar la contratación informal de trabajadores” y la Presidenta, según la nota de Página, “lo fundamentó diciendo que la precarización laboral es uno de los grandes problemas que suelen enfrentar los trabajadores, junto con el desempleo”. El plan, que “mantiene los lineamientos del Plan Integral de Combate al Empleo no Registrado, diseñado por el Ministerio de Trabajo, que encabeza Carlos Tomada”, prevé una batería de medidas, entre las que se cuentan “reducción de contribuciones patronales para microempresas, medidas de fortalecimiento en la fiscalización y capacidad de inspección del Estado nacional y la creación de un registro donde se incluirá a las empresas que violen la legislación laboral”.

Las empresas en falta pasarán a engrosar una “lista negra”, pagarán una multa, “no podrán ser contratistas del Estado, perderán todo tipo de subsidio y tendrán prohibido acceder a líneas de crédito otorgadas por instituciones bancarias públicas”. Perfecto. Incuestionable.

El único detalle a señalar es que el medio que pone la noticia en la tapa y realiza una apología del proyecto de lucha contra la informalidad laboral mantiene a más de cien colaboradores en una situación que los miembros de la comisión interna del matutino definen como de “precarización”. Esta situación afecta a cerca de 150 redactores externos a quienes no se les reconocen derechos laborales elementales.

En un escrito que la Comisión Gremial Interna de Página 12 va a presentar en los próximos días al Ministerio de trabajo (“con la esperanza de que -tal como anunció la presidenta- use sus facultades de fiscalización al servicio de los trabajadores”), se explica que “Página 12 cuenta con 31 editores, 41 redactores reconocidos como tales y un plantel de más de 150 redactores externos registrados como ‘colaboradores’ a quienes no se les reconocen derechos laborales elementales como el Salario Mínimo Vital y Móvil, la antigüedad o las vacaciones, entre otros, y se les paga por nota publicada cifras que la empresa impone arbitrariamente, ya que no acepta negociarlas con los delegados y tampoco por medio de la Asociación de Editores de Diarios de Buenos Aires (AEDBA) en las paritarias de prensa”.

En el texto, firmado por Diego Martínez, Ana Paoletti, Carlos Rodríguez y Facundo Martínez, recuerdan que la figura de “colaborador” fue creada por el Estatuto del Periodista Profesional hace setenta años para quienes escriben textos “que por la índole de los mismos no corresponden a las tareas habituales de los órganos periodísticos”, pero que en la práctica se aplica a redactores que cumplen con las mismas tareas que sus compañeros de la redacción del diario, lo que constituye ni más ni menos que “verdaderas relaciones contractuales por tiempo indeterminado encubiertas mediante actos de fraude laboral”.

En palabras del abogado laboralista Mariano Suárez, el abuso de la figura del colaborador “Es la figura jurídica que encontraron las empresas para eludir el contrato de trabajo por tiempo indeterminado con garantías de estabilidad, aportes al sistema de seguridad social, protección a la familia del trabajador y tutelado por mínimos salariales y límites a la extensión de la jornada”.

La Comisión Gremial denuncia que en el caso de Página 12 “todos sus suplementos semanales (Las 12, Soy, Radar, Libros, Turismo, Futuro, Cash, No, M2, Sátira) sean realizados en su mayor parte por redactores registrados como ‘colaboradores’”, mientras que el cuerpo principal del diario “tampoco escapa a estas irregularidades”, sobre todo en las secciones Cultura & Espectáculos e Internacionales.

En el escrito que se presentará al Ministerio de Trabajo también se señala que los esfuerzos de la Comisión Gremial de lograr que la empresa normalice la situación irregular de estos “periodistas precarizados” han sido infructuosos hasta el momento. Y agregan que, además, “ese no es el incumplimiento más grave”: “Página 12 se niega a aplicarle a estos redactores externos la categoría que corresponde, se niega a negociar con esta Comisión Interna los valores que paga por ‘colaboración’ y se niega inclusive a rever su decisión de iniciar el trámite de pago una vez que las notas terminadas están a su disposición”, con lo que de hecho son estos redactores informales los que sostienen y financian las “parrillas” de notas que el diario tiene a disposición durante semanas o meses.

Por supuesto, Página 12 no es el único medio que se beneficia de esta precarización periodística. AEDBA, cámara empresaria que Página 12 integra junto con La Nación, Clarín y Perfil, entre otras, también se ha negado sistemáticamente a tratar el tema “colaboradores” durante las paritarias de los últimos dos años.

Ante esta situación irregular “que perjudica a más de 40 ‘colaboradores permanentes’ y a más de un centenar de ‘colaboradores’ a secas (el cálculo de estos últimos depende del piso de notas anuales que se considere) y ante las sistemáticas negativas de la empresa a resolver los variados abusos que se derivan de la incorrecta categorización” el escrito que la Comisión Gremial Interna presentará al Ministerio de Trabajo solicita que se convoque a una audiencia de mediación entre la empresa y la Gremial para establecer “un programa para regularizar la situación de precarización laboral denunciada”.

Si la salida administrativa propuesta no fuera aceptada por Página 12 se solicita al Ministerio de Trabajo que, como autoridad de aplicación de la ley, disponga una inspección al matutino para investigar los registros de cada uno de los ‘colaboradores’ y que, eventualmente, se “apliquen las sanciones económicas previstas en el art. 5 de la ley 25.212 por cada uno de los trabajadores sobre los que se verifique la existencia de algunas de las infracciones alegadas”.