Críticas al proyecto de ley antipiquetes

El proyecto de ley de regulación de los piquetes presentado por Carlos Kunkel ya disparó fuertes cuestionamientos, aún de entre las filas de organizaciones cercanas al oficialismo. D´Elía, el CELS, Piumato, organizaciones de izquierda y hasta el PRO discuten la “ley antipiquetes”.

El recorrido de la “década ganada” también puede leerse en la distancia que va de la famosa frase de Néstor Kirchner, a pocos días de su asunción en mayo de 2003, que prometía “Este gobierno no va a reprimir la protesta social” a la indignación de Cristina Kirchner en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de 2014, cuando planteó “No puede ser que diez personas te corten una calle por más razones atendibles que tengan”.

Obedeciendo los deseos presidenciales, el FPV impulsa la llamada “ley antipiquetes”, un proyecto de regulación de la protesta presentado por los diputados Carlos Kunkel, Sandra Mendoza, Diana Conti, Maria Teresa Garcia, Gustavo Martinez Campos, Jose Maria Díaz Bancalari y Juan Manuel Pedrini.

Las primeras declaraciones de los impulsores del proyecto tratan de justificar la necesidad de la medida, pero no parecen aclarar demasiado. En declaraciones radiales a Rock & Pop, Kunkel defendió el proyecto y sostuvo que el objetivo es contrarrestar las “manifestaciones ilegítimas” (todas aquellas que no avisen a la policía con 48 horas de anticipación o generen un corte total, entre otros requisitos). Como ejemplo de lo necesario de éste tipo de regulación ejemplificó, confundiéndose de puente: “Se va a garantizar que, si cortan o exteriorizan su protesta, pongan sus carteles y tengan las cámaras de televisión para difundir su reclamo pero que, por ejemplo, los 30 o 40 de un sindicato que cortaron el puente Pueyrredón no sigan tirando a discapacitados desde un puente”.

El diputado Pedrini, por su parte, planteó en diálogo con Gustavo Sylvestre que “De lo que trata es de organizar la protesta a la que se reconoce como fenómeno social, no de criminalizarla sino que de lo que se trata es de encauzarla”. Pero reconoció que si llega el momento de la represión, la idea es que ésta sea prolija: “Para el caso que sea inevitable el uso de la fuerza pública, cosa que nadie quiere porque queremos evitar la violencia, la policía debe estar identificada desde el primer al último integrante de este procedimiento, y debe hacerse bajo principios de legalidad y bajo el principio de última instancia”.

Pero no todo es armonía y buenas intenciones en las filas del oficialismo.

Luis D´Elía, dirigente con un largo historial de piqueterismo y, según propias declaraciones, más de 31 causas judiciales por liderar este tipo de medidas, fue uno de los primeros en expresar su, como mínimo, sorpresa ante el proyecto. “Yo hubiese convocado a todos los movimientos sociales del espacio para ver qué pensábamos del tema. Si teníamos para hacer algún aporte” planteó D´Elía. En declaraciones a Radio América el dirigente piquetero señaló, con algo menos de amor: “Este proyecto, de movida, suena feo y contradictorio. Creo que merecía un debate, preguntarnos qué pensábamos del tema”. Y agregó: “La división entre lo legítimo y lo ilegítimo es arbitraria. Jamás ningún gobierno autorizaría una protesta. Hay muchas cosas que parecen contradictorias”.

Por su parte el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales, el organismo presidido por el periodista Horacio Verbitski) planteó en un comunicado de prensa difundido en el día de la fecha que “El proyecto intenta ampliar los márgenes del control estatal sobre el derecho a la protesta mientras persisten casos de represión violenta de manifestaciones”. El comunicado recuerda que “aún no se ha hecho justicia por asesinatos cometidos en protestas sociales como el 19 y 20 de diciembre de 2001, el Parque Indoamericano, la represión a la comunidad qom en Formosa o los asesinatos en Ledesma” y concluye afirmando que el proyecto presentado por Kunkel constituye “un retroceso respecto de estándares sobre protesta social que se fueron construyendo durante todos estos años”.

Ya desde el peronismo opositor, el dirigente de judiciales Julio Piumato (quien esta semana ninguneó el intento de La Cámpora de desembarcar con lista propia en las elecciones la UEJN, confirmándose como Secretario General con el 80% de los votos), planteó sin eufemismos en su cuenta de Twitter: “El proyecto anti piquete del Gobierno copiado de decreto de Pinochet! El Ajuste cierra con represión!”.

El diputado de la Ciudad por UNEN Sergio Abrevaya, si bien coincidió en la necesidad de regular los piquetes, señaló que “Parece una engañifa porque la Nación sólo puede legislar en rutas nacionales porque no tiene jurisdicción en la Ciudad ni en ninguna de las provincias”. Además cuestionó que el proyecto del FPV no contempla sanciones contra los infractores, aspecto que sí prevé el proyecto propio presentado en la Ciudad en febrero pasado, que establece “sanciones de uno a cinco días de trabajo de utilidad pública o multa de 200 a 1000 pesos para quienes obstaculicen la circulación en la vía pública”.

Desde las filas de la izquierda el repudio fue unánime y previsible. El diputado nacional del Frente de Izquierda Nicolás del Caño calificó al proyecto de “reaccionario” y agregó “Resulta increíble que los progresistas del Gobierno ahora nos quieran decir qué movilización es legítima y cuál no. Ni Macri lo haría mejor”. Además anticipó que convocarán un repudio activo del proyecto “a distintas organizaciones obreras combativas para, con la movilización en las calles, evitar que se vote”. En diálogo con Cadena 3, el diputado del PO Néstor Pitrola caracterizó que con este proyecto el gobierno “pegó un violento giro a la derecho y prepara el Estado para el ajuste” e ironizó: “La Presidenta pretende un protestódromo, un lugar neutro, inofensivo, que no moleste la vereda ni la calle y encerremos allí a los que protestan y que se cocinen solos”.

Desde la izquierda popular, el dirigente de Marea Popular Itai Hagman planteó “la verdadera legitimidad de toda protesta es política y donde hay una necesidad hay un derecho incumplido” y opinó que “es muy grave querer quitarle legitimidad a las protestas inventando una formalidad para poder reprimirlas”. Finalmente, señaló que el proyecto de ley presentado por Kunkel “se enmarca en la decisión del kirchnerismo de establecer un pacto de gobernabilidad con la oposición y el poder económico para llegar al 2015 en una retirada ordenada”.

Ya casi como humorada, correspondería señalar que hubo cuestionamientos al proyecto de “ley antipiquetes” hasta desde el PRO. El diputado nacional Federico Pinedo cuestionó el requisito de avisar con 48 horas de anticipación antes de un corte de calle preguntándose en su cuenta de Twitter: “¿Qué pasa con los vecinos a los que les cortan un servicio público? ¿Cómo pueden avisar dos días antes?”. Incluso la diputada Laura Alonso se permitió correr por izquierda la propuesta K, también desde Twitter: “El equilibrio es una cualidad ausente en el kirchnerismo. Del viva la pepa al estado de sitio. En fin. No te van a dejar cortar calles ni para un maratón. Ponele”. Los ocurrentes hashtags PRO eran #EstadoDeSitioATodo y #FinDeCiclo.