Denuncian persecución judicial contra Lula da Silva

El juez federal Sergio Moro aceptó el martes 20 de septiembre la denuncia contra Lula da Silva por corrupción y lavado de dinero que realizó el procurador general, Deltan Dallagnol.

La denuncia había sido formulada por el procurador general de Brasil, Deltan Dallagnol el pasado 14 de septiembre. Implica a la empresa OAS y la compra de un tríplex en Guarujá, propiedad que Dallagnol le atribuye a Lula y a su esposa, Marisa Letícia Rocco. Tanto el ex presidente como su esposa y otras seis personas están denunciados por esta supuesta vinculación con actos de corrupción y lavado de dinero.

Sergio Moro es un juez federal que lleva adelante la investigación por el caso Lava Jato y, a su vez, mantiene estrechos lazos con Washington, donde viaja mensualmente. En un escrito que entregó a la prensa, Moro recibió la denuncia afirmando que había «indicios suficientes de autoría y materialidad”. Y aclaró que por aceptar la denuncia no está admitiendo la responsabilidad criminal de los acusados, subrayando que necesita dejar eso claro debido a que «puede darle al caso reacciones de toda especie fuera del proceso».

Los abogados de Lula, Cristiano Zanin Martins y Roberto Teixeira, manifestaron que la denuncia carece de «pruebas». «Ni los defectos formales de la pieza de acusación ni la ausencia de pruebas contra Lula, como ha reconocido de manera amplia la comunidad jurídica, impidieron que el referido juez llevara adelante lo que hace mucho tiempo dejó claro que haría: imponer un crimen que jamás practicó», afirman en un comunicado.

La defensa señaló la “pérdida de imparcialidad” del juez y afirmó que la aceptación de la denuncia por parte de Moro «no les sorprendió» ya que el historial del juez se caracteriza por «persecución y violación de las garantías fundamentales».

Los abogados tienen un plazo de diez días para presentar la defensa de Lula.

Por su parte, el Instituto Lula, que nuclea a militantes del Partido de los Trabajadores, artistas e intelectuales, y al que están vinculados todos los denunciados, emitió un comunicado sobre la denuncia en el que sostuvieron que “Moro ha confirmado su parcialidad contra Lula”.

Recordaron también que el juez fue denunciado ante el Supremo Tribunal Federal y la Corte Internacional de Derechos Humanos de la ONU, por abuso de poder en el desempeño de su función. Señalaron que en las investigaciones contra Lula participaron al menos 300 agentes del Ministerio Público, la Policía y el Ministerio de Hacienda, quienes no hallaron pruebas que lo relacionen con los desvíos de Petrobras, como así tampoco encontraron “ninguna cuenta secreta, en Brasil o en el exterior, ninguna empresa de fachada, ningún pago ilegal, directo o indirecto».

Por lo tanto, consideran que la denuncia contra Lula es de carácter meramente político y es el resultado de una serie de arbitrariedades y violaciones de derechos. Y agregaron que Moro admitió que los elementos probatorios contenidos en la acusación por presunta corrupción pasiva y lavado de dinero son cuestionables y que alegó que “en esta fase preliminar no se exige conclusión respecto a la responsabilidad criminal, sino apenas justa causa”.

La contraofensiva del PT

El miércoles 21 de septiembre Lula participó de una masiva movilización en el interior del estado Ceará, en «el Brasil profundo» según sus palabras, para participar de la campaña hacia las elecciones de alcaldías a realizarse el próximo 2 de octubre.

Ante una multitud que coreaba «Fora Temer», Lula dijo: «Hay quien dice que están haciendo esto, acusar a Lula, investigarlo desde hace dos años, porque están con miedo de que vuelva a ser candidato en 2018. Hay quien dice que haber destituido a Dilma Rousseff fue para impedir que Lula vuelva en 2018«.

Y agregó: «Si cometí un delito, sabré pedir disculpas. Pero les pido a mis acusadores que tengan dignidad, que si no se prueba nada, apenas tengan el coraje de pedir disculpas». Lula vinculó el proceso judicial a las tradicionales «aristocracias brasileñas» quienes buscan «la destrucción del Partido de los Trabajadores».

De acuerdo a la más reciente encuesta de Datafolha, divulgada en julio, Lula es el político con más intención de voto en una hipótetica elección a presidente con el 22%. Lo sigue Marina Silva (Rede) con 17% y Aécio Neves (PSDB) con 14%.

Pero si Lula es condenado por Moro en primera instancia y esa condena se ratifica en segunda instancia quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos por ocho años, es decir, hasta el 2024, cuando tenga 78 años de edad.

En la tarde del 21 de septiembre, un grupo de parlamentarios del PT anunciaron que intensificarán las instancias internacionales para denunciar parcialidad en el trato judicial contra Lula en el marco de un golpe de Estado, acción que caracterizaron como un “desdoblamiento del golpe”. El senador Lindbergh Farias dijo que “estamos viendo la continuidad del golpe de Estado. Esto es muy grave. Comenzó con el impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff, sin que haya incurrido en un crimen de responsabilidad, y culmina ahora con está acción, que tiene el objetivo de suspender los derechos políticos de Lula». «Vamos a las calles, vamos a endurecer nuestro discurso y a denunciar al mundo lo que está sucediendo aquí”, agregó.

Por su parte, Dilma Rousseff participó de un acto con mujeres en la primera acción pública que realiza luego de ser destituida de la Presidencia de la Nación mediante un dudoso juicio parlamentario. Dilma participó en un acto en Rio de Janeiro en apoyo a Jandira Feghali, candidata del PCdB a la alcaldía de Rio de Janeiro en las próximas elecciones del 2 de octubre.

Allí, la presidenta electa fue recibida con un masivo “Volta, querida”, en la plaza de Cinelandia. «Guardo en el corazón la tristeza de la injusticia por el golpe parlamentario del que fui víctima”, dijo Rousseff mientras afirmaba: “Estamos ante un proceso sistemático de ruptura constitucional: primero me atacaron a mi y ahora atacan a Lula».

A tan sólo tres semanas del golpe parlamentario y menos de dos hacia las próximas elecciones, Brasil continúa sumergiéndose en una crisis política que ha atravesado los límites democráticos, profundizando la incertidumbre sobre el futuro próximo del país más grande de América Latina y la séptima economía más grande del mundo.

Micaela Ryan – @LaMicaRyan