El trabajo no registrado fue reconocido como un problema

Por Santiago Mayor. El lunes pasado la presidenta Cristina Fernández anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral. Esta legislación apunta a regularizar una parte del 33% de los trabajadores que actualmente no se encuentran registrados.

El proyecto de ley busca principalmente favorecer a las pequeñas y microempresas con una reducción de las contribuciones patronales a la vez que intentará fortalecer la capacidad de fiscalización sobre el trabajo no registrado por parte del gobierno nacional. Según informó la presidenta, se espera que en dos años esta situación irregular disminuya del 33,5% actual a un 28%.

Beneficios para las microempresas

Entre los puntos más importantes del proyecto se destaca un costo fiscal de 4150 millones de pesos que beneficiará a los empleadores. Más de dos tercios de ese monto (65%) serán destinados a las microempresas (aquellas que tengan hasta cinco empleados).

La creación del Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social permitirá a las empresas que tengan hasta cinco trabajadores pagar el 50% de la contribución patronal establecida actualmente. Sobre este punto se aclara que si la contratación es por tiempo parcial el descuento será del 25%.

Esta reducción de los aportes patronales (que han disminuido desde la década de 1990 sin necesariamente aumentar el trabajo registrado) irá acompañada, al momento de la reglamentación de la ley, de un límite de facturación anual.

Las microempresas podrán aumentar su cantidad de empelados hasta siete, aunque desde el número seis el aporte patronal será el mismo que para el régimen general. De todas formas, aquellas que despidan trabajadores estarán sancionadas por un año (tomando como fecha inicial el último despido) con imposibilidad de acceder al régimen de promoción.

Finalmente, otro punto importante de este Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social es que las empresas beneficiarias contarán con un techo en el precio de la cuota que les pagan a las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART). Este será definido al momento de reglamentación de la ley.

Otros beneficios y control estatal

Por otra parte se segmentarán los descuentos para la contratación de trabajo registrado a dos años. Hasta este momento, cualquier empresa que contrata una persona por 24 meses, independientemente de la cantidad total de empleados que tenga, puede obtener una reducción del 50% de sus aportes patronales el primer año y 25% el segundo. El nuevo régimen realizará una segmentación que favorecerá a las pequeñas empresas.

Con la nueva ley, según desarrolló el periodista Fernando Krakowiak en Página/12, las empresas que tengan hasta 15 empleados, no pagarán aportes durante el primer año y sólo un 25% durante los segundos doce meses. Si tiene entre 16 y 80 empleados, pagará el 50% de las contribuciones durante los dos años que dura el beneficio. Finalmente, aquellas que cuenten con más de 80 trabajadores, pagarán el 75% de la contribución patronal durante dos años.

Es necesario aclarar que esto se aplica a quienes incorporen nuevos trabajadores en determinado periodo que establecerá la ley. En caso de que despidan a una persona y contraten una nueva no se aplicarán los descuentos.

Por último cabe destacar dos cuestiones referidas a la fiscalización de esta nueva ley, fundamental a la hora de pensar su posible aplicación. El Ministerio de Trabajo será el encargado de controlar el cumplimiento de la ley a nivel nacional. De esta forma se les quita esta facultad a los gobiernos provinciales que muchas veces tienen vínculos con los empresarios locales o bien hacen lo posible para que no se trasladen a otras provincias «más flexibles».

Además se creará un Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal). Es decir una lista pública en la que figuren aquellas empresas que violen la legislación en la que permanecerán aun tres meses después de haber regularizado su situación. Figurar en este registro les impedirá acceder a subsidios, créditos de bancos públicos e incluso ser contratistas del Estado. En caso de reincidir, las sanciones serán aun mayores.

Puntos flojos

Esta ley posee sin duda un carácter positivo al reconocer la irregularidad e informalidad laboral como un problema. Sin embargo tiene una serie de dificultades a la hora de encarar la resolución de la situación.

Por empezar, parte del supuesto que, aquellos empleadores que no registran a sus trabajadores, lo hacen exclusivamente por una cuestión de incentivo económico. Es decir que les sale “muy caro” tener a sus trabajadores registrados. De esta forma la reducción de los aportes patronales les permitiría tener un dinero extra para regularizar la situación.

Sin embargo, las microempresas, dependen en gran medida de sus ventas. Esto supone que en una mala temporada, hablando mal y pronto, debe despedir gente para no quebrar o ver seriamente afectada su economía. Por lo tanto, tener a sus trabajadores no registrados les ahorra indemnizaciones y otros gastos importantes ante los vaivenes del mercado.

Este argumento corre también para los contratos transitorios o bajo el régimen de monotributo, que si bien no califican como trabajo no registrado, sí son formas de tercerización y precarización laboral. Estas formas de contratación están muy instaladas no sólo en el ámbito privado sino también en las dependencias del Estado en todos sus niveles (esta última cuestión no es abordada por la legislación).

A su vez, en las empresas más grandes se suma que, a partir de 10 trabajadores (registrados), se puede elegir un delegado de base para el gremio correspondiente. De esta forma quienes no registran a sus trabajadores evitan la posibilidad de que haya organización y representación gremial.

Otro punto a considerar es que, tal como se señaló anteriormente, durante la década del ’90 también se redujeron los aportes patronales considerablemente y eso no tuvo como contrapartida una reducción del trabajo no registrado, más bien lo contrario. Además al darse estas rebajas sobre las ya existentes (que nunca fueron tocadas por el actual gobierno) se sigue regalando a las grandes empresas enormes cantidades de dinero que podrían ir a las arcas del Estado.

Por último, en el año 2009 con la ley de blanqueo de capitales también se dieron beneficios para regularizar trabajadores, sin embargo no hubo modificaciones. Aunque el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, haya destacado que el trabajo no registrado disminuyó de un 50% a un 33% en los últimos diez años, el dato que le faltó es que esta reducción se dio hasta el año 2007. Desde entonces se ha mantenido estable la situación de irregularidad que afecta a un tercio de los asalariados.

Estos puntos planteados no implican que esta medida no vaya a tener ningún efecto, pero sí que no resuelve necesariamente el problema. En ese sentido, el proyecto de ley es positivo al reconocer y poner en agenda un problema que se arrastra desde hace años. Sin embargo habrá que ver cuanta efectividad tiene considerando los distintos flancos que deja sin cubrir.

@SantiMayor