Paraguay: los presos de Curuguaty reciben prisión domiciliaria

Hace 21 meses que cinco campesinos paraguayos se encontraban detenidos sin juicio por la denominada “Masacre de Curuguaty” que desembocó en la destitución del presidente Fernando Lugo. Tras 58 días de huelga de hambre lograron que se les otorgue la prisión domiciliaria.

Arnaldo Quintana, Adalberto Castro, Felipe Benítez Balmori, Néstor Castro y Rubén Villalba son los únicos imputados por la Masacre de Curuguaty, sucedida el 15 de junio de 2012. Los detenidos están acusados de intento de homicidio por la muerte de seis policías en el choque, mientras que no hay imputados por el fallecimiento de once campesinos.

En las tierras de Marina Cué (Curuguaty), familias rurales sin tierra se habían asentado en terrenos en disputa entre el Estado paraguayo y el terrateniente Blas Riquelme, político del ahora gobernante Partido Colorado, ya fallecido.

Ante esta situación el Estado paraguayo ordenó el desalojo que culminó con la muerte de 11 campesinos y seis policías en un confuso episodio aun sin esclarecer. Pocos días después, en un juicio político express, fue destituido el presidente Fernando Lugo acusado de ser el responsable político de los hechos. A la par fueron detenidos los cinco campesinos que este martes obtuvieron el “beneficio” de la prisión domiciliaria.

Los detenidos habían pedido obtener prisión domiciliaria hasta que se defina la titularidad de las tierras de Marina Cué ya que una de las acusaciones en contra de los mismos es la de invasión de propiedad privada. Sin embargo, esas tierras son del Estado y estaban en litigio con el empresario Blas Riquelme.

Debido a la falta de respuestas por parte de la Justicia, los cinco campesinos iniciaron una huelga de hambre que alcanzó casi dos meses. El jueves pasado el Tribunal de Sentencia de Saltos del Guairá que lleva el caso había rechazado la petición generando una reacción de solidaridad a nivel nacional y continental. Defensores de los derechos humanos y de personalidades paraguayas y extranjeras pidieron que se revea el fallo, además, por la delicada situación de salud de los detenidos.

A esto se sumó un informe de Alejandro Fretes, médico forense de la Corte Suprema de Justicia, que concluyó que los pacientes examinados «se encuentran descompensados y con un alto riesgo de complicación clínica de consecuencias impredecibles». Ello obligó al juez penal Benito González a rever su fallo y firmar la orden de traslado de los procesados Rubén Villalba, Néstor y Adalberto Castro, Arnaldo Quintana y Felipe Benítez, quienes serán custodiados en sus residencias durante las 24 horas del día.
González, en su fallo, aceptó la necesidad de cumplir con la aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, algo hasta ahora negado por el fiscal de la causa, Jalil Rachid, a quien se acusa de vinculación con los latifundistas de la zona de Curuguaty.

Vicente Morales, abogado defensor de los reclusos, dijo que luego de haberse conocido el paso a prisión domiciliaria, tomaron la decisión de levantar la huelga de hambre. Sostuvo además que el proceso de recuperación será de cinco a ocho días hasta que puedan ser dados de alta.

A primera hora de este martes, Arnaldo Quintana, Adalberto Castro, Felipe Benítez Balmori, Néstor Castro y Rubén Villalba, fueron trasladados del hospital Militar a Tacumbú y luego al Departamento Judicial, donde prepararon su salida y se gestionaron las documentaciones correspondientes.

«Estamos muy contentos, vamos a pasar una Pascua feliz», dijo Mariano Castro, el padre de Néstor y Adalberto Castro.
El juicio final a los imputados, varias veces suspendido, tiene fecha ahora para el próximo mes de junio. Familiares y organizaciones sociales señalaron que continuarán las movilizaciones para lograr su liberación por carecer la fiscalía de pruebas de su culpabilidad.