Colombia y sus continuidades

Luego de las elecciones del pasado 9 de marzo, que dieron el triunfo a la derecha y a la abstención, Colombia vive la campaña presidencial previa a los comicios del 25 de mayo. Mientras tanto, campesinos e indígenas se organizan para un nuevo otoño caliente.

Elecciones legislativas, presidenciales, el retorno a la escena política del ex presidente Álvaro Urube, las negociaciones entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las imponentes manifestaciones campesinas e indígenas y un nuevo paro agrario por venir. Colombia vive en las últimas semanas un clima de efervescencia política marcado, sin embargo, por la continuidad.

Por un lado, las elecciones del pasado 9 de marzo confirmaron el rumbo conservador de la política de palacio. Las dos principales fuerzas de derecha del país, “La U”, alianza conducida por el actual presidente Juan Manuel Santos, y el Centro Democrático del ex mandatario Álvaro Uribe Velez fueron las opciones que se llevaron el mayor número de escaños en juego en la contienda electoral. Poco más atrás, el Partido Conservador terminó de confirmar el rumbo de la política colombiana, que vive la alternancia de liberales y conservadores desde fines de los años ‘50.

Pero por otro lado, también quedó marcada la continuidad y vigencia de las iniciativas de los movimientos sociales y populares. Las legislativas contaron con un abstencionismo muy alto. Si bien la tradición electoral colombiana no está marcada por los altos niveles de participación, el hecho de que sólo el 43% de los habilitados haya emitido su preferencia el 9 de marzo, se convirtió en una señal de alarma para las estructuras políticas tradicionales y el puntapié para profundizar el rechazo a las mismas por parte de los movimientos sociales.

A sólo una semana de celebrados los comicios, en Bogotá se llevó adelante la Cumbre Agraria campesina, étnica y popular, que reunió a más de 30.000 personas provenientes de todas las regiones del país. El pliego unitario surgido de la cumbre fue acercado a los representantes del gobierno, y los campesinos amenazan con volver al paro agrario nacional en caso de un nuevo rechazo a sus propuestas.

Derecha a la derecha

Las elecciones pasadas fueron el escenario donde el ex presidente Alvaro Uribe y el actual, Juan Manuel Santos, antiguos aliados durante los años ‘90 y 2000, decidieron dirimir sus diferencias. Se enfrentaban así los dos sectores más poderosos de Colombia: por un lado el uribismo, sostenido por los tradicionales grupos dominantes que hacen de la propiedad de la tierra y el agronegocio su principal fuente de poder; y por el otro el santismo, representante de los sectores financieros urbanos, con una visión más moderna y ligados a intereses internacionales de más alto nivel.

“He votado por la disidencia democrática de Venezuela. He votado contra el sanguinario castro-chavismo, que algunos quieren traer a Colombia, que el gobierno propicia y otros lo evitan”, declaró Álvaro Uribe luego de emitir su voto. Una frase que deja en claro la posición del ex presidente con respecto a las decisiones tomadas por el actual gobierno de su ex mano derecha.
Desde su llegada al poder, Santos propició una imagen de mayor apertura y distención en las relaciones con gobiernos y movimientos progresistas o revolucionarios. En particular el establecimiento de los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC, fuertemente resistido por el uribismo pero que logró un amplio apoyo popular. Igualmente ciertas modificaciones estéticas en la relación con la Venezuela chavista han logrado atraer la simpatía de sectores sociales que veían en la rigidez militarista de Uribe una deriva hacia posibles conflictos en la región.

Santos construyó su imagen alrededor de la política del diálogo reclamada por los sectores del capital financiero concentrado, preocupados por el futuro de sus negocios en un país en guerra, donde el conservadurismo continúa siendo la única opción viable dentro de la cultura política que la misma derecha se encargó de construir en décadas de alternancia entre liberales y conservadores.

La estrategia uribista, basada en la mano dura contra toda expresión progresista, generó entre 2002 y 2010 un clima de constante conflicto, adverso para los inversores locales y extranjeros que buscan estabilidad duradera para alimentar sus negocios. Cualquier opción con un viso de progresismo es sistemáticamente atacada, como lo demuestran las inhabilitaciones redactadas por la Fiscalía General de la Nación contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, o la ex senadora Piedad Córdoba, casos en los cuales el poder judicial fue el que se encargó de hacer el ‘trabajo sucio’ para despejar opciones ligera o marcadamente desvinculadas del sistema político tradicional.

Una vez más, instituciones, organizaciones sociales y movimientos populares salieron a denunciar las ya tradicionales fallas del sistema electoral colombiano. La Misión de Observación Electoral (MOE) dio a conocer un informe donde se reportaron 261 delitos electorales en todo el país. Por su parte, la Fundación Paz y Reconciliación denunció que 131 candidatos a ocupar cargos legislativos en las elecciones del domingo, estaban vinculados a estructuras paramilitares o narcotráficantes. De ellos, 69 obtuvieron efectivamente un escaño, 33 en el senado y 36 a la cámara. Se trata de políticos afiliados a diferentes partidos, principalmente los de Santos, Uribe y el Conservador, aunque aún en formaciones progresistas como Opción Ciudadana, por el cual fueron electos dos familiares de condenados por pertenecer a estructuras criminales. La ‘Tercera generación de la parapolítica’ fue uno de los temas más candentes en las últimas elecciones, y, según los medios locales, uno de los factores que propiciaron el alto índice de abstencionismo.

Es en este contexto que los movimientos sociales colombianos lanzaron su nuevo llamado a la movilización. Luego del paro agrario que mantuvo durante casi un mes paralizado el campo colombiano entre agosto y septiembre del año pasado, las organizaciones populares vuelven a levantarse contra la política neoliberal del actual gobierno.

Reforma agraria, derogación de los Tratados de Libre Comercio con EEUU, nueva política nacional minero–energética, redefinición de la política antidrogas, mayor presupuesto para educación, vivienda, salud, vías y producción de las zonas rurales, son sólo algunos de los reclamos del extenso pliego redactado en la Cumbre Agraria. Todos temas que se están tratando en La Habana, en las negociaciones de paz con las FARC, y que forman parte de algunas de las propuestas electorales que se presentaron el 25 de diciembre, como la recién nacida alianza entre el Polo Democrático Alternativo y la Unión Patriótica.
La continuidad en la política colombiana está dada, en síntesis, por el mantenimiento de los conflictos sociales históricos que caracterizan el país andino. Más allá de los resultados de las próximas elecciones, los cambios radicales exigidos por la población seguirán teniendo protagonismo.