17 abril, 2014
Una de policías: el espectáculo punitivo ha comenzado
Los operativos “Centinela” y “Cinturón Sur”, el desembarco de la gendarmería en la provincia de Buenos Aires han producido una inflación de la represión estatal, que ahora viene a sumar el convenio firmado entre el gobierno bonaerense y las empresas de seguridad privada.

Los operativos “Centinela” y “Cinturón Sur”, el desembarco de la gendarmería en la provincia de Buenos Aires, junto a la reciente declaración de emergencia de seguridad, han producido una inflación de la represión estatal, que ahora viene a sumar el convenio firmado entre el gobierno bonaerense y las empresas de seguridad privada. La lógica de la simulación y el espectáculo presente en los mega despliegues policiales. La relación entre el gasto en seguridad y los niveles de delito.
La cuenta de cuerpos policiales con presencia en el territorio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no cesa de crecer. Un mínimo repaso histórico reciente lo confirma. La creación de la Policía Metropolitana en 2010. El lanzamiento de los operativos “Centinela” y “Cinturón Sur” en el sur de la CABA en 2011, que implicó la aparición a escena de cuerpos por completo ajenos hasta entonces a las tareas de seguridad urbana: gendarmería, prefectura y policía de seguridad aeroportuaria (PSA). En 2013, el envío de 5000 gendarmes a la provincia de Buenos Aires (aunque luego serían recortados a la mitad). Y en este 2014, declaración de emergencia de seguridad de por medio, culminamos la explosión represiva con la reincorporación de 15.000 efectivos de la policía bonaerense retirados.
Pero si la inflación de la represión estatal no fuera suficiente, tenemos también a la seguridad privada. Este sector, pasó según datos de la EPH de unos 135.000 efectivos en 2010, a unos 149.000 en el 2013. Y el día de ayer, el ministro de seguridad bonaerense Alejandro Granados, le puso la firma a un convenio entre el gobierno de la provincia y empresas de seguridad privada, para instrumentar la colaboración entre las fuerzas de seguridad de la provincia, y efectivos privados de seguridad de las empresas nucleadas en las cámaras UPRSRA, CAESI y CARESEB: se trata de un convenio que involucra a 50.000 efectivos de distintas empresas, que cumplirán tareas “de articulación” con los cuerpos estatales, según trascendió, aviso por medio de una llamada al 911. En cualquier caso, el Estado potencia sus propias redes a través de la tercerización y de la expansión de su poder punitivo por medio de la asociación con grupos privados.
Como si todo esto fuera poco, se suma la persistente voluntad del gobernador Daniel Scioli de crear en cada uno de los municipios de la provincia con más de 70.000 habitantes, las denominadas “policías municipales”,
En los últimos años, la presencia y el despliegue de cada vez más policías no se ha traducido en menores niveles de delito callejero Aunque Argentina tiene según datos recientes de la ONU, una de las tasas de homicidios más bajas del continente (5,5 cada 100.000 habitantes, solo superada por Chile con 3,3 y Cuba con 4,2), nuestro país tiene la tasa más alta de robos según datos de la OEA: 973 casos cada 100.000 habitantes, según datos de 2008.
La gran pregunta que podemos hacernos es ¿Qué lógica conecta a todos estos hechos?
Y la lógica que impera desde hace tiempo, es la del espectáculo, de la simulación. No solo se pretende atemorizar a los posibles delincuentes, disuadirlos del delito mostrando la omnipotencia del Estado. Es además mucho más redituable, y en un plazo más corto de tiempo, en términos electorales llenar las calles de policías, aunque estos no contribuyan verdaderamente a resolver la problemática, si no todo lo contrario, que atreverse a tomar las decisiones que ataquen el problema desde las raíces. No nos confundamos: El público sediento de represión y el Estado dispuesto a darle una cuota de esta cada vez mayor ya están ahí. Los medios de comunicación masiva son en buena medida, un escenario donde esta representación tiene lugar.
El espectacular operativo de Sergio Berni en Rosario, con el despliegue de 3000 agentes de las fuerzas federales va en este mismo sentido. Es poco creíble que en un operativo de solo unos días, se pueda resolver e incluso siquiera atenuar una problemática en la que están envueltos desde la misma policía hasta el poder político y económico como lo es el narcotráfico. Parece más el argumento de una película de Hollywood que una respuesta política seria y coherente, y sin embargo, es la lógica que subyace a la política de seguridad en general desde hace varios años. La lógica bélica, la de la guerra cuerpo a cuerpo, la del espiral de un espectáculo del poder de fuego que se retroalimenta sin fin: más policías solo provocan más delito, lo que provoca un reclamo de mayor presencia policial, lo que vuelve a potenciar el aumento de la conflictividad delictiva, y así sucesivamente.
El saldo de todo esto es un gasto cada vez mayor en seguridad en un contexto de ajuste económico, un gobierno represivo cada vez más extenso y con más prerrogativas sobre la población y sobre el espacio público y una población cada vez más sedienta de una violencia que en el límite, es tan infinita que el Estado no puede proporcionar.
¿A cuantas vueltas del espiral represivo se encuentran los sectores populares de lograr instalar una propuesta propia, superadora de la actual, de convencer a un sector significativo del pueblo de que más policía solo empeorará más y más el problema, al tiempo que nos vuelve dependientes y nos quita autonomía? Solo el tiempo nos lo dirá, pero debemos ser artificies, los constructores en cada espacio habilitado, de ese hartazgo.
Joaquín Zajac.
Sociólogo. Integrante del IPES 21 (Instituto de Política y Economía Siglo XXI)
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