Proponen investigar a los cómplices económicos de la dictadura

Este lunes 7 de abril el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y el diputado del FPV Héctor Recalde presentarán un proyecto destinado identificar las complicidades económicas con la última dictadura militar.

A partir de las 17 horas en el salón de conferencias del Anexo C del Congreso se presentará el proyecto de creación de una comisión bicameral para investigar “las complicidades económicas durante la última dictadura militar”. El proyecto es impulsado por el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y por el diputado del FPV Héctor Recalde, quien señaló “la necesidad de que en este aspecto de las complicidades económicas no haya impunidad”.

En el acto de presentación también expondrán el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, y el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli. El pasado 25 de marzo ya Vanoli había presentado el informe “Economía, Sistema Financiero y Dictadura” que será un importante insumo de la comisión bicameral propuesta. En el mismo, se mostraban casos de colaboración civil con la dictadura, incluidos funcionarios de la misma CNV que presionaron a empresarios para favorecer a determinados sectores y perjudicar a otros. Además se da cuenta de al menos 132 empresarios detenidos-desaparecidos con el fin de expropiarles sus bienes y obligarlos a firmar transferencias de sus empresas.

“El plan implementado por el terrorismo de Estado incluyó a grupos de tareas que no solamente secuestraron, desaparecieron y mataron, sino que lo hicieron buscando perjudicar a determinados grupos económicos y beneficiar a otros que estaban vinculados a la dictadura”, afirmó Vanoli. Además del famoso caso de Papel Prensa el funcionario sostuvo que “había muchas otras empresas como Acindar o el Banco de Hurlingam, incluso algunas pymes, que tenían este mismo patrón”.

La comisión bicameral que proponen crear Recalde y Dominguez tendrá el objetivo de elaborar un informe con las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera adoptada por la última dictadura militar, identificando a los actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron con el gobierno de facto, aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza.

De acuerdo al proyecto, la comisión estará integrada por un presidente designado por el Poder Ejecutivo Nacional, 4 diputados y 4 senadores, que serán elegidos por sus propios cuerpos legislativos. Este equipo de legisladores “deberá formular propuestas concretas y útiles para forjar la memoria, responsabilizar a los cómplices y consolidar y fortalecer las instituciones de la democracia así como reformas legislativas que propendan a desalentar conductas como las investigadas”.

La comisión así constituida deberá presentar un informe a ser publicado dentro de los 180 días desde el momento de su creación y tiene la potestad de requerir informes a los tres poderes en todo el territorio nacional, así como a Estados extranjeros, empresas, ONGs y particulares. En caso de constatarse la comisión de delitos, la comisión bicameral podrá formular las correspondientes denuncias ante la Justicia.